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Recompensa por $30 millones por asesinos de líder social del Magdalena

El coronel Gustavo Berdugo, dijo que para avanzar más rápido con las investigaciones del caso, desde la Policía Nacional se designó un grupo élite.

Suministrada
Suministrada
Maritza Quiroz Leiva, líder asesinada. Suministrada
Por: Agustín Iguarán @AgustinIguaran

El coronel Gustavo Berdugo, dijo que para avanzar más rápido con las investigaciones del caso, desde la Policía Nacional se designó un grupo élite.

Para avanzar en la investigación y poder dar con los responsables del asesinato de la suplente de la Mesa Distrital de Víctimas, Maritza Quiroz, ocurrido el pasado domingo en la madrugada, la Alcaldía de Santa Marta y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta $30 millones de pesos para quien entregue información sobre los autores de este atroz crimen.

La decisión se tomó durante un consejo de seguridad extraordinario que lideró el Distrito, en cabeza del secretario de Seguridad (e) Adolfo Bula, con presencia de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía seccional Magdalena, el CTI, la Personería, la Defensoría, miembros de la Mesa de Víctimas y líderes sociales.

El funcionario precisó que este hecho “es un atentado contra las víctimas y contra el proceso de restitución de tierras en la ciudad”. 

Asimismo, señaló que el alcalde Rafael Martínez dispuso a todo el gobierno para contribuir de manera decisiva en que las víctimas tengan el respaldo, la defensa y la protección que necesitan para no tener más hechos que lamentar. 

El coronel Gustavo Berdugo, comandante de la Policía Metropolitana, informó que para avanzar más rápido con las investigaciones, desde la Policía Nacional se designó un grupo élite que solo se dedica a estos casos con víctimas y población vulnerable. Además, la Fiscalía también tendrá un  grupo o equipo especial para dar con los autores intelectuales de este delito.

Voces

El asesinato de Maritza Quiroz Leiva unió voces de rechazo en las que todas exigen respeto por la vida. El alcalde samario, Rafael Martínez, expresó que “ninguna razón justifica el accionar de los violentos”. “Este es un país que transita los caminos hacia la paz”, anotó.

Añadió que “desde el Gobierno distrital reiteramos el apoyo incondicional a los integrantes de las mesas de víctimas y manifestamos nuestra decidida participación para garantizar la seguridad de todos”. Por otro lado, la secretaria de Promoción Social del Distrito, Ingris Padilla, también rechazó el crimen y recordó que “las mujeres somos dadoras de vida y generadoras de paz y bienestar”. “Pedimos garantías para sus hijos y familiares”, comentó.

Esquemas de seguridad para líderes

La Corte Constitucional aseguró que las entidades estatales deben estudiar cada uno de los casos de líderes sociales que necesiten esquema de seguridad para salvaguardar su vida.

La determinación la tomó el alto tribunal tras el estudio de una acción de tutela que interpuso José Luis, un desmovilizado de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno nacional y la Corriente de Renovación Socialista. Tras su desmovilización el hombre se desempeña como líder social y gestor de paz en el municipio de Tierralta, Córdoba.

Por su labor, el hombre se convirtió en blanco de amenazas que recibió tras su desmovilización, por lo que fue necesario que se radicara en Bogotá para salvaguardar su vida y la de su familia. Sin embargo, en 2012 regresó a su tierra natal, con un esquema de seguridad que fue aportado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según José Luis, pese a que contaba con un esquema de seguridad, en diciembre de 2015 nuevamente recibió amenazas vía telefónica y a través de redes sociales. Si bien los entes estaban alertados de las amenazas en contra del líder social, en junio de 2016 la UNP analizó nuevamente la situación de seguridad y este arrojó como resultado “un riesgo ordinario”, razón por la cual la UNP ordenó retirar gradualmente el esquema. Tras esto, José Luis interpuso una acción legal, en 2017 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Sala Disciplinaria, declaró improcedente la acción de tutela. Inconforme con la decisión apeló y pasó a segunda instancia en donde verificaron una a una las pruebas aportadas. 

 

 

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