El Heraldo
Jorge Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional.
Colombia

Fiscalía indaga si predios de Pretelt son de desplazados

Investiga si presidente del tribunal compró a precios irrisorios terrenos en Urabá despojados por las AUC.

Como si fuera poco el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional por el que señalan al magistrado monteriano Jorge Pretelt, se le hace otro grave cuestionamiento al togado: es dueño de tres predios que habrían sido despojados por grupos paramilitares y que hoy reclaman desplazados de la región del Urabá Antioqueño.

Tras las denuncias publicadas ayer en Caracol, la Fiscalía citó a dos reclamantes de tierras que eran originalmente dueños de esos predios y los tuvieron que vender a Evelio Díaz, alias El Burro, por la irrisoria suma de ocho millones de pesos, bajo la amenaza armada de principios de los años noventa.

Posteriormente, Pretelt Chaljub aparece como dueño de un predio de 243 hectáreas registrado el 14 de junio de 2007 en la Notaría Segunda de Montería. No obstante, esa hacienda corresponde, en realidad, a cinco fincas ubicadas en las localidades de San Pedro de Urabá y Arboletes, Antioquia. Y tres de esas fincas son las reclamadas por las víctimas desplazadas: los predios No hay como Dios, Dos bocas y Alto bonito.

Las dos últimos fueron adquiridas inicialmente por la procuradora Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt. Y la primera fue la ‘vendida’ el 8 de febrero de 2000 en  ocho millones de pesos. 

El predio No hay como Dios fue vendido ocho meses después a la esposa de Pretelt por 3.700.000 pesos, es decir, una venta 4.300.000 por debajo del valor inicial. Cinco años después, Patrón le vende el predio a Pretelt en cinco millones de pesos.

Uno de los citados

Precisamente, uno de los reclamantes citados por la Fiscalía para que haga sus denuncia es Edilberto Villalba, quien le vendió la finca, que originalmente se denomina La Corona, a alias El Burro.

Sobre los nuevos dueños, Villalba señaló al respecto en Caracol Radio: “tiene que ser una señora muy importante, y tampoco sé si ese señor Evelio le regaló esa finca a ella, se la vendió o yo no sé qué haría”.

Alto Bonito era una finca de Manuel Gregorio Hernández, reclamante asesinado. Hoy ese predio pertenece a Pretelt, luego de que su esposa se lo vendiera en 19 millones de pesos, tras haberlo comprado ella en cinco millones.

Y la última finca, Dos bocas, de 42 hectáreas, fue comprada por el magistrado el 14 de junio de 2005 por 19 millones de pesos.

Compra de predios fraudulenta. Por su parte, el representante a la Cámara del Polo Democrático por Bogotá, Alirio Uribe, quien alista un debate contra el magistrado, dijo tener pruebas de que el togado y algunos socios de Fidupetrol habrían adquirido predios baldíos de manera fraudulenta.

“Efectivamente, en el caso de Fidupetrol hay predios que aparecen en manos de sus socios y son tierras que deberían ser para campesinos y hoy están en manos de esa compañía, por lo que creemos que existe más que una coincidencia en esa situación”, dijo Uribe.

Intervención

De otro lado, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, confirmó que las tierras en cuestión serán intervenidas previo requerimiento que en este sentido deberá hacer la Unidad de Restitución de Tierras.

Sobre la pesquisa, Vélez señaló que “cuando se leen estos títulos se ve claramente que eran cinco fincas que se unieron en una sola”, es decir, que se englobaron. Y agregó el alto funcionario que la búsqueda se dificulta porque en su mayoría los reclamantes de tierras no informaron a Justicia y Paz sobre los números de registro de sus tierras.

Fueron registrados como único predio, lo que enreda la búsqueda de la Unidad de Restitución en Urabá, Córdoba y Bogotá.

Frente a todo este asunto, el alto consejero para los derechos Humanos, Guillermo Rivera, señaló: “en estas condiciones existen demasiadas dudas sobre Pretelt y en aras de darle confianza a los colombianos..., él debería renunciar”.

“Vargas manipuló grabación”

En un comunicado, Jorge Pretelt advierte que la grabación que realizó el magistrado Luis Ernesto Vargas y en la que se escucha al abogado Pacheco hablando del supuesto soborno de Pretelt, fue hecha “de manera clandestina, adulterada, dirigida y usada de manera ilegal”.

Agregó el togado que Vargas “incurrió en un delito realizando esta grabación que utilizó calculadamente en su propio beneficio para enturbiar mi elección como presidente de la Corte Constitucional, cuando su deber era denunciar los supuestos hechos”.

Finalmente, Pretelt se pregunta: “¿por qué los magistrados Luis Ernesto Vargas, Gabriel Mendoza y Jorge Iván Palacio no pusieron inmediatamente estos hechos en conocimiento de  las autoridades?, ¿por qué se vieron con Víctor Pacheco en la Corte?, ¿por qué el magistrado Gabriel Mendoza niega su amistad de muchos años con Pacheco, quien además ayudó a financiar el encuentro de la jurisdicción constitucional realizado en Barranquilla en el año 2012?, y sobre todo ¿por qué coincidencialmente se habló de este tema justamente antes de mi elección como presidente?”.

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