“No hemos dormido para cuidar lo que nos quedó”: afectados por alud
Autoridades en Santa Marta trabajan para evitar “colados” que quieren sacar provecho de la tragedia en el barrio San Martín.
Una pesadilla que parece no terminar es la situación por la que atraviesan los moradores del barrio San Martín, en el norte de Santa Marta, luego del alud de piedras que hubo en el cerro Ancón.
Rafael Antonio Meza, de 64 años, asegura que tiene más de 24 horas sin dormir, debido a que se quedó cuidando los pocos enseres que con esfuerzo ha comprado
El desplome de rocas gigantescas provocó la muerte de una mujer de 72 años, dejó lesionado a otro hombre y afectó a por lo menos 154 personas.
“El primer derrumbe fue de una roca grande. Yo estaba al frente de mi casa y vi cómo se partió en dos. Al instante cayó la segunda que mató a la señora”, dijo el comerciante de empanadas, quien mandó a su esposa a dormir a la casa de una amiga en el barrio 20 de Julio.
Una situación similar pasó Ingrid Johana Conrado Castro, de 27 años, quien armó un cambuche en la Vía Alterna al Puerto para pasar la noche en compañía de su esposo y cuidar lo poco que quedó en su casa.
“Dormimos aquí, temiendo que los dueños de lo ajeno se llevaran lo poquito que hay en la casa. Todo fue muy feo y nunca imaginamos que la casa terminaría debajo de las rocas”, comentó.
La mujer, quien labora vendiendo refrescos en la zona, pide al Gobierno Distrital materializar las promesas de solución de la problemática.
“Ayer nos trajeron merienda, hoy nada. Se han olvidado de nosotros. Pedimos que si nos van a reubicar nos ayuden, no que se quede en promesa”, comentó.
Y es que desde primeras horas de este lunes, los organismos de socorro han realizado un barrido casa a casa para tener un censo detallado de las personas afectadas por los derrumbes.
Evitan los ‘colados’
El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre, Jaime Avendaño, explicó que trabajan en dos frentes con esta problemática: censar a los damnificados y evitar que ‘colados’ aprovechen la coyuntura para beneficio propio.
“Evitaremos que entren colados, hay gente que está reclamando lo que no debe, con la comunidad hicimos un trabajo juicioso casa por casa y la misma comunidad sabe quiénes son los afectados y los beneficiados”, dijo Avendaño.
Aunque la comunidad comentó que habían escuchado el presunto uso de explosivos en la parte alta del cerro Ancón, el jefe de la oficina de Desastres descartó esa hipótesis.
“No tenemos denuncias ni conocimiento del uso de explosivos, los explosivos están controlados y no se puede usar sin ningún permiso del Ejército”, comentó.
Indicó que una de las posibles causas del deslizamiento de rocas fue la socavación del cerro en la parte baja por parte de la comunidad para seguir construyendo viviendas, la época de lluvias y las vibraciones que ocasionan los vehículos de carga pesada en la vía Alterna.
“Hoy tenemos un acompañamiento de un grupo de ingenieros, estamos esperando que nos apoye el grupo de ingenieros del Ejército para establecer acciones que permitan eliminar el escenario de riesgo, podría ser, intervenir poco a poco con cemento expansivo o con maquinaria amarilla para eliminar la inestabilidad presente en el cerro y retirar todo este material que está aquí, que son casi 17.300 metros cúbicos”, dijo el funcionario.
Piden soluciones
Mónica Esther Fernández, de 52 años, es una vendedora de cervezas en la Bahía de Santa Marta, que vio como en menos de 24 horas todo el esfuerzo de una vida se derrumbó.
La avalancha destrozó su casa, ubicada al pie del cerro el Ancón, y ahora no tiene claridad sobre lo que va a hacer.
“Me tocó dormir donde una vecina, en mi casa hubo pérdidas total. Yo tenía muchos nervios de que volviera a ocurrir eso en la madrugada, le pido a Dios que se apiade de nosotros, que no tenemos donde estar y donde vivir”, comentó.
Ante esta situación, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, entregó ayudas humanitarias, consistentes en subsidio de arriendo, kits de alimentos, kits de aseo, colchonetas y enseres, a las 154 personas que resultaron afectadas, entre ellas 93 adultos y 64 menores.
En el Puesto de Mando Unificado -PMU-, ubicado en la zona afectada permanecen en atención y monitoreo funcionarios de la Ogricc, las Secretarías de Gobierno, Seguridad, Salud, Promoción Social, de la Mujer, del Dadsa y la Udep ambiental, además del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía y el Ejército.
