Así como sucedió con quienes firmaron los Pactos de Ralito, Chivolo y Marizco (Margen Izquierda de Córdoba), temibles alianzas entre paramilitares, funcionarios públicos, políticos y particulares para acceder a cargos de elección popular a comienzos de la década pasada, la Fiscalía General llamará a indagatoria a 115 personas que suscribieron el de Pivijay, Magdalena. La decisión de un Fiscal de la Unidad Antiterrorismo está relacionado con el documento titulado ‘Convenio político para el debate electoral del día 10 de marzo del año 2002, en la elección de Cámara de Representantes y Senado de la República’, encontrado en allanamientos posteriores a la desmovilización del Bloque Norte del paramilitarismo. El Pacto de Pivijay, del cual EL HERALDO obtuvo una copia, es refrendado en sus cuatro primeras hojas, donde se describen los objetivos de la estrategia parapolítica, por el máximo comandante de este grupo de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. La alianza, sellada el 22 de noviembre de 2001, definía el apoyo que debía dársele a las candidaturas de José Gamarra Sierra, a la Cámara, y de Dieb Maloof Cuse, al Senado, así como a los segundos y terceros renglones, entre ellos Jorge Castro y Gustavo Orozco Jaraba, quienes aparecen firmando. También se comprometieron con esa causa política los entonces alcaldes de Pivijay, Ramón Prieto Jure; de Sabanas de San Ángel, Manuel Meza Gamarra; de Algarrobo, Martha Miranda; de Zapayán, Franklin Lozano; de Salamina, Daniel Solano; de Remolino, Arnulfo Borjas, de Chivolo, Fernando Orozco; de Ariguaní, Carmen Castro, y los diputados magdalenenses Jorge Vega Barrios y Fernando Mozo. El pacto describe, detalladamente, el reparto de apoyos, el endoso de votos, los esfuerzos que cada uno debe hacer y hasta hace referencia al respaldo que se le debe brindar a un candidato a la Presidencia —no se dice el nombre de este— en la segunda vuelta. Igualmente, Jorge 40 fijo un mínimo aporte financiero para la campaña al senado de 100 millones de pesos, 'sin perjuicio que (sic) la mencionada suma será superior en la medida de la disponibilidad económica del Dr. Dieb Maloof (...)'. El comandante paramilitar y sus aliados acordaron también que los recursos de la reposición de los votos, por la elección de Maloof y Gamarra,que debía pagar el Estado, se destinaría a una obra en uno de los Municipios del Magdalena mencionados, en un sorteo que debía hacerse entre estos. Uno de los compromisos de los candidatos al Congreso, una vez resultaran elegidos, era conseguir con el Gobierno Nacional recursos para la inversión social en los pueblos donde iban a apoyarlos. Ese reparto debía destinarse 'proporcionalmente a los resultados electorales'. Así mismo, se comprometían a 'retribuir de manera justa' con puestos en el Congreso de la República el apoyo que le iban a brindar sus electores. Ese reparto debía hacerse de acuerdo a los votos depositados. Clic aquí para ver la imagen del fascímil del pacto.