Colombia es el país número 24 en avalar matrimonio gay

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Colombia es el país número 24 en avalar matrimonio gay

Activistas dicen que defenderán decisión, mientras Procuraduría buscará reversarla • Sociedad actual, cada día más inclusiva y tolerante.
Imagen de una audiencia de la Corte Constitucional en la que fue tratado el tema.

Temas tratados

Activistas dicen que defenderán decisión, mientras Procuraduría buscará reversarla • Sociedad actual, cada día más inclusiva y tolerante.

“Nosotras estamos casadas, contrajimos matrimonio civil el 4 de octubre de 2013 en el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá. Casadas por amor, por convicción, somos una pareja del mismo sexo y estamos convencidas de que tenemos los mismos derechos que cualquier otra pareja en este país”, sostuvo Sandra Marcela Rojas en la audiencia pública de la Corte Constitucional del 30 de julio de 2015, en la que participó al lado de su esposa, justamente para ventilar el futuro de las uniones LGBTI.

Ellas son una de las parejas que demandaron el pronunciamiento del alto tribunal colombiano que, en efecto, avaló el 7 de abril pasado el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

El país es uno de los 24 en el mundo que lo han aprobado. Antes ya lo habían hecho Holanda, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Luxemburgo, Noruega, Irlanda, Suecia, Portugal, Finlandia, Inglaterra, Escocia, Islandia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Brasil, México (varios estados), Sudáfrica, Nueva Zelanda y Groenlandia.

Detalla la Corporación Caribe Afirmativo -defensora de derechos de población LGBTI- que el proceso para llegar a este reconocimiento lleva unos 10 años, aunque fue solo hasta 2007 que la Corte Constitucional, con la sentencia C-075, extendió derechos propietarios y pensionales propios de las uniones maritales de hecho a las parejas homosexuales unidas bajo esta figura.

En 2009, a través de la sentencia  C-029, la Corte modificó una serie de leyes para otorgar 42 derechos a las parejas homosexuales unidas por una unión marital de hecho, como nacionalidad, permiso de residencia, testimonio en proceso judicial, derechos familiares propietarios, entre otros.

Luego, en 2011, el mismo tribunal estableció que no estaba facultado para modificar las normas que definían el matrimonio como la unión de hombre y mujer. En esa sentencia, la C-577, estableció que en un periodo de dos años el Congreso debía proceder a la reglamentación de este asunto. Debido a que el tiempo se cumplió a mediados de 2013 sin que el parlamento actuara, parejas del mismo sexo empezaron a formalizar sus uniones ante notarios o jueces con competencia para ello.

Lo que hizo la Sala Plena de la Corte este 7 de abril fue pronunciarse al respecto; para ello tumbó la ponencia del magistrado Jorge Pretelt, que planteó que las uniones entre gais podían seguir siendo reconocidos como vínculos solemnes. El paso a seguir es la elaboración de un proyecto de fallo con lo esbozado por la mayoría.

“Con la aprobación del matrimonio igualitario se cierra un ciclo para las personas LGBTI del país, que venían luchando por sus derechos; ahora toca defender esta decisión y proveer para que en Colombia esta población no sea víctima de atropellos ni de agresiones ni discriminación”, señala Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

Y enseguida añade: “Que historias como las del conflicto armado, la de Sergio Urrego o la de una pareja gay que le prohíben casarse, no se repitan”.

En contra. Uno de los contradictores del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo ha sido el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, para quien “hoy la vida no es inviolable, como lo contemplaba la Constitución del 91, el matrimonio no es matrimonio y la familia no es familia”.

En conversación con medios de comunicación nacionales, tras la decisión de la Corte, el jefe del Ministerio Público manifestó también era menester “acudir al Congreso de la República para que los congresistas presenten un proyecto de acto legislativo, restableciendo precisamente lo que la corte ha destruido”. Y añadió que pese a que la Procuraduría no tiene iniciativa en esa materia él acudiría “a varios congresistas para que logremos presentar cuanto antes un acto legislativo en ese sentido”.

Otra de las participantes en las audiencias abiertas por la Corte fue la mexicana Sofía Martínez Agraz, asesora jurídica de la organización Alianza por la Libertad, en cuya disertación expuso que al tratar de redefinir la institución del matrimonio no se estaría simplemente modificando algunos de sus elementos sino que estaría ante la creación de un ente distinto a lo que históricamente ha sido el matrimonio, y que ello sería por imposición judicial.

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