El viernes por la noche, la corporación ya elevó el número de fallecidos de 25 a 28, sin dar mayores detalles. La acción tenía por objeto combatir el reclutamiento de menores por parte de una banda de traficantes, pero terminó convirtiéndose en la 'mayor masacre' policial en la historia de Río de Janeiro, según diversas asociaciones de Derechos Humanos. El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió en la víspera al gobernador de Río, Claudio Castro, y a otras autoridades de la región que 'esclarezcan las circunstancias' de la acción, ante las múltiples denuncias de abusos por parte de los agentes. Según relatos de vecinos y videos publicados en las redes sociales, durante la operación los agentes invadieron domicilios sin autorización judicial, dispararon a personas rendidas y confiscaron los celulares de los testigos. El gobernador Castro, dijo, por su parte, que la acción fue fruto de un 'largo y detallado trabajo de inteligencia' que se prolongó durante 'diez meses'. Sólo en el primer trimestre de este año 453 personas han muerto a manos de uniformados en Río, según datos oficiales.