‘Pico y pase’ para renovar licencia de conducción
Desde el 1o. de febrero arranca en el país la atención a usuarios de acuerdo con el