Una mayoría de magistrados interpretó que el consumo de droga no es crimen porque la ley actual, aprobada en 2006, ya lo despenalizó y los condenados por ello solo enfrentan castigos menores como la prestación de servicios comunitarios. Además, Toffoli apuntó al 'estigma' asociado a la criminalización, lo que puede alejar a los usuarios de pedir la ayuda que necesitan. Con todo, y frente a las críticas vertidas durante los últimos meses por legisladores de la mayoría conservadora en el Congreso, los magistrados insistieron en que no se está legalizando el consumo, una medida que compete al Poder Legislativo. La mayoría de los magistrados se puso de acuerdo en la necesidad de fijar una cantidad de marihuana para distinguir al usuario del traficante, quien sí enfrenta penas de prisión, porque la ley actual no lo establece. La ausencia de un límite abre las puertas a comportamientos arbitrarios por parte de la policía y de los jueces, lo que según los magistrados puede acarrear casos de discriminación que afectan principalmente a los negros pobres. “Queremos evitar esa discriminación entre ricos y pobres, queremos una regla que sea la misma para todos”, apuntó Barroso, durante una sesión la semana pasada.