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Exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Archivo
La Guajira

Destituyen e inhabilitan por 10 años a Pinto, exgobernadora de La Guajira

El fallo de primera instancia es de la Procuraduría, por irregularidades en un contrato por $20 mil millones suscrito en el 2016.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, por irregularidades en un contrato por $20´453.932.366, suscrito para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira".

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$5 mil millones para que 2 mil personas votaran por Oneida Pinto

Un primo de la exgobernadora guajira aceptó su responsabilidad en los hechos y fue condenado a 2 años y 9 meses de cárcel.  

La Fiscalía informó este domingo  en un comunicado de prensa que Yineth Adolfo Carrillo Pinto fue condenado a dos años y nueve meses de cárcel tras aceptar que se usaron más de $5 mil millones para repartirlos en forma de más de 2 mil contratos en el municipio de Albania, departamento de La Guajira, para los votantes de la entonces candidata a la Gobernación Oneida Pinto.

Según el documento del ente acusador, el primo de la exmandataria de la península “sirvió de intermediario o tramitador en las diferentes irregularidades detectadas en dos contratos de adoquinamiento de vías en Albania, cuyo valor ascendió a $12.590 millones”.

Carrillo Pinto aceptó su responsabilidad en los hechos y suscribió preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

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En ese sentido, un juez promiscuo del municipio de Maicao, en La Guajira, lo condenó a la pena de 33 meses y 15 días de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.

“En el curso de la investigación se estableció que Carrillo Pinto recibía órdenes directas de su familiar para intervenir en la ejecución de los contratos y realizar los trámites ilícitos para la apropiación de recursos públicos, entre otras supuestas anomalías”, se lee en el reporte de la entidad.

De acuerdo con los elementos de prueba recaudados por el organismo de investigación, “fueron desviados $5.901 millones de los contratos de adoquines para la campaña política de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira, Oneida Pinto Pérez”, indicó el ente de investigación y control en materia penal.

En este periodo preelectoral y, al parecer, por solicitud de la candidata, los contratistas emplearon a 2.165 personas para que, presuntamente, trabajaran en las obras.

Además: Condenan a exfuncionaria que desvió recursos para la campaña de Oneida Pinto

Así mismo, en el boletín se informa que en las verificaciones se constató que muchos de los vinculados nunca pertenecieron al proyecto, y eran mujeres embarazadas o adultos mayores.

La Fiscalía recordó que en el marco de esta investigación una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ha judicializado a exfuncionarios y particulares, y se han producido dos condenas por este entramado de corrupción.

A finales de marzo, la exgobernadora recuperó su libertad por vencimiento de términos, después de ocho meses de haberse entregado a las autoridades por este mismo proceso, en el que fue imputada por cuatro delitos.

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En libertad la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto

Estaba en la cárcel de Valledupar y salió libre por vencimiento de términos.

La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, recuperó su libertad por vencimiento de términos, después de ocho meses de haberse entregado a las autoridades en julio de 2020.

Pinto Pérez fue imputada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, debido a las irregularidades acaecidas en contratos de obra de adoquinamiento de vías en el municipio de Albania, La Guajira, en 2010 y 2011.

Vea aquí: Condenan a exfuncionaria que desvió recursos para la campaña de Oneida Pinto

Estaba en la cárcel de mediana seguridad de Valledupar, donde fue remitida al entregarse en el comando de la policía de La Guajira, en Riohacha.

En ese momento tenía una orden de captura en su contra que  había sido emitida inicialmente el 5 de julio de 2019.

Lea también: Trasladan a exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto a cárcel de Valledupar

Hacia una semana,  el juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Riohacha había ordenado prorrogar por un año más la orden de captura en contra la exmandataria, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

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La Guajira

Condenan a exfuncionaria que desvió recursos para la campaña de Oneida Pinto

La sentenciada era coordinadora del programa de mortalidad infantil en Albania y favoreció los intereses políticos de la exmandataria.

El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Conocimiento de Maicao condenó a tres años de prisión a Eliana Margarita Urango Alvárez como responsable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.

