Magdalena, otra vez a merced de los grupos paramilitares
La Fundación Paz y Reconciliación dice que la crisis de inseguridad es una responsabilidad del Estado.
La reciente masacre de una familia en la Zona Bananera fue la gota que derramó la copa en el accionar violento de grupos criminales que desde hace rato vienen desestabilizando el orden público y social en el Magdalena, especialmente en la zona norte.
Un suceso antecedido de otros con repercusión e impacto, como lo fue el asesinato de la lideresa social Lgbti Cristina Cantillo Martínez, ocurrido en diciembre del año pasado, y la amenaza de muerte a los integrantes de la mesa de víctimas del Magdalena el 9 de noviembre del 2021.
El triple homicidio de los Hernández De Armas, el pasado 8 de enero en el corregimiento Julio Zawady, no solo impactó por lo sangriento, sino porque rememoró épocas aciagas protagonizadas por los paramilitares en la década del 90, cuando a bala y machete tiñeron con sangre pueblos y veredas en un afán de poder y conquista del territorio.
Por esa alerta de hoy, expresada a viva voz por los campesinos, el gobierno departamental, en cabeza de Carlos Caicedo Omar, pidió al presidente de la República – como máxima autoridad en materia de orden público– “crear una burbuja de seguridad, articulando a todas las fuerzas”.
Sugirió, además, adoptar un plan especial para la Sierra Nevada de Santa Marta y la subregión Norte, con énfasis en la Zona Bananera, con el fin de enfrentar a la delincuencia organizada y ligada al narcotráfico.
El mandatario reveló que por información de inteligencia de investigadores expertos en seguridad, supo que “el incremento de la violencia en la subregión norte del Departamento tendría como responsables a los herederos del paramilitarismo”.
“Están fortaleciendo su actividad con el retorno de jefes que operaban en Santa Marta, Puebloviejo, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Algarrobo y Fundación”, precisó.
Añadió que “han creado un ambiente de zozobra y terror del que hoy es escenario la subregión norte”.
Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de Pares, dijo que en el contexto histórico esta zona del país ha estado permeada por un pasado azotado por el paramilitarismo, y que hoy, “por las investigaciones que hemos realizado, empiezan a tener un recrudecimiento”.
“Bandas criminales que resurgen e intentan cooptar las dinámicas terroristas”, sostuvo.
Indicó que el corredor entre Fundación y Aracataca, la Troncal del Caribe, el área metropolitana de Santa Marta y las cercanías a la Sierra Nevada yendo hacia la salida al mar son zonas propicias para el accionar delictivo.
“Lo que pasó recientemente en la Zona Bananera no es más que una expresión de disputa o necesidad de apropiarse del territorio a la que ya venían acostumbradas estructuras como por ejemplo Edgar Ariel Córdoba, alías 5-7, uno de los responsables de la masacre del Salado, y José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras, excomandante del Frente paramilitar William Rivas, del Bloque Norte, en los municipios de Ciénaga y Zona Bananera”, comentó.
Isaac Morales recalcó que existe un resurgimiento de las estructuras armadas ilegales en territorios estratégicos como el norte del Magdalena y dijo que seguramente van a seguir ocurriendo este tipo de masacres en municipios o corregimientos cercanos a la zona norte.
“Si no se toman acciones urgentes vendrá un recrudecimiento de la violencia con masacres y homicidios ejemplarizantes”,
Hizo hincapié en que “la crisis de inseguridad es una responsabilidad del Gobierno nacional” y reclamó medidas urgentes a través de los aparatos del Estado.
“El Magdalena es fundamental para la reactivación de las economías ilegales”, enfatizó el coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz y Reconciliación - Pares.
El antropólogo y defensor de los derechos humanos Lerber Dimas, protegido por el Estado, manifestó que hay una amenaza progresiva contra los líderes, a quienes han intimidado por correos electrónicos.
Señaló a integrantes del Clan del Golfo de querer cometer actos terroristas y atentar contra la vida de líderes sociales.
Manifestó que hay un listado con un buen número de amenazados.
“Hay un tema muy delicado con lo que ocurre en el territorio y es que hay un perfilamiento de líderes”, anotó.
Lerber Dimas aseguró que “hay una soledad institucional enorme frente a la defensa de los derechos humanos”.
El 8 de diciembre del 2021 fue asesinada Cristina Isabel Cantillo Martínez, una mujer trans, líder social de la comunidad Lgbti en Santa Marta. Era el tercer atentado que le hacían.
Además de ser una defensora de los derechos de su población, orientaba procesos de reclamaciones de tierra a través de la fundación Calidad Humana.
El 9 de noviembre del 2021, los integrantes de la Mesa de Víctimas del Magdalena denunciaron amenazas ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de Santa Marta.
La intimidación les llegó a unos por correo electrónico y a otros de manera física. La Mesa la conforman 26 personas.
El mensaje amenazante se lo atribuyen a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Allí se declara como objetivo militar a los líderes sociales tanto “viejos y nuevos” y advierte que “no se tolerará más apoyo a la corrupción en el departamento y la ciudad”.
En la noche del 7 de enero del 2022 Jorge Hernández, su esposa Patricia Margarita De Armas, quien estaba embarazada, y su hijo menor de 14 años fueron asesinados.
El triple homicidio ocurrió en la vivienda de la familia ubicada en la vereda El Salón, jurisdicción del corregimiento Julio Zawady, Zona Bananera. Los sicarios fueron hombres que irrumpieron disparando a diestra y siniestra.
El gobierno departamental formuló las siguientes peticiones:
- A la Fiscalía General de la Nación, indagar las denuncias que hace la ciudadanía acerca de la reincidencia de exparamilitares y que estos actores armados pierdan los beneficios de Justicia y Paz otorgados en el proceso de sometimiento.
- En defensa de la población civil y en exigencia al derecho a la vida, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, haga intervención especial e inmediata a los menores víctimas de los homicidios.
- Que las autoridades militares y de Policía tengan un control de armas en la subregión norte y todo el corredor de la Troncal del Caribe, el cual sigue siendo la arteria vial a través de la cual los actores criminales y del narcotráfico operan.
- Poner en marcha un plan de protección especial para las poblaciones del Departamento, integradas por el sector empresarial, comercial, líderes sociales, docentes y comunidad campesina, quienes vienen siendo víctimas del accionar criminal de la disidencia paramilitar.
