Paramilitares, obligados a contar la verdad

"La comisión Primera del Senado dio penúltimo debate a la reforma de la Ley de Justicia y Paz, dejando en claro que solo los desmovilizados que tengan en firme sus sentencias podrían quedar libres tras 8 años de cárcel.s:

Con la presencia del ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra y el vicefiscal de la Nación, José Fernando Perdomo, la comisión Primera del Senado de la República aprobó en tercer debate la reforma de la Ley de Justicia y Paz.

Según el ponente del proyecto senador Roy Barreras, (Partido de la U.), la nueva norma tiene ingredientes especiales para que sea efectiva y una herramienta útil para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuya de manera efectiva a la consecución de la paz y por la cual se dictarán disposiciones para futuros acuerdos humanitarios.

Explicó que “la reforma prorroga en la práctica por 6 meses el plazo que tienen los desmovilizados o postulados, que aún no se han inscrito en la ley y da al Gobierno un año en el caso de los desmovilizados individuales y 2 en el caso de colectivos, para poder postular esos desmovilizados, todos por delitos ya cometidos, no por nuevos delitos, es decir la prorroga es para las personas, no para los delitos”.

Advirtió igualmente que no se trata de una patente para que sigan delinquiendo, ya que el que cometa un delito más, queda completamente excluido de los beneficios.

No obstante admitió que queda por resolver el dilema que hay entre el derecho que tienen las víctimas a que no salgan en masa por vencimiento de términos los paramilitares sin decir toda la verdad, y el derecho procesal que tienen los postulados de que el Estado les cumpla con los términos.

Sobre ese punto se enfrentaron dos tesis. La una relacionada con el derecho de las víctimas de los paramilitares a obtener verdad y reparación y los derechos de los desmovilizados que se cogieron a Justicia y paz con la promesa de que recibirían como pena alternativa sólo ocho años de prisión.

No podrán salir. A siete años de aplicación de la ley de Justicia y Paz, sólo han sido condenados dos paramilitares, más de 1.500 no han recibido sanción y podrían salir de la cárcel en 2014, cuando cumplan ocho años privados de la libertad.

Pero esta última información terminó siendo desvirtuada por el mismo Roy Barreras al portal La Silla Vacía, por cuanto el Tribunal de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia han negado este tipo de solicitudes, porque independiente del tiempo en prisión, es necesario que los paras tengan una sentencia en firme, que diga que cumplieron los requisitos de verdad y reparación y les imponga una pena alternativa de entre cinco y ocho años. Y sólo eso suspende sus procesos en la justicia ordinaria.

Se acordó en consecuencia, llevar a la plenaria del Senado la propuesta de que los paramilitares sean condenados tal como lo establece la justicia ordinaria (muchos delitos se les contempla 40 años de prisión), hasta tanto no reparen a sus víctimas.

“Solo podrán recibir la pena alternativa, de los ocho años de prisión, quienes garanticen que han cumplido con la verdad y la reparación a las víctimas”, explicó el ponente del proyecto, senador liberal Juan Fernando Cristo.

Lo que sí quedó en firme es un mecanismo de persecución de bienes de los paramilitares.

Estima esta modificación crear una unidad en la Fiscalía para rastrear los bienes que aún no han sido entregados por los paramilitares, y establece la condición de que si un desmovilizado de las AUC se le descubre que ocultó bienes, perderá los beneficios de la Justicia y Paz.

Por su parte el ponente coordinador del proyecto, senador Cristo indicó que era necesaria y vital la reforma, si se tiene en cuenta que nunca estuvo de acuerdo con la anterior norma de Justicia y Paz a la cual votó negativamente, en vista de los vacíos que tenía, lo que motivó el ajuste que se está aprobando hoy en el tercer debate.

Otras opiniones coincidieron en este sentido, al punto que fue unánime la votación de aprobación y se anunció que en 15 días se estará votando en su último debate en plenaria, antes de su sanción presidencial.

En la reforma se faculta a la Fiscalía a priorizar los delitos más graves para sancionar y garantiza la persecución de los bienes de paramilitares para entregarlos a las víctimas.

Además se reducen los trámites judiciales como las versiones libres, que en adelante pueden ser colectivas, con el propósito de que no duren tantos años. Hoy, después de siete años de aplicación, aún no se ha superado la fase de la confesión de los desmovilizados.

paras extraditados. Este proyecto también obliga al Gobierno a poner en marcha mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos para que los exjefes ‘paras’ extraditados a Estados Unidos tengan que seguir cumpliendo con Justicia y Paz, es decir, que sigan revelando la verdad de sus crímenes y entregando bienes para la reparación de sus víctimas.

Entre los jefes paramilitares extraditados que serán cobijados por esta norma figuran:
Salvatore Mancuso Gómez, quien llegó a ser tras la muerte de Carlos Castaño, el principal y más importante vocero de las AUC frente al proceso de desmovilización. Mancuso se desmovilizó con el Bloque Catatumbo el 10 de diciembre del 2005.

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, su situación se complicó por varios hechos delictivos cometidos luego de su desmovilización.

Ever Veloza, alias HH, conocido como la mano derecha de Vicente Castaño. En su momento, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que HH no tendría ningún tipo de beneficio en cuanto a la Ley de Justicia y Paz. Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, se desmovilizó el 10 de marzo de 2006. Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo; Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, y Hernán Giraldo, jefe paramilitar del bloque Tayrona que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta.

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