Parlamento venezolano pide la destitución de magistrados
Hoy la oposición y el oficialismo protestan de nuevo en Caracas.
La mayoría opositora del Parlamento venezolano inició ayer un proceso para destituir a magistrados del máximo tribunal de justicia, que tiene escasas posibilidades de prosperar ante el poderoso muro institucional chavista.
El debate se centró en la acusación de que los jueces perpetraron un “golpe de Estado” contra el Legislativo, atado de manos pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en desacato en enero de 2016 y ha anulado todas sus decisiones.
“Nuestra lucha es por devolverle a la Asamblea sus competencias, el golpe de Estado no es solo contra la Asamblea sino contra el pueblo”, dijo durante el debate el presidente del Parlamento, Julio Borges, refiriéndose a la aguda crisis socioeconómica.
“Ustedes no pueden por ninguna razón (...) destituirlos sin violar la Constitución”, replicó Héctor Rodríguez, jefe de la bancada chavista, que llegó a mitad de la sesión. El dirigente también denunció un “golpe parlamentario” contra el presidente Nicolás Maduro.
Protestas
Los alrededores del Legislativo, en el centro de Caracas, fueron militarizados. Mientras que para hoy están convocadas manifestaciones de la oposición y el oficialismo en la capital.
Una protesta opositora que reunió a unas mil personas el martes degeneró en actos de violencia, que según sus organizadores dejaron medio centenar de heridos –uno baleado– y una docena de detenidos.
Ayer, enfrentamientos entre la policía y estudiantes de una universidad pública que protestaban contra el TSJ en San Cristóbal (estado Táchira fronterizo con Colombia) se saldaron con 21 lesionados.
La bancada opositora acusa a los jueces de “golpe” tras emitir, la semana pasada, dos sentencias con las cuales asumieron los poderes de la Asamblea y retiraron la inmunidad a los diputados.
Escasas posibilidades
Las probabilidades de remoción de los jueces son escasas, pues dependen del Poder Moral, integrado por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, cercanas al gobierno.
La fiscal general, Luisa Ortega, consideró los dictámenes del TSJ como una “ruptura del orden constitucional”, lo que abrió una fisura en el oficialismo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pidió ayer la renuncia de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que declaró una “grave alteración” de la democracia en el país petrolero.
