En video | “No queremos un carro, sino seguridad”, dicen líderes sociales del Magdalena
En el sepelio de Maritza Quiroz Leiva, quien fue suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, otros abanderados del departamento manifestaron sentirse amenazados.
Sin discursos ni arengas, pero con alabanzas, fue sepultada en el camposanto Jardines de Jerusalén, al oriente de Santa Marta, la lider social Maritza Quiroz Leiva, asesinada el fin de semana en su casa, ubicada en la vereda San Isidro, en las estribaciones de la Sierra Nevada.
Por decisión de la familia se pidió a los asistentes al sepelio no vociferar, pero sí que se entonaran himnos de adoración a Dios. El pastor Pedro Villalba de la Iglesia de Dios Ministerial, dirigió los cánticos.
Luego de terminadas las exequias, los familiares de la dirigente afro y suplente de la Mesa de Víctimas del Distrito, al igual que líderes sociales del Magdalena, se trasladaron al casino de la Policía Metropolitana, donde se reunieron con el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Pablo Elías González.
En el recinto, el funcionario quedó sorprendido por la cantidad de líderes en esta zona del país que manifestaron estar amenazados, pues en su agenda solo tenía nueve.
La líder afro y coordinadora de la mesa municipal de víctimas de Ciénaga, Ana Buelvas Cañate, le reclamó al director de la UNP, Pablo Elías González, mayor atención a quienes en una u otra forma defienden los derechos de los campesinos y de las víctimas del conflicto.
Con vehemencia y delante de las principales autoridades del Departamento y el Distrito, le dijo que lo que busca con su tarea es que “el Estado me garantice la seguridad, la de mi comunidad y la de mi familia”.
“Nosotros no estamos interesados en que nos den un carro, queremos es que nos brinden protección, porque después que me asesinen… ya ¿para qué?”, enfatizó.
Sugirió al funcionario estatal que es necesario que se produzca una modificación del protocolo de las víctimas.
El director de la UNP, Pablo Elías González, le dijo a los líderes sociales y representantes de las víctimas en el Magdalena que se va a iniciar una serie de procedimientos para establecer quiénes están amenazados y requieren protección, por ello el jueves se trasladará a esta ciudad una comisión encargada de recibir las entrevistas para iniciar las rutas de protección.
“Ya tomamos algunas medidas extraordinarias, que son reservadas, pero lo que si podemos informar es que comenzamos a implementar unas rutas de protección individual y colectivas, sobre todo a comunidades afro”, anotó.
Manifestó que Maritza Quiroz, como los otros cinco líderes sociales en el país, “no tenían amenazas o sea que ni ellos mismos detectaban su situación de riesgo”.
Se supo que una de las medidas excepcionales que se tomaron en la reunión de Santa Marta fue proteger al hijo de Maritza que milagrosamente se salvó de morir junto con su madre, porque ésta le dijo que se escondiera.
Pablo Elías González advirtió que como van las cosas y si sigue la ola de amenazas y crímenes el presupuesto para protección quedará corto.
También hizo saber que se está avanzando en la evaluación de la situación de riesgo de las personas protegidas para retirar los esquemas que hoy son innecesarios.
Procuraduría urge
El ente pidió al Gobierno nacional convocar de manera urgente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que se evalúen las acciones a tomar.
El procurador Fernando Carrillo advirtió el “fracaso de los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones” y lamentó la situación: “Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó, Antioquia, sigan sin cumplirse”.
Por ello, pidió al Gobierno y a los organismos de protección e investigación adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país, y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados.
Así mismo, criticó el hecho de que el país "siga sin contar con una fuente que centralice y valide las cifras de esta tragedia nacional".
6 líderes asesinados en lo que va de 2019
El alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, manifestó su repudio al asesinato de seis líderes sociales en lo que va corrido de 2019 y pidió acciones por parte de las autoridades judiciales.
De acuerdo con Barbosa, las autoridades deben emprender una lucha en contra del Ejército de Liberación Nacional (Eln), el narcotráfico y la minería ilegal, que son los causantes de este tipo de crímenes y “han puesto contra la espada y la pared a los líderes sociales”.
El funcionario añadió que se estableció un plan de acción oportuna y se va a construir una política pública con las organizaciones sociales, para tratar de enfrentar este fenómeno que desde hace varios meses se viene presentando en los distintos municipios de Colombia. “Por lo pronto, estamos en los territorios con toda nuestra institucionalidad enfocada en protegerlos”, agregó.
