El Heraldo
Los empresarios Nule no se hicieron presentes en la audiencia de ayer en Bogotá. Jhonny Hoyos
Colombia

Condenan a 8 años y 6 meses de prisión a los Nule

Fiscalía y Supersociedades creen que los bienes en extinción de dominio de los contratistas costeños ascienden a los $400 mil millones, que se deberán usar en la reparación a las víctimas.

BOGOTÁ. Tras más de cuatro años de proceso, la jueza 36 de conocimiento de la capital condenó ayer en sentencia anticipada a los polémicos empresarios costeños, Miguel, Manuel y Guido Nule, a ocho años y seis meses de cárcel, por su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, en el marco del denominado 'carrusel' de la contratación.

Se trata de la segunda sentencia contra los otrora poderosos contratistas, quienes en diciembre de 2011 ya habían sido condenados a siete años de cárcel por el delito de peculado por apropiación, al que se habían allanado en la diligencia de imputación. La segunda instancia resolvió luego, en junio de 2012, subirles la pena a 14 años de prisión.

De acuerdo al fallo de ayer, los primos costeños deberán pagar además una multa de 610 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedaron con una inhabilidad de 8 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Así mismo, para su socio, el cartagenero Mauricio Galofre, la condena fue de 8 años y dos meses, una multa 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes y siete años y cinco meses de inhabilidad por los mismos punibles.

La togada señaló que la aceptación de responsabilidad penal por parte de los Nule cumplió todos los requisitos legales y agregó que "tras la decisión de los imputados de allanarse a cargos en agosto pasado, se rebajó la pena en una tercera parte, además por la colaboración prestada a la justicia, el hecho de no tener antecedentes penales y el haber comparecido ante los estrados".

No obstante, la administradora de justicia le negó la solicitud al barranquillero Guido Nule de purgar su condena en la casa por cárcel, debido a supuestos quebrantos de salud.

Los procesados, quienes se encuentran Guido, el sucreño Manuel y Mauricio, recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Barranquilla, y el sucreño Miguel en la cárcel de Corozal, no comparecieron a la lectura de sentencia.

Lo que hicieron los Nule

En medio de la decisión, se reiteró que los cuestionados contratistas, al interior del conglomerado, tenían definidos sus papeles dentro del grupo: Miguel se encargaba de conseguir los socios, Galofre era su segundo, Guido hacía labores de relaciones públicas y Manuel asumía la administración de los proyectos.

Haciendo contexto en el caso por la corruptela en la contratación de obras públicas en Bogotá, criticó así mismo la jueza que los Nule, por ser familiares de un exgobernador (Miguel Nule Amín, exmandatario de Sucre) y un exministro de Minas (Guido Nule Amín), tenían acceso a un importante círculo social e influencias, que usaron de forma negativa para cometer los delitos señalados.

Concretamente, los contratos en que participaron los acusados fueron el 137 de 2007, de adecuación de la calle 26 en los tramos tres y cuatro de la Fase III de Transmilenio, por valor de 315.580 millones de pesos, adjudicado a la unión temporal Transvial, de la que las empresas del grupo Nule tenían el 80 por ciento.

Hay unos $400 mil millones

Tras la lectura de fallo, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena, le dijo a los medios que, en su consideración, “fue una decisión justa y estuvo dentro de los parámetros legales, ahora estos ocho años se debe acumular a los 14 que ellos ya tienen en la primera condena”.

Agregó que la expectativa de la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía por temas de extinción de dominio de los bienes, acciones y activos de los Nule en el país, para reparar a las víctimas, es de unos 400 mil millones de pesos.

Por su parte, Orlando Bernal, representante del IDU, acreditado como víctima en el proceso, advirtió que “quedamos pendientes de la reparación, porque la estructura del proceso penal impone que una vez se dicta sentencia condenatoria, dentro de los 30 días siguientes, las víctimas deben promover el incidente de reparación de perjuicios y allí deberá establecerse el monto de los mismos”.

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