12 leyes protegen a la mujer y son letra muerta

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12 leyes protegen a la mujer y son letra muerta

"Con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad, el Gobierno espera que se reduzcan los ataques a las mujeres.

La lucha por los derechos femeninos en Colombia alcanza por lo menos 80 años, desde la década de los 30, cuando se les permitió a las mujeres estudiar bachillerato.

Desde ese entonces muchas normas se han promulgado para hacer valer los derechos de las mujeres, pero también para protegerlas.

La Constitución de 1991 fue sin lugar a dudas la gran aliada de los derechos y de la participación ciudadana en el país y por supuesto de las féminas.

Posteriormente se han promulgado alrededor de 12 normas, entre reformas constitucionales, leyes nuevas, sentencias de la Corte Constitucional y actos legislativos relativos a cinco ámbitos de acción en favor de las mujeres: normas para evitar la violencia sexual; contra la violencia intrafamiliar; para conseguir la equidad e igualdad en el trabajo y generación de empleo; para defender la salud y los derechos sexuales reproductivos y para garantizar su participación igualitaria en el ejercicio público.

El actual gobierno de Juan Manuel Santos, decidió crear la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que tiene como misión fundamental, primaria y urgente, construir la “Política de Equidad de Género”.

Sin embargo, pese a los cambios introducidos en materia legislativa para poner en igualdad de condiciones a hombres y mujeres, proteger los derechos femeninos, blindarla de la violencia y hacer respetar su papel de madre, la realidad de lo cotidiano dista mucho de lo que prometen las leyes que reposan en los anaqueles del Congreso.

La atroz violación y posterior asesinato de Rosa Elvira Cely hace algunos días en pleno Parque Nacional en Bogotá, dejó al descubierto, entre otras cosas, la vulnerabilidad que en Colombia sigue teniendo la mujer, pero además las debilidades de un sistema judicial que en este caso no había puesto a buen recaudo a un hombre enemigo patológico del género femenino, pues ya había asesinado años atrás a otra.

El caso de Rosa tipifica de la manera más patética lo poco que se ha superado el tema de violencia contra la mujer en Colombia.

Pero de la misma forma, anualmente los despachos judiciales y entidades encargadas de hacer valer los derechos de los colombianos reciben miles de quejas y denuncias de féminas relacionadas con discriminación, acoso laboral, acoso sexual, violencia intrafamiliar, o la no práctica de un aborto, que en su gran mayoría demoran en ser resueltas, se concilian o se falla negándole el derecho que les asiste.

Para la representante a la Cámara, Nancy Denise Castillo García, actual presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, que integran 10 representantes y 9 senadoras, ha faltado presión de parte de las mismas mujeres para hacer que las leyes no sean letra muerta y se apliquen a cabalidad.

Castillo consideró que apenas se cumple en un escaso 25% con lo reglamentado.

“En lo que respecta a la Ley 1257 que sanciona la violencia contra la mujer estamos pidiendo que se elimine del Código de Procedimiento Penal la figura de la querella, para que la mujer no desista luego de la denuncia, pues en la mayoría de los casos el acto violento es perpetrado por la pareja de la mujer y pasado un tiempo luego del diálogo donde entran a jugar un papel los hijos, la víctima termina desistiendo de la demanda y por lo tanto no se castiga al agresor”, precisó.

En el tema del derecho al aborto en tres situaciones específicas que avaló la Corte Constitucional, tampoco es claro el panorama, pues buen número de médicos y clínicas se niegan a practicarlo, incluso estando la vida de la mujer en riesgo.

“En el caso de la llamada Ley de Cuotas, ésta se ha quedado corta, porque además que no se cumple a cabalidad, son pocos los organismos del Estado que cumplen con lo estipulado de que un 30% de sus funcionarios públicos sean mujeres, la norma no tipificó sanciones severas para quienes no la cumplan, luego no hay nada que obligue de manera contundente”, precisó.

Tampoco las leyes han puesto punto final a las precarias condiciones económicas que viven las mujeres campesinas, ni indígenas ni afrodescendientes.

“Hemos solicitado al Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, que incluya dentro de sus parámetros de medición el tema de mujer para establecer indicadores reales”, añadió la congresista.

Finalmente. Castillo García aseguró de manera vehemente que parte del problema tiene que ver también con el poco o nulo seguimiento que los órganos de control hacen a las diferentes entidades para determinar si estas leyes se cumplen, pues tristemente en ocasiones ni los mismos funcionarios las conocen.

La senadora del Partido Verde Gilma Jiménez en el mismo sentido dijo que es triste reconocer que muchos servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial, no hacen cumplir las leyes, porque sencillamente las desconocen.

“Las leyes mandan unas señales de decisiones políticas pero si no se ejecutan y además son ambiguas y confusas para nada sirven”, sentenció. Y agregó: “todos estamos fallando, la sociedad, la institucionalidad, la justicia porque no aplicamos ni hacemos valer lo legislado”.

*Haga clic aquí para ver infografía de leyes que protegen a la mujer.

Por Gala Marcela Peña

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