El Heraldo
Jorge Pretelt. Archivo
Colombia

Negadas recusaciones en caso Pretelt

La Comisión de Ética del Senado dejó sin piso los recursos interpuestos por la defensa del magistrado cordobés.

Las 11 recusaciones interpuestas por la defensa del magistrado cordobés de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, fueron negadas por la Comisión de Ética del Senado de la República, con lo que la cámara alta podrá designar en cualquier momento la comisión de instrucción que deberá investigar al togado.

Abelardo de la Espriella, apoderado del magistrado al que se le sigue un juicio político en el Senado por señalamientos de sobornos en medio del escándalo de Fidupetrol, presentó el recurso en contra de 11 parlamentarios que supuestamente se habían referido a su defendido de manera pública, lo que aparentemente los inhabilitaría para conocer el proceso.

Los legisladores en cuestión son: Antonio Navarro, Carlos Fernando Galán, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Horacio Serpa, Iván Cepeda, Claudia López, Jorge Iván Ospina, Guillermo García Realpe, Óscar Mauricio Lizcano y Carlos Fernando Motoa.

La célula de la cámara alta consideró, no obstante, que las recusaciones no proceden debido a que la elección de la comisión de instrucción se trata de un trámite meramente administrativo y que aún no se sabe quiénes la integrarán y cuál será el sentido de su recomendación.

Esta comisión de instrucción, que deberá emprender la pesquisa contra Pretelt, estará conformada por siete parlamentarios de distintos partidos, seleccionados mediante el mecanismo de cociente electoral. Además, tendrán que ser abogados y en lo posible poseer conocimientos en derecho penal.

Los siete legisladores deben estudiar la acusación que contra Pretelt se hiciera en la Cámara de Representantes, luego de que se hubiera surtido el proceso inicial en la Comisión de Acusaciones. Luego, la comisión de instrucción tendrá que plantear sus conclusiones a la plenaria del Senado para que éste decida si acusa o no al togado ante la Corte Suprema de Justicia.

El delito de concusión, por el que se señala al magistrado cordobés, se habría perpetrado cuando éste aparentemente exigió 500 millones de pesos a Fidupetrol con el fin de tramitar a su favor una tutela que había interpuesto la fiduciaria en el afán de evitarse el pago de una multa interpuesta por la Corte Suprema por la suma de 22.500 millones de pesos.

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