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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
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Mundo

Misión de ONU vincula a Maduro y ministros con “crímenes de lesa humanidad”

Las graves violaciones de derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por entidades de seguridad estatal en Venezuela.

Una Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

Los investigadores han recogido evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe) incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Crímenes de lesa humanidad

El patrón que han seguido las violaciones de derechos humanos y crímenes registrados en Venezuela desde 2014 corresponden a crímenes contra la humanidad, afirma el informe presentado hoy por la Misión Internacional de Investigación a la que la ONU encargó investigar lo ocurrido en este país.

Los crímenes identificados "fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad", según han concluido los investigadores que integran la Misión de carácter independiente.

Los crímenes identificados van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, en una serie de 223 casos que la Misión pudo investigar y documentar en detalle, a pesar de que el Gobierno venezolano le ha negado la autorización para que sus miembros entren al país.

Esos casos están relatados en un informe de 411 páginas elaborado por la Misión, que ha revisado un total de 2.891 casos para poder corroborar el patrón que han seguido estos crímenes en Venezuela, que, "lejos de ser aislados, fueron coordinados y cometidos conforme a políticas estatales".

Todo ello sucedió con el conocimiento o apoyo directo de comandos o de funcionarios de alta jerarquía, sostiene la Misión.

La población civil en general ha sido desde 2014 víctima de tales acciones, lo que, sumado a su carácter sistemático, acumula las razones para considerar que se trata de crímenes contra la humanidad.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, pidió que el Estado venezolano investigue estas violaciones, procese a los responsables, los sancione y haga justicia a las víctimas, que llevan varios años esperando a que las instituciones nacionales actúen.

En caso de que eso no ocurra, pidió que la comunidad internacional estudie iniciar acciones legales contra los responsables identificados en el informe y que el fiscal de la Corte Penal Internacional considere tomar cartas en el asunto

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