Controversia jurídica por declaración de Arcadio Martínez
El abogado aseguró que la diligencia había sido decretada desde el 10 de octubre del 2014 por la fiscal décima de Derechos Humanos, pero la defensa de Ceballos dice que la solicitud la hizo el propio declarante y que funcionaria incurrió en prevaricato.
Ante la fiscal décima de Derechos Humanos, Ana María Reyes Cárdenas, se llevó a cabo la declaración juramentada rendida por el abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo en el marco de la investigación que por la muerte del ganadero Fernando Cepeda Vargas se sigue en contra de Silvia Beatriz Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, caso al que también está vinculada la viuda de Cepeda Vargas, María Paulina Ceballos.
Mientras el abogado Johnny Mercado González, representante de Ceballos, argumenta que la diligencia es ilegal, razón por la cual no se presentó en el bunker de la Fiscalía, Martínez Pumarejo indicó que esta prueba había sido decretada por la propia fiscal Reyes el 10 de octubre de 2014 y que el 20 de ese mismo mes fue la fecha fijada para llevarse a cabo en las instalaciones de la Cárcel Distrital de Bogotá, donde él estuvo recluido hasta el último 6 de enero.
Según el abogado vallenato, cuando acudieron todas las partes, él se negó a dar la declaración con el fin de no poner en riesgo la estrategia de su defensa técnica ni contaminar la teoría del caso en razón a que en ese momento se encontraba en etapa de juicio el proceso por soborno en actuación penal desprendido del crimen de Cepeda.
Agregó Martínez que ese 20 de octubre se expidió una constancia en la que él se comprometió a comparecer ante el despacho de la fiscal una vez concluyera tal instancia. “Le recuerdo a la opinión púbica que yo no soy sujeto procesal en el caso de la muerte de Cepeda y mal haría yo en solicitar la diligencia de declaración, pues no hago parte de la defensa técnica”, explicó Martínez Pumarejo, agregando que las condiciones de conducencia y pertinencia de su testimonio las determina la fiscal delegada.
A su turno, Mercado González anunció que el próximo martes su defendida instaurará una denuncia por prevaricato en contra de la fiscal Reyes porque _ insistió_ la declaración juramentada de Martínez Pumarejo es ilegal ya que él no puede aportar “porque es un victimario y no es testigo de nada”. Así mismo, indicó mediante un oficio radicado ante el mismo despacho de la fiscal décima, que si esta insistía en recibir la declaración de Martínez, igual debería escuchar al abogado Abelardo de la Espriella, anterior apoderado de Ceballos.
Pero Martínez Pumarejo, que reconoció haber radicado el pasado 3 de junio la solicitud para que fuera oída su declaración, aseveró que esta responde al compromiso pactado el 20 de octubre y que la orden de su práctica es potestad de la fiscal que adelanta la parte instructiva de la investigación por el homicidio de Cepeda Vargas perpetrado por paramilitares en Barranquilla el 22 de agosto de 2003.
Preguntado por EL HERALDO sobre qué puede aportar su testimonio para esclarecer el caso Cepeda, Martínez afirmó: “tengo que ser honesto, pues del homicidio no sé absolutamente nada porque para la época de los hechos no tenía ningún tipo de relación contractual ni laboral con Silvia Gette”. No obstante, añadió tener conocimiento de hechos conexos acaecidos después y por los que preciso él afrontó un juicio.
De otro lado, en su escrito a la Fiscalía, el abogado Mercado González califica de “insólita” la decisión de Reyes Cárdenas de escuchar a una persona que está a punto de ser condenada por el delito de soborno y cuya versión sólo serviría para favorecer a Gette Ponce y revictimizar a María Paulina Ceballos. Sin embargo Martínez Pumarejo, alegando vulneración a su derecho de presunción de inocencia, argumentó que le parece sospechoso que su colega pueda tener conocimiento de una decisión judicial que sólo será divulgada el 31 de julio, cuando la juez 34 de conocimiento emita un fallo condenatorio o absolutorio respecto a él y a Gette Ponce.
Martínez Pumarejo cuestionó que Mercado González no hubiera acudido a la diligencia, sabiendo previamente de la convocatoria criticando que el debate se esté dando a través de los medios de comunicación y no en la baranda judicial. Así las cosas, queda planteada una nueva controversia jurídica: por un lado, Martínez Pumarejo advirtió del plan en su contra para denunciarlo por falso testimonio a fin de que le impongan medida de aseguramiento. Por el otro, Mercado González reveló la denuncia que radicará contra la fiscal Ana María Reyes aduciendo que ha prevaricado.
