El Heraldo
La presencia militar en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta es permanente.
Magdalena

Asesinato de ambientalistas aviva “guerra” de grupos criminales por la Sierra Nevada

Tras la desmovilización del frente Tayrona del exjefe paramilitar Hernán Giraldo, estructuras criminales como ‘los Pachencas’ se disputan el territorio para narcotráfico, boleteo, extorsión y atracos.

El asesinato de los bogotanos Rodrigo Monsalve y Nathalia Jiménez, ocurrido el 20 de diciembre en la región de Perico Aguao, jurisdicción de Guachaca,  fue la leña que avivó más la hoguera en torno a la  retoma de la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe por parte de actores armados ilegales y delincuencia común.

El doble crimen de los ambientalistas, por el que están capturados Jader Lozano, Andrés Socarrás y Luis Rodríguez, provocó el rechazo e indignación del país. Ocurrió el 20 de diciembre pasado cuando la pareja viajaba a Palomino en luna de miel.

Luego de ser interceptados, procedieron a asesinarlos y sus cuerpos fueron hallados días después con capuchas y un disparo en la frente, en la playa de Perico Aguao, en Guachaca.

Los tres capturados, que fueron enviados a la cárcel, tenían en su poder dos armas de fuego (un revólver y una pistola), dos cámaras fotográficas, prendas de vestir y cosméticos que serían propiedad de las dos víctimas que viajaban en una camioneta que apareció abandonada en el municipio de Uribia, en la Alta Guajira.

Durante la audiencia de imputación de cargos, los señalados confesaron que el móvil fue el atraco.

“La idea era robar un carro en la Troncal y venderlo en  La Guajira. Allá nos iban a dar 5 millones de pesos”, reconoció Giovanni Abelardo Ortiz Calderón, uno de los capturados.

“Giovanni cogió el arma, se acercó al muchacho y le disparó en la cabeza”, narró el fiscal sobre el asesinato de Rodrigo Monsalve.

El venezolano Freddy José García Ortega, muerto.

Se desata  la “guerra”

La percepción de seguridad  tras la desmovilización en febrero del 2006 del frente Resistencia Tayrona, al mando de Hernán Giraldo Serna, se fue diluyendo con el tiempo.

Y es que desde ese mismo año,  a la fecha,  13 estructuras paramilitares y delincuencia común se han conformado y han ido sectorizando el macizo intertropical para adquirir poder territorial y hacer de este un escenario propicio para el narcotráfico y refugio del boleteo, los atracos y la extorsión.

En los últimos 16 años, han estado grupos de delincuencia organizada como la Oficina Caribe (leales a los Giraldo), las Águilas Negras, el  Bloque Cacique Arhuaco, Los Mellizos, el Bloque Los Nevados, Los Paisas, el Clan del Golfo,  la Oficina de Envigado, Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Pachencas y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Asimismo, dos estructuras más, una organizada del narcotráfico, comandada por alias La Silla, y otra el Clan de Los Rojas, que durante mucho tiempo hizo presencia en Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera y Fundación. “Hoy persisten, pero están más caracterizados, más visibilizados y con una estrategia conjunta de ataque frontal”, anotó la secretaria del Interior del Magdalena  y magíster en Derechos Humanos, Norma Vera Salazar.

La muerte con ‘tiro de gracia’ de la pareja bogotana (Nathalia y Rodrigo) ha conmocionado tanto al país, como otros homicidios ocurridos  este año.

 El 6 de enero, Maritza Quiroz Leiva, suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres víctimas  de desplazamiento afro en la zona rural, fue ultimada a tiros por desconocidos que irrumpieron en su finca y dispararon contra su humanidad, después que les abriera la puerta de la casa, tras pedirle a su hijo de 22 años que se escondiera.

El hecho se registró a las 3:00 de la madrugada, en una finca de la vereda San Isidro, en las estribaciones de la Sierra Nevada.

El 14 de enero fue asesinado Wilton Fauder Orrego León, contratista del Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque llegó con signos vitales al hospital de Santa Marta falleció. El atentado se perpetró en la vereda Perico Aguao.

El 12 de febrero sicarios dispararon contra Juan Carlos Pedrozo, gerente de recursos humanos de la empresa Daabón. Lo asesinaron  cuando se movilizaba en su camioneta en jurisdicción de Buritaca tras visitar un plantío de banano.

El 30 de mayo, la víctima fue Luis Joaquín Trujillo, presidente de la Junta de  Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol, localizada en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue asesinado de varios impactos de bala en la vereda Los Linderos.

En noviembre pasado fue capturado en Melgar, Tolima,  Leandro Jhonatan Lara, alias Barbas, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pachencas’ que habría ordenado el asesinato de Trujillo.

En su momento el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel Juan Carlos Aparicio, reveló que alias Barbas o Leandro,  además de ser el fundador y jefe de finanzas del grupo delincuencial ‘Los Pachenca’, se desempeñaba como enlace activo entre esta organización criminal y el ‘Clan del Golfo’.

Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, asesinados en atraco.

Alerta temprana

Norma Vera  Salazar reconoce que existen acciones que atentan contra la estabilidad del territorio, lo cual quiere  decir  que no hay dudas de que existen los escenarios de riesgo que describen las alertas tempranas.

Sostiene que lo que ha venido sucediendo “es un ocultamiento sistemático del problema , lo que hizo que este “se potencializara, se fortaleciera y avanzara”.

“Bajo esta radiografía y el conocimiento que existe sobre el terreno y las dinámicas, mal haríamos en decir que las alertas tempranas no son ciertas porque en efecto, la realidad social nos dice que sí lo son y la verificación en terreno, también”, precisa.

Vera asegura que este auto reconocimiento –que es una debilidad al interior de las instituciones– le permitió a la Gobernación del Magdalena avanzar en estrategias y coordinación para mitigar y restarles espacios a los violentos.

En un encuentro celebrado con líderes espirituales de la comunidad indígena Kogui, arraigada en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Defensoría del Pueblo hizo entrega de la alerta temprana emitida a los pueblos aborígenes ante posibles riesgos y amenazas por la presencia de organizaciones armadas ilegales en los municipios de Santa Marta y Ciénaga, en Magdalena, y Dibulla, en La Guajira.

De acuerdo con la alerta, la organización al margen de la ley que representa una potencial amenaza para la población es el grupo denominado ‘Los Pachencas’, conformado en su mayoría por exintegrantes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia que actuaban en la región bajo el mando de Hernán Giraldo.

Según el documento, los resguardos que podrían ser objeto de alguna acción violenta y por los que se pide mayor acompañamiento de parte de las autoridades son los pueblos Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamo que habitan en el sistema montañoso.

Oferta institucional

La politóloga con estudios en geopolítica y gobernanza global y experta en seguridad urbana y crimen organizado, Priscila Zúñiga Jiménez, sostiene que la Sierra Nevada es  una zona de especial observancia y no se define como un territorio consolidado por tres factores fundamentales:

La presencia comprobada y diagnosticada de un actor armado ilegal que lleva más de tres décadas.

La supervivencia de las economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando de gasolina y la ruta de movilidad para los ilegales.

El hecho de que el Estado no haya podido con su oferta institucional, lo que hace que las comunidades sigan a merced de las estructuras ilegales.

Enfatiza en que la poca presencia institucional hace que sea muy fácil el reacomodamiento de los grupos ilegales.

Zúñiga Jiménez planteó al gobierno armar una estrategia o un gran pacto para recuperar el territorio con tres componentes: el militar, articulado con lo policial y judicial.

El económico, que implica bajar toda la oferta institucional con ayuda internacional y teniendo como soporte la agricultura y el turismo.

Tres, el social, consistente en la recuperación del tejido comunitario, esto con ayuda del Gobierno nacional.

A su turno, Norma Vera afirma que  la presencia institucional es fundamental para devolver la tranquilidad y restaurar el orden que pretenden acabar los violentos.

“No descartar la condición de líder ambiental”

Los familiares de Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, en compañía del gobernador del Magdalena, Carlos Caícedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, pidieron a la Fiscalía General de la Nación no descartar la condición de líder ambiental de Nathalia en la investigación que llevan a cabo para esclarecer el doble homicidio ocurrido en el sector de Perico Aguao.

Sobre la hipótesis del hurto del vehículo, el gobernador comentó que por la Troncal del Caribe pasan autos de mayor gama que en el que se movilizaban las víctimas, por lo que no está convencido de esa teoría.

“Para nadie es admisible que un hurto lleve a amordazar a las personas, a amarrarlas, a ponerles capucha,   a torturarlas, este hecho no está a juicio de nosotros a un hecho de esta naturaleza, hemos pedido que la investigación no descarte hipótesis y su condición de líder ambiental”.

La alcaldesa Virna Johnson comentó que trabajará con todas las autoridades competentes para llegar al fondo de lo sucedido.

“Pedimos que no se deje al lado que era una líder ambiental. El Distrito seguirá realizando inversiones en educación, cultura y deportes, para prevenir los delitos”, dijo.

Facebook
Twitter
Messenger
Whatsapp
Convierta a El Heraldo en su fuente de noticias
X
COMO REPORTAR A WASAPEA
1. Agrega a tu celular el número de Wasapea a EL HERALDO: +57 310 438 3838
2. Envía tus reportes, denuncias y opiniones a través de textos, fotografías y videos. Recuerda grabar y fotografiar los hechos horizontalmente.
3. EL HERALDO se encargará de hacer seguimiento a la información para luego publicarla en nuestros sitio web.
4. Recuerda que puedes enviarnos un video selfie relatándonos la situación.