El Heraldo
Magdalena

Iglesia, a pagar por la tragedia de Fundación

Tras ser hallada responsable de muerte de 33 niños, Iglesia Pentescostal deberá pagar más de $25.000 millones a familiares de las víctimas.

Tras ser encontrada como responsable de la muerte de 33 niños en la conflagración de una buseta el 18 de mayo del 2014 en Fundación, la iglesia Pentecostal Unidad de Colombia fue sentenciada por el Tribunal Administrativo del Magdalena a pagar más de $25 mil millones de reparación a los familiares de las víctimas.

Por el contrario, el fallo absuelve de dicha decisión al Ministerio de Transportes, al municipio de Fundación, al Distrito de Barranquilla y la Policía Nacional, entidades que también fueron demandadas por la parte afectada.

La suma que tasó el Tribunal en ejercicio fue de 27.805 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos $25.261.565.430, la cual deberá ser entregada al fondo para la protección de los derechos colectivos a fin de pagarle a los integrantes de los grupos de familias que sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia de la muerte y lesiones de los infantes.

Durante la investigación del material probatorio entregado por la defensa y los hechos, esta autoridad comprobó que la buseta incendiada fue contratada por un miembro de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia para llevar a los niños a sus casas después de haber asistido a unas clases, y dicho vehículo no contaba con revisión técnico mecánica desde el 5 de mayo del 2012, ni seguro obligatorio desde el 13 de abril del 2012, además tenía la tarjeta de operaciones cancelada y desvinculada por la empresa Cooperativa Norteña de Transportes Integrados Coonor.

Por otra parte, pese a que la iglesia Pentecostal Unidad de Colombia no hizo un contrato, sino un supuesto ofrecimiento para una labor social, para el Tribunal asumió la posición de garante frente a unos 60 niños sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los infantes, y no utilizó un medio de transporte idóneo o por lo menos que cumpliera con los requerimientos legales básicos.

Es importante recordar que la explosión y posterior incendio de la buseta de placas UVS-556 en la que murieron 33 niños y un adulto, y resultaron lesionados otros 13 menores, se dio por la manipulación de gasolina dentro de la buseta por parte del conductor.

Fundación debería estar en la condena

Con relación a la decisión judicial Carlos Mauricio Ramírez Gaitán, abogado penalista y defensa de los señores Jaime Gutiérrez, conductor de la buseta y del líder espiritual, Manuel Salvador Ibarra, habló con EL HERALDO sobre el fallo contra la iglesia Pentecostal Unidad de Colombia y refirió que el municipio de Fundación y la Alcaldía también deberían responder por la tragedia.

“Respetuoso de esta decisión pero no la comparto, así como se llamó a responder la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, también debió condenarse de manera solidaria al municipio de Fundación, toda vez que el municipio también por medio de sus organismos de control debieron brindar la atención correspondiente al control del tránsito de estos vehículo que ruedan en esa jurisdicción”.

El jurista agregó que desde su criterio jurídico el municipio debería responder pecuniariamente, para no solo descargar la responsabilidad en la iglesia.

“Creo que también debería responder pecuniariamente el municipio en mi criterio jurídico, porque también están en posición de garantías de los vehículos que ruedan en mal estado”, expresó el abogado Ramírez Gaitán.

Así las cosas, el abogado sostiene que se debe acatar dicha decisión y esperar a que se revise por parte del Consejo de Estado la nueva sentencia.

“Hay que dejar en claro que esta decisión es en primera instancia la que ha proferido el Tribunal Superior del Magdalena, por lo que se podría impugnar y ser el mismo Concejo de Estado en última instancia el que defina”.

Finalmente, ante la situación judicial de sus defendidos el jurista respondió que este fallo no los afecta desde ningún punto.

“No para nada, es una decisión que tiene que ver con lo contencioso administrativo, en el aspecto penal nos encontramos en un trámite de reparación integral, ya que los ciudadanos pidieron perdón público”, dijo Ramírez Gaitán.

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