La Fiscalía informó que la condenada, aceptó en un preacuerdo, su participación en diversas irregularidades en la celebración de los convenios interadministrativos 08 y 04 del año 2011, suscritos con el Hospital San Rafael de Albania, por un valor de 18.600 millones de pesos y cuyo objeto era articular un programa que permitiera la reducción de la mortalidad infantil en el municipio, dirigido a niños entre los 0 y 5 años; y brindar seguridad alimentaria a las madres gestantes.

Se determinó que del total del contrato fueron desviados 6.500 millones de pesos para la campaña política de Oneida Pinto a la Gobernación de la Guajira, quien también es investigada por estos hechos.

Dice el ente acusador que para lograr esto, se estableció una red de personas que supuestamente trabajaban en el programa o eran beneficiadas pero que no existían en realidad. También se determinó que fueron contratados 10 coordinadores que a su vez subcontrataron a 1.459 personas que nunca ejecutaron las labores de prevención y entrega de ayudas a los beneficiarios de los convenios, los niños que presentaban altos índices de desnutrición y mujeres embarazadas de las distintas rancherías del municipio.

“Urango Alvárez fue una de las responsables de tales irregularidades halladas en la planeación, celebración y ejecución de los convenios, pues ella contrató al personal que recibía sueldo, pero no trabajó en la prevención de la muerte de niños en Albania, y también elaboró documentos falsos para justificar el desembolso de los recursos”, asegura la Fiscalía.

Por la misma investigación también fueron judicializadas 10 personas más, entre ellas el alcalde de Albania   para la fecha de los hechos, Yan Keller Hernández.

En julio del año pasado la exgobernadora guajira Oneida Pinto se entregó a la justicia, luego de estar prófuga por una orden de captura emanada del Juzgado 45 de Control de Garantías de Bogotá.

Por este caso Oneida Pinto enfrenta delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

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Trasladan a exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto a cárcel de Valledupar

La exmandataria es investigada como presunta responsable de concierto para delinquir, falsedad en documento y celebración indebida de contratos. 

En cumplimiento de una tutela fue trasladada en las últimas horas desde un penal en Bogotá al pabellón de mujeres de la cárcel Judicial de Valledupar, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, privada de la libertad desde julio pasado. 

La exmandataria es investigada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado, y celebración indebida de contratos, debido a presuntas irregularidades acaecidas en contratos de obra de adoquinamiento de vías en el municipio de Albania, La Guajira, en 2010 y 2011. 

El proceso le fue abierto por la ejecución dos contratos por la suma de $5.607  millones y $6.295 millones, cuyas obras, según la Fiscalía, no fueron ejecutadas en su totalidad, apoderándose de recursos públicos y vulnerando los principios de contratación al constatarse un interés y direccionamiento a un contratista. 

Aunque un juzgado había ordenado su reclusión en el penal de Valledupar, este no se había concretado por petición de la Fiscalía. 

“La exgobernadora el día de la audiencia que hicieron en Bogotá el juez ordenó el traslado a Valledupar, pero no se había consumado porque el Inpec no lo quería hacer por petición de la Fiscalía. Por esta razón tuvieron que presentar varios incidentes de desacato por incumplimiento de la misma”, sostuvo una fuente. 

El motivo de la tutela era buscar el traslado y cumplir lo ordenado por el Juzgado de control de garantías garantizando su arraigo familiar, es decir, Valledupar, Barranquilla o Cartagena. La juez decidió que fuese Valledupar, pues le queda cerca a Albania y además el proceso está en la Costa y debe estar cerca donde está radicado el proceso. 

Tras un año prófuga de la justicia, Oneida Pinto se entregó a las autoridades en julio pasado, siendo enviada a un centro de reclusión en la capital del país. 

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Opinión

Nuevo Código Electoral – Final

Un alcalde actual no puede ser remplazado por un sobrino o un tío como viene sucediendo actualmente.

