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Corte Constitucional ordena al Inpec proteger población Lgbti en cárceles

El alto tribunal determinó que cuando corra peligro la vida del preso deberá ser trasladado.

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El alto tribunal determinó que cuando corra peligro la vida del preso deberá ser trasladado.

El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) por orden de la Corte Constitucional, deberá tomar medidas que protejan y den garantías a los derechos de los miembros de la comunidad Lgbti que están privados de su libertad.

“Las personas Lgbti recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran en estado de vulnerabilidad por no estar privadas de la libertad, en condiciones de hacinamiento, violencia y acceso precario a los derechos básicos”, señaló el fallo.

La exigencia realizada por el alto tribunal contempla la vigilancia para que no se produzcan “actos discriminatorios en los recintos penitenciarios” en contra de la población vulnerable. De igual manera la Corte emplaza a los funcionarios del Inpec, a que si algún miembro de esta comunidad solicita ayuda a las autoridades ante amenazas contra su vida “debe brindárseles de forma inmediata y contundente”.

La Corte recuerda que el Estado es quien tiene la obligación de impedir que otros reclusos, así como el personal penitenciario, amenacen la vida del interno. Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida e los reclusos.

“Habida consideración de la especial relación de sujeción en que se encuentran las personas internas frente al Estado, donde este tiene la obligación de garantizarles a los grupos sociales tradicionalmente discriminados y vulnerables que puedan ejercer a cabalidad sus derechos fundamentales, más aún a las personas con orientaciones sexuales diversas, quienes ‘padecen en el confinamiento la reproducción y maximización de los prejuicios’ que imperan en la sociedad“, señala la Corte Constitucional.

El alto tribunal señaló que cuando la vida de los integrantes de la comunidad LGBTI corra peligro, el Inpec deberá hacer traslados inmediatos y no dilatarlos, pues de no hacerlo provocaría tragedias al interior de las  prisiones.

La ponente fue la magistrada Gloria Stella Ortíz, quien conoció el caso de una persona homosexual que está recluida en la cárcel La Picota de Bogotá y que manifestó su necesidad de ser trasladada de celda porque desde hacía varios meses fue objeto de actos de discriminación y porque según dijo intentaron abusarlo sexualmente.

“El Inpec y la Cárcel La Picota adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias en las cuales fue presuntamente desconocida la libertad sexual y la dignidad de XX, con el objeto de establecer qué fue lo que sucedió y poder así determinar la responsabilidad penal y disciplinaria a que haya lugar”, fue la orden de la Corte Constitucional.

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