Las cinco “faltas graves” que Ordóñez no le perdonó a Petro

Al contrastar los argumentos tanto del procurador como del alcalde de Bogotá sobre el esquema de aseo en la capital la pregunta inevitable es ¿hubo improvisación o complot?
Los seguidores del alcalde Petro han respondido a los plantones en la Plaza de Bolívar.
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Al contrastar los argumentos tanto del procurador como del alcalde de Bogotá sobre el esquema de aseo en la capital la pregunta inevitable es ¿hubo improvisación o complot?

Se sabe que son opuestas las miradas del procurador Alejandro Ordóñez y el alcalde Gustavo Petro sobre la implementación del nuevo esquema de aseo en la capital.
Mientras para el jefe del ente de control el cambio mereció la destitución del burgomaestre por improvisar, no hacer caso a advertencias y atentar contra la libre empresa, para el mandatario cordobés el modelo le ha ahorrado plata a los ciudadanos, ha incluido a los recicladores y le ha arrebatado a los operadores privados un negocio al parecer irregular.

En su fallo del 9 de diciembre de 2013, en el que Ordóñez destituyó e inhabilitó a Petro por 15 años, el Ministerio Público halló “probados” cinco asuntos. El primero, que el burgomaestre “ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia”; ocasionando una “grave emergencia los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012”, la “improvisación en la adquisición de compactadores con detrimentos al patrimonio” y que “volvió a contratar a los privados”.

Ante el tema de la experiencia, Petro ha advertido que “el Acueducto tiene un siglo de existencia, calificación triple A por las internacionales de riesgo, utilidades de $230 mil millones, (…) ha hecho comercialización y facturación del servicio casa por casa y tiene la filial, Aguas de Bogotá, que manejó el relleno Doña Juana. Es decir, tiene todas las condiciones financieras y tecnológicas para asumir el aseo”. (Ver infografía)

Incluso, ha señalado que “los operadores privados tampoco tenían experiencia cuando contratamos con ellos” y ha asegurado que “en Bogotá hay más de mil puntos a los que los operadores no habían llegado, y el Distrito llega al 100%”.

Sobre la adquisición de camiones, con presuntos daños al patrimonio, la Contraloría Distrital estaría de acuerdo, pues entre septiembre y octubre pasado abrió dos procesos de vigilancia fiscal al considerar que la administración ocasionaría un “detrimento de $29.223 millones por contratar 4.000 personas, y de $33.343 millones por adquirir 218 vehículos de aseo”.

En respuesta, el burgomaestre afirmó que “es totalmente permitida la importación de maquinaria usada, siempre y cuando se devuelva en la medida en que entre la flota nueva. (…) Esto lo han realizado, incluso, la mayoría de las petroleras colombianas”.

¿Complot? No obstante, según las denuncias de Petro, lo que pareciera haber obligado a la adquisición de los camiones y el personal, que a la postre dictaminaría el supuesto detrimento, es el aparente complot de los operadores privados que perdieron el manejo del negocio con el operador público.

En este sentido, según el empresario sahagunense Emilio Tapia, a quien el propio Petro, siendo congresista, denunció como uno de los cerebros del ‘carrusel’ de la contratación, le dijo a El Espectador que el alcalde había sido víctima de un complot de los operadores, quienes sentenciaron: “el alcalde no aguanta tres días de basura”.

Los dueños de las empresas privadas de aseo son: William Vélez, de Atesa, quien según el portal Las 2 Orillas recibía unos $4 mil millones mensuales en Bogotá. Maneja las basuras en Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Riohacha y una decena de ciudades más. Ha ganado cuentos de miles de millones de pesos en concesiones viales. Montó el 70% de la red eléctrica del país. Y ha sido salpicado por presuntos nexos con paramilitares.

También figura Alberto Ríos, de Aseo Capital, quien recibía más de $5 mil millones, pero vendió la empresa a los Patiño Ocampo antes de la era Petro. Lime, de argentinos, quienes recibían $6 mil millones. Y Ciudad Limpia, de los Herrera Barona y Losada Salcedo, con $4.500 millones.

Denuncias de Petro. Desde antes, el alcalde ya había denunciado las posibles irregularidades: “Los operadores privados dejaron de recoger 7.800 toneladas de basuras cinco días antes de la crisis”, y según la Uaesp, entre el 13 y el 17 de diciembre de 2011 llegaron a Doña Juana 36.946 toneladas, mientras que en 2012, solo llegaron 29.053 toneladas.

Al respecto, Javier Velasco, Fernando Pineda, Cristian Muñoz y Víctor Caro, exconductores de vehículos recolectores en Lime y Aseo Capital, afirmaron que habían recibido órdenes para fomentar el caos. “Ya para el 18 llevábamos dos días sin recoger”, dijo Pineda, mientras que Muñoz aseveró: “un día antes, un supervisor me dijo que no hiciera la ruta completa”.

A esto se suma que los operadores privados, en palabras del mandatario, “nunca le entregaron a la Alcaldía los camiones que habían obtenido con los dineros públicos durante los últimos 20 años de concesiones. (…) Esos camiones pertenecen a la ciudad porque los usuarios los cancelaron”. Y en palabras del abogado del alcalde, Julio César Ortiz, “la propia Procuraduría sabía de los traumatismos que se iban a presentar porque los operadores privados no devolverían al Distrito los equipos”.

De hecho, la propia contralora Sandra Morelli respondió esta semana a EL HERALDO sobre las investigaciones que se le siguen a los operadores privados:
“encontramos que no operó la reversión de los camiones y se hizo una prórroga y dos adiciones al contrato, y llevan más del doble del tiempo sin renovar el parque automotor y sin inversiones adicionales”.

