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Colombia

¿Por qué frenaron la orden de libertad del exjefe paramilitar Ramón Isaza?

La Fiscalía asegura que Isaza "fue asegurado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y tortura".

Un Fiscal profirió medida de aseguramiento contra el desmovilizado paramilitar Ramón Isaza, alias "El viejo" por su presunta responsabilidad en el asesinato de un líder sindical en 2001, informaron hoy fuentes judiciales.

La medida fue dictada por un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH dentro de la investigación que se le sigue a Isaza por su presunta responsabilidad en el asesinato de Emiro Enrique Pava de la Ossa, sindicalista de una empresa petrolera y concejal de Puerto Triunfo (Antioquia)

Pava, según la investigación, fue interceptado por hombres armados cuando llegaba a su vivienda en Puerto Triunfo, en hechos registrados el 13 de noviembre de 2001.

La Fiscalía agrega en un comunicado que un día después el cuerpo del líder sindical fue hallado con 16 heridas causadas por arma blanca en los muslos y el tórax.

Isaza "fue asegurado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y tortura", añade la información.

Alias "El viejo", que está preso en la cárcel de La Picota, en Bogotá, confesó ese crimen en una audiencia de versión libre en Justicia Transicional el 7 de noviembre de 2015.

La decisión fue notificada a la Sala de Justicia Transicional del Tribuanal Superior de Medellín, corporación judicial ante la que se tramitan los hechos confesados por el desmovilizado cabecilla paramilitar.

La investigación del crimen de Pava se suma a otra de Fiscalía 64 especializada de Medellín que paró la libertad de alias "El viejo" a finales de diciembre pasado porque había una nueva orden de captura relacionada con los homicidios de Pedro Antonio Orozco y Arnulfo de Jesús Gómez, ocurridos en Sonsón (Antioquia) en septiembre de 2002.

Isaza, a quien se le atribuyen numerosos crímenes cometidos entre 1977 y 2006, se acogió a la Ley de Justicia y Paz mediante la cual se desmovilizaron los grupos paramilitares durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010). 

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