8. Causales de inhabilidad para ocupar cargos de elección popular en el nivel territorial. El artículo 89 de este proyecto señala casi las mismas causales indicadas en la Ley 617 de 2000, con una nueva, la de la pérdida del cargo por violación de los topes de las campañas, declarada mediante sentencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Además, amplia el vínculo de parentesco, que hoy está hasta el segundo grado de consanguinidad, llevándolo al tercer grado, con personas que hayan ejercido cargos públicos con autoridad civil, administrativa, política o militar. Es decir, un alcalde actual no puede ser remplazado por un sobrino o un tío como viene sucediendo actualmente. Esta pequeña reforma busca reducir el juego del nepotismo en la política.

Adiciona otra causal, para cuando el candidato se inscribe dentro del mismo período para el cual fue elegido ya sea como gobernador o alcalde. Este es el caso de la ex gobernadora Oneida Pinto. No toca el tema cuando un concejal aspira a ser alcalde del mismo municipio.

9. Propaganda electoral.  El artículo 97 del proyecto se queda corto frente a la utilización de las redes sociales en materia de publicidad. Pues sólo hace referencia de estas redes sociales y plataformas digitales a los límites de la propaganda electoral por medios electrónicos.

Limita la publicidad a tres meses anteriores a la fecha de elección. Y hace referencia a la prohibición de la violencia en la propaganda electoral, cosa que no está muy clara.

10. Causales de reclamaciones y apelaciones. Artículo 192 del proyecto. Este documento no presenta ninguna diferencia sustancial con el Código actual.

11. Artículo 199. Aplicación del estatuto de la oposición. Este proyecto no llena el vacío que tiene el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 pues deja a la suerte al candidato que ganó la última casilla de la Asamblea o el Concejo, curul que en forma arbitraria debe ocupar el perdedor que se inscribió como candidato a la Gobernación o a la Alcaldía, violando el derecho a la igualdad que tiene ese candidato que aun cuando ganó las elecciones para Asamblea o Concejo Municipal, perdió su puesto, por disposición de una norma arbitraria, que desde el Congreso de la República desconoció sus derechos.

Es de aclarar que este vacío normativo subsiste y es violatoria del principio de confianza legítima, y el derecho a la igualdad, pues el candidato que se inscribe para una corporación como la Asamblea Departamental o un Concejo Municipal, lo hace para las curules previamente establecidas en la Constitución o la Ley.

La Resolución 2276 de junio 11 de 2019  expedida por el Consejo Nacional Electoral, no llena ese vacío pues no tiene competencia para reformar una ley estatutaria ni mucho menos la Constitución Política.

Posdata. El Dr. Alexander Vega Rocha pasaría a la historia si pone en práctica aunque sea el voto electrónico manual.

www.cuelloduarte.com

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La Guajira

Exgobernadora de La Guajira fue enviada a una cárcel de Valledupar

Así lo decidió un juez en la legalización de su captura, luego de que Oneida Pinto se entregara a la Policía en Riohacha.

Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario de Valledupar, informó la Fiscalía General de la Nación.

La exmandataria se había entregado a la Policía en Riohacha el domingo, después de haber estado durante un año prófuga de la justicia, ya que tenía orden de captura desde  julio del 2019 por las presuntas irregularidades en obras civiles de adoquines a desarrollar en el municipio de Albania, para los años 2010-2011.

Después de su entrega había sido trasladada al bunker de la Fiscalía en Bogotá debido al hacinamiento que existe en la sede de la capital guajira.

La Fiscalía General de la Nación explicó que Pinto Pérez  al parecer había creado la fundación Princesa Negra, a través de la cual se realizaría la auditoría al contrato de adoquinamiento en vías de esta población guajira, por valor superior a $12 mil millones.

“Los investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192. Por tales inconsistencias, el ente acusador le imputó cargos en el año 2019 como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público”, indicó el ente acusador.

La fiscal delegada contra la Criminalidad Organizada Paola Andrea Meneses, afirmó en medios nacionales que la exgobernadora podría pagar una pena superior a los diez años, teniendo en cuenta los delitos por los cuales es acusada.

