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“Tutela del procurador contra matrimonio gay es improcedente”: comunidad LGBTI

Defensores de los derechos de la comunidad LGBTI.

Debido a la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría ante un juzgado de Bogotá mediante la cual se pretende tumbar el matrimonio gay celebrado el 20 de septiembre en el juzgado 48 civil de Bogotá, las organizaciones que congregan a la comunidad LGBTI empiezan a manifestarse, y especialmente quienes defienden sus intereses.

Para el abogado y activista Germán Rincón Perfetti, la Procuraduría en cabeza de otros jefes de ese despacho siempre apoyó los derechos de todas las parejas, mientras que el procurador actual, Alejandro Ordoñez, está en una posición opuesta sin que en este tiempo se haya presentado un cambio constitucional, legal o jurisprudencial al respecto. Considera Rincón que Ordóñez está anteponiendo su agenda ideológica enmascarándola constitucionalmente y dándole un giro de 180 grados a la interpretación de la Carta Magna.

Por otro lado, según el jurista, la Constitución del 91, le entregó a la Procuraduría la misión de proteger los derechos humanos y lo que se está haciendo es un contrasentido que amenaza el estado social de derecho. “La democracia no es el poder de las mayorías sino el reconocimiento y el respeto de toda clase de minorías amenazadas por el poder”, señala Rincón Perfetti, y al tiempo agrega: “el procurador está amenazando la democracia”.

Entre tanto Mauricio Albarracín, también abogado y representante de Colombia Diversa, considera que la tutela es un recurso que se interpone cuando se viola un derecho fundamental y, en este caso, hay una manipulación de la Procuraduría para impedir o anular una decisión en la que no se está violando derecho alguno. De tal manera que la actuación del organismo es improcedente y representa un claro abuso de poder.

Albarracín piensa que Ordóñez está dando “patadas de ahogado” porque utilizó todos los recursos ante los jueces para impedir el matrimonio entre parejas del mismo sexo y todos le dijeron que no. Lo que está haciendo el Ministerio Público, establece Albarracín, y en este caso el procurador judicial Gustavo Trujillo, que fue quien interpuso la tutela, es rayar en un exceso de autoridad al pretender anular un matrimonio que sólo lo pueden anular los contrayentes.

“Es la primera vez en la historia de Colombia que se está interfiriendo en la decisión de un juez para anular un matrimonio”, sentenció el defensor de Colombia Diversa. En igual sentido piensa Elizabeth Castillo, abogada y miembro del Comité de Impulso al Matrimonio Igualitario, al considerar que en este caso no se están garantizando los derechos humanos, sino que se obstaculizan

En cuanto a la objeción de conciencia que presuntamente podrían argumentar los jueces para decidir o no casar a una pareja del mismo sexo, Elizabeth dice que la Corte Constitucional ha sido muy clara en definir sus lineamientos, y en el caso de los matrimonios de la comunidad gay, expresa la jurista, los jueces no pueden objetar conciencia, y si es así, lo que tienen que hacer es renunciar.

Desde el punto de vista clínico y social, la psicóloga Juliana Torres Orozco, que trabaja con la Fundación Liberarte que hace acompañamiento a la comunidad LGBTI, dice que este tipo de decisiones y de rechazo social lo que hace es retraer más a estas minorías que han sufrido muchas veces el aislamiento de sus familias y de sus amigos, de tal manera que la pareja resulta el único apoyo, y si a esto se suma el hecho de no ser reconocidas socialmente, las parejas se vulneran y se fragilizan.


 

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