David Díaz Florián

Los países ricos en recursos naturales agotables no han mostrado a lo largo de su historia un desempeño económico con resultados distributivos que indiquen que avanzan hacia el desarrollo en un mediano plazo razonable.

La paradoja de países dotados de una riqueza natural que en su mayor parte se exporta sin que sus retornos se traduzcan en crecimiento económico con equidad social, se le identifica como la “maldición de los recursos naturales”.

La maldición se refleja en dos tipos de consecuencias: Los impactos macroeconómicos desestabilizadores (la denominada “enfermedad holandesa”) y lo relacionado con la histórica debilidad institucional que los países ricos en recursos naturales heredaron de su pasado colonial.

Por el boom de la minería, Colombia comienza a citarse como caso de maldición de recursos naturales. El desarreglo institucional de Colombia, que ahora se percibe en el sector minero y ambiental, se ejemplifica en el manejo del aplazamiento de la obligación de instalar y operar el embarque directo de carbón en vez de la utilización de barcazas.

Se aplazó el cumplimiento de la norma pero no se previó el manejo de las contingencias que podrían ocurrir entre 2010 y 2014.

Además, no se acordaron protocolos para prevenir los accidentes que se venían presentando. Las fugas de partículas de carbón han sido recurrentes desde entonces, lo que prueba que las medidas preventivas (humectación, tonelaje de barcazas en el mar, movilidad de barcazas y otras) no fueron reforzadas o no debieron cumplirse adecuadamente.

Los países que usan barcazas para transportar carbón lo hacen principalmente por la red fluvial. En documentos de capitanías de Estados Unidos y Europa se puede leer sobre las características que se imponen al diseño de las barcazas marítimas y a su movilidad en los embarques para evitar accidentes por colisiones o hundimientos en tiempos de mareas altas y vientos desfavorables.

No hay evidencia sobre acciones periódicas de monitoreo al tráfico marítimo de las barcazas. No sabemos si las barcazas que se usan en Colombia son las adecuadas para el transporte marítimo del material, y si los choques que se reportan en varios medios de la red podían evitarse por medio de una intervención solicitada a la Dimar por las autoridades mineras y ambientales, durante este periodo de gracia tan costoso en términos ecológicos y sociales.

La situación revela un fallo institucional muy frecuente pero que no necesita de reformas constitucionales. Habría bastado con que las entidades involucradas cumplieran con su función de prevenir o contrarrestar episodios ampliamente divulgados en los medios, especialmente durante este plazo concedido a la obligación del embarque directo.

Diversas voces de académicos y columnistas preocupados por la situación, han solicitado, desde mediados del año pasado, apoyar la declaración de una moratoria en la concesión de licencias ambientales mineras con el fin de convocar a todos los estamentos políticos y sociales a participar en la reestructuración y empoderamiento adecuado de la intervención estatal como albacea de los recursos naturales de la nación. Todo ello —se dijo— sin desmotivar la inversión extranjera, sin la cual no podrían acometerse los proyectos de prospección y extracción.

Esta sería una decisión inteligente y necesaria, de carácter urgente, toda vez que las conclusiones de la literatura sobre la maldición coinciden en que los poquísimos casos exitosos revelan un aprestamiento institucional previo al proceso de expansión sostenida de la minería de exportación.

David Díaz Florián
Profesor del IEEC, Uninorte.

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