Explicó que Oneida Pinto contrataba simpatizantes de ella y montó toda una logística para hacer eso. “A través de unos oficiales de obra que eran supervisados por un primo suyo, que era el jefe de ejecución de obra, se giraban los cheques para que los cobrarán, luego se pagaba la nómina y el remanente se le pasaba a la señora Oneida”, agregó.

Según las pruebas aportadas por la Fiscalía se pudo establecer que la selección del contratista fue amañada y que se buscaba apalancar la campaña electoral de Oneida Pinto a la alcaldía de esa población guajira, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado.

“Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa a consecuencia de su simpatía política”, puntualizó la Fiscalía.

La exgobernadora guajira también se encuentra vinculada a una investigación por la firma de un convenio interadministrativo entre la alcaldía de Albania y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas. El valor del convenio ascendió a más de $18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000.

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La Guajira

Exgobernadora de La Guajira fue recluida en el búnker de la Fiscalía

Oneida Pinto era prófuga desde julio de 2019 por presuntas irregularidades en la firma de contrato y se entregó a la Policía en Riohacha. 

La noche del domingo llegó a Bogotá la exogobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, quien se entregó en el comando de la Policía de Riohacha, luego de estar prófuga de la justicia durante un año. 

La Fiscalía General de la Nación informó que dado el hacinamiento que hay en las instalaciones de La Guajira, Pinto fue llevada al búnker del organismo en la capital de la República, donde permanecerá hasta que efectúe la correspondiente legalización de captura y se define su lugar de reclusión. 

La exmandataria fue llevada en un helicóptero de la Policía que partió del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha hacia las 4 de la tarde del domingo, luego de ser valorada por un médico. 

Pinto Pérez tenía una orden de captura en su contra desde  julio del 2019 por las presuntas irregularidades en obras civiles de adoquines a desarrollar en el municipio de Albania, para los años 2010-2011.

La Fiscalía General de la Nación explicó en un comunicado que la exmandataria guajira al parecer había creado la fundación Princesa Negra, a través de la cual se realizaría la auditoría al contrato de adoquinamiento en vías del municipio de Albania, por valor superior a $12 mil millones. 

“Los investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192. Por tales inconsistencias, el ente acusador le imputó cargos en el año 2019 como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público”, indicó el ente acusador. 

Se pudo establecer que la selección del contratista fue amañada y que se buscaba apalancar la campaña electoral de Oneida Pinto a la alcaldía de esa población guajira, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado. 

“Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa a consecuencia de su simpatía política”, puntualizó la Fiscalía.

Dice el organismo que la exgobernadora también se encuentra vinculada al caso conocido como mortalidad infantil, que se encuentra en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá. Los hechos tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas. El valor del convenio ascendió a más de $ 18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000. 

Las anomalías radican en el supuesto manejo irregular de la ejecución contractual, el falseo de todos los documentos contractuales y el trasfondo político dado que solo trabajaban en el mismo quienes manifestaran su apoyo político a Oneida Pinto.

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La Guajira

Oneida Pinto ya está en Bogotá, tras entregarse

La exgobernadora de La Guajira es investigada por un detrimento del orden de los $5.900 millones, de un contrato de vías en Albania.

La entrega voluntaria ante el Comando de la Policía de la prófuga exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez causó sorpresa ayer entre la comunidad y los círculos políticos de Riohacha y el resto del Departamento.

El paradero de la exmandataria era desconocido desde julio del año pasado, cuando huyó tras una orden de captura en su contra librada por el Juzgado 45 de Control de Garantías de Bogotá.

Pinto Pérez, de ascendencia indígena, está involucrada en la investigación por irregulariadades en un contrato para adoquines en el municipio de Albania en los años 2010 y 2011, en cuantía de 12 mil millones de pesos, cuando fungía como alcaldesa de dicha población.

Según la Fiscalía, al parecer habría creado la fundación Princesa Negra para que realizara la auditoría del contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio, lo cual arrojó un detrimento patrimonial del orden de los 5 mil 900 millones de pesos.

Oneida Pinto, quien en octubre del 2015 resultó elegida mandataria de La Guajira con 180.263 votos, llegó a las 9:30 de la mañana de ayer domingo al comando de la Policía en Riohacha, acompañada de su abogado, Eugenio Quinto Loperena, y de una comisión de la Defensoría del Pueblo.

Desde que se lanzó como candidata a la gobernación Pinto ha estado rodeada de escándalos, pues tenía el apoyo del controvertido exgobernador Kiko Gómez, ahora condenado a 55 años de prisión por homicidio. En cuanto resultó elegida, su elección fue demandada ante el Consejo de Estado por incompatibilidades en el cargo de alcaldesa de Albania. Sin embargo, logró posesionarse.

Pero apenas duró seis meses, porque el 7 de junio de 2016 el Consejo de Estado declaró nula la elección. Las malas noticias para Oneida Pinto siguieron llegando, en octubre de ese mismo año Cambio Radical, que le había dado el aval, la expulsó del partido por supuestos indicios de tentativa de homicidio contra Jorge Enrique Vélez, en ese entonces gobernador encargado.

La controvertida mujer fue enviada a la cárcel en marzo de 2017 por un juez de control de garantías de Bogotá en el marco de otra investigación penal.

Esta vez por un convenio entre la alcaldía y el Hospital San Rafael de Albania para reducir índices de mortalidad en niños, madres gestantes y mujeres embarazadas.

El valor ascendió a 18 mil 900 millones de pesos, y según la Fiscalía se evidenció una pérdida de recursos del orden de los 6 mil 900 millones de pesos.

En junio de 2018 Pinto salió en libertad por vencimiento de términos. Un mes después se entregó a la justicia su hermana Yasmira María Pinto Arregocés, coordinadora del convenio. Por este mismo caso, en junio de 2019 fueron condenadas cuatro personas. Tras la entrega ayer, Oneida Pinto fue trasladada al Hospital de Riohacha para una evaluación médica, y a las 4 de la tarde la subieron en un helicóptero de la Policía y la enviaron a Bogotá. El abogado Quinto intentó evitar el viaje a la capital con el argumento de que el proceso estaba en un juzgado de Maicao, pero no lo consiguió. 

Por este caso Oneida Pinto enfrenta delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. Aún le quedan pendientes cargos de la Procuraduría por presuntas irregularidades en otro contrato por $20 mil millones con la empresa Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, Funtics. 

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Judicial

Exgobernadora de La Guajira se entrega a las autoridades en Riohacha

Hace una semana un juez había prorrogado un año más la orden de captura contra la exgobernadora Oneida Pinto, que estaba prófuga.

A través de un trino en el que la Defensoría del Pueblo se mostraba como acompañante del proceso, se conoció este fin de semana que Oneida Reyeth Pinto Pérez, exgobernadora de La Guajira, se entregó a las autoridades para responder por los cargos que se le acusan.

La entrega de Oneida Pinto se cumplió en el Comando de Policía de Riohacha, capital del departamento.

Paola Andrea Meneses, delegada contra la a Criminalidad Organizada, indicó a través de un video que "Pinto fue imputada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, debido a las irregularidades acaecidas en contratos de obra de adoquinamiento de vías en el municipio de Albania, La Guajira, en 2010 y 2011".

La orden había sido emitida inicialmente el 5 de julio de 2019. 

Hace una semana,  el juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Riohacha había ordenado prorrogar por un año más la orden de captura en contra la exmandataria, por solicitud de la Fiscalía General de la nación.

En su momento, la Fiscalía acusó a la mandataria del detrimento de al menos $ 12.590 millones, provenientes de las arcas del Estado.

A Oneida Pinto se le había visto por última vez el 18 de junio de 2019, día en que la fiscal delegada solicitó la medida de cárcel en su contra, la cual fue admitida por el juez. Desde entonces, Pinto había estado prófuga de las autoridades. 

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