Entre tanto, reclama también en su fallo la Procuraduría que la Alcaldía volvió a contratar a los operadores privados luego de haberse desatado el caos.
No obstante, el burgomaestre había dicho antes del 18 de diciembre que no se oponía a que los operadores privados hicieran parte de la prestación del servicio. Pero aclaró que “yo juré cumplir la Constitución, y esta establece que los servicios públicos pueden ser prestados, en primer lugar, por el Estado; segundo, por comunidades organizadas, y tercero, por particulares”.

Nueva contratación. La contratación de nuevo de Lime y Aseo Capital se dio el 19 de diciembre, un día después de iniciada la crisis. El alcalde explicó entonces que los contratos no eran de concesión sino de operación y que tenían como condición la disminución de los ingresos para poder pagarles a los recicladores. El servicio se repartió por zonas y, de todas maneras, el operador distrital quedó con el control del 52% de la ciudad.

Libres empresas. El segundo tema que señala Ordóñez es que el Decreto 564 de 2012, sobre el nuevo modelo de aseo, “vulneró los principios constitucionales de libre empresa, pues impuso restricciones (…) para que otras empresas no prestaran el servicio”.

Pero el alcalde opina que “el hecho de saltar de cuatro operadores privados a miles de recicladores, que empezaron a ser remunerados y reconocidos como operadores de aseo, significa una democratización del servicio”.

Además, Petro denunció los presuntos sobrecostos de los operadores: “se dejaron de transferir recursos de los bolsillos de los usuarios a estos empresarios por una cuantía que en 10 años alcanzó los $500 mil millones de exceso. Es decir, cada empresario se echaba al bolsillo $10 mil millones anuales de más”.

Estas afirmaciones parecieran corroborarlas las pesquisas de la Contraloría, pues Morelli le dijo a este diario que “encontramos dos aspectos que afectan a todos los operadores y que tienen que ver con el no respeto de los términos contractuales, porque a pesar de que se había previsto una reducción en la tarifa, se siguió pagando lo mismo. Y nos dimos cuenta de que el usuario estaba pagando de más, porque son contratos que incluyen en la tarifa la limpieza de las zonas públicas y parques, y eso lo estábamos pagando aparte. Con esa plata se creó una bolsa especial que se alimentaba con 200 o 300 mil millones de pesos, y con esa bolsa se hacía de todo menos bolsas de basura, y ese es un recurso público que se debe restituir al usuario eventualmente, en caso de que se pueda probar en el proceso”.

Las advertencias. El tercer hecho que halla el Ministerio Público es que el mandatario había sido advertido de que sus decisiones “eran irregulares” por parte de la Superintendencia de Servicios, CRA, Contraloría, Ministerio de Ambiente y la misma Procuraduría.
Por ejemplo, el superintendente de Servicios, César González, dijo antes del 18 de diciembre al portal La Silla Vacía que el Decreto 564 de 2012, “es abiertamente ilegal”, porque “se está saltando el tema de la libre competencia, la libertad de empresa, la exigencia ahora de permisos previos para prestar el servicio aún en emergencia manifiesta, la facturación, el acceso a Doña Juana”.

Así mismo, la Procuraduría advierte que la crisis de las basuras “suscitó la recepción de más de un centenar de quejas de ciudadanos y funcionarios, entre ellos, concejales, congresistas y el defensor del Pueblo”.
A este tema se refirió el burgomaestre en uno de sus más recientes discursos en la Plaza de Bolívar: “¿por qué creen que los denunciantes ante la Procuraduría se llaman Armando Otálora (defensor), amigo de William Vélez; se llaman el personero, elegido con los votos de los concejales del cartel de la contratación y se llaman Orlando Parada, concejal, confeso integrante del cartel? Asociación para delinquir. Escuchada por el procurador, aceptada por él, y convertida en destitución del alcalde que denunció el cartel”.

La Corte y los recicladores. Como cuarto asunto, el ente de control dijo haber establecido en el proceso que “lo dispuesto por la Corte Constitucional -Sentencia T-724 de 2003 y autos 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012- no condicionó la adopción de un determinado modelo de aseo, ni era indispensable que se asignara la prestación del servicio de aseo únicamente al Distrito”.

Petro, por su parte, ha dicho que se incluyó a los 14.415 recicladores porque “desde la Constitución del 91 se establece que los servicios públicos pueden ser prestados por particulares, comunidades organizadas y el Estado”.

El mandatario, además, ha asegurado que “la Corte, en su auto T-275 de 2011, artículo séptimo, permite que el alcalde de Bogotá escoja el esquema que sea pertinente para incluir a la población recicladora en condiciones de igualdad material”.
Explicó al respecto que “el modelo que se escogió no es de libre competencia; es de urgencia manifiesta (...). Si yo hubiera permitido el régimen de la libre competencia, ¿quién garantizaba la inclusión de los recicladores? En una competencia, el pez grande se come al chico, y el pez chico del aseo son las 14 mil familias recicladoras que viven en la extrema pobreza”.

Las volquetas. El quinto y último reproche que hace el procurador es que el alcalde cometió “una falta (…) cuando autorizó la incorrecta prestación del servicio de aseo con volquetas hasta el mes de julio de 2013, (…) una de las causas por las que se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras”. Sin embargo, el abogado Ortiz ha afirmado que “la utilización excepcional de volquetas para la recolección de basuras, está permitida por la ley”.

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