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Vía libre a alcalde samario para liquidar la concesión de recaudo de impuestos

En sentencia del 16 de octubre pasado, la Corte Constitucional revocó tutelas que frenaban que el Distrito de Santa Marta continuara el proceso de recuperación de la soberanía fiscal.
Santa Marta tiene una población aproximada de 500.000 habitantes. El principal problema es la cobertura de agua, que se agrava con el crecimiento sin planificación.
En sentencia del 16 de octubre pasado, la Corte Constitucional revocó tutelas que frenaban que el Distrito de Santa Marta continuara el proceso de recuperación de la soberanía fiscal.

SANTA MARTA. La Sala Plena de la Corte Constitucional habilitó a la administración Distrital de Santa Marta para continuar con el procedimiento de terminación unilateral del contrato que en el año 2002, y por 20 años,  fue suscrito con la sociedad Recaudos y Tributos S.A., R&T, para que se encargara de la  gestión tributaria de la ciudad (predial e industria y comercio ).

Mediante sentencia SU-772 del 16 de octubre pasado –conocida por EL HERALDO– , firmada por siete de los nueve magistrados que conforman la Sala y con ponencia de Jorge Pretelt Chaljub, fueron revocados los fallos de tutela dictados a favor de R& T,  los cuales le impedían al gobierno local seguir con la actuación administrativa que inició a comienzos del  2012 para  recuperar la soberanía fiscal.

En el  expediente se declara la improcedencia de las acciones de tutela interpuestas por dicha empresa, falladas a su favor entre mayo y junio del 2012, dejando sin efectos la resolución 039 del 2012 por medio de la cual el Distrito iniciaba la actuación administrativa tendiente a revisar la legalidad del contrato que se suscribió en el 2002.

La empresa R&T, propiedad del  grupo español Inassa,  argumentó presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso en el marco de la revisión del contrato, siendo concedido el amparo por los titulares de los juzgados Quinto Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito.

Las sentencias le ordenaron a la Alcaldía abstenerse de disponer dicha terminación en sede administrativa, pues la única vía jurídica posible para finalizar el citado contrato, según las decisiones de tutela, sería ante la justicia administrativa por el contencioso de controversias contractuales.

El fallo

Al fallar la Corte Constitucional la revocatoria de las tutelas antes anotadas, se le dice a la Alcaldía de Santa Marta que tiene plena competencia para dar por terminado el mencionado contrato (092 del 2002), sin que ello configure una vulneración del debido proceso administrativo.

En la sentencia el máximo Tribunal, concluyó que:
“(…) el inciso 2° del artículo 45 de la ley 80 de 1993, expresamente faculta a la Administración para que declare la terminación unilateral de un contrato cuando concurran alguna de las causales de nulidad absoluta previstas en los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 44 de la misma ley”.

Y añadió:

“Una interpretación literal de tal disposición en conjunto con la causal de nulidad absoluta tipificada en el numeral 2 del citado artículo 44, lleva a concluir, sin lugar a dudas, que la administración puede disponer la terminación unilateral de un contrato, cuando encuentre acreditado que éste se haya suscrito contra expresa prohibición constitucional o legal”.

Soberanía tributaria, una lucha. Así las cosas, la justicia le dio la razón al alcalde Carlos Caicedo Omar, quien desde el primer día que asumió el cargo, expresó su intención de recuperar la soberanía tributaria.

La administración distrital siempre consideró la  ilegalidad manifiesta del contrato con R&T y los altísimos costos en que se incurría por virtud del mismo y fue por ello que con la resolución 039 de 2012 inició el procedimiento administrativo tendiente a terminarlo unilateralmente.

EL HERALDO conoció que  el gobierno local procederá de inmediato a reactivar el procedimiento administrativo de terminación unilateral definitiva del contrato y adoptará las decisiones que el ordenamiento jurídico y el bienestar general impongan.

El contrato con R&T fue firmado por el entonces alcalde Hugo Gnecco.

Al respecto, el alcalde Carlos Eduardo Caicedo dijo desde que asumió que en dicho contrato se establecieron unos porcentajes de ganancia muy altos para los privados que dejaron en desventaja a la ciudad, que van desde el 7 hasta el 13% del total recaudado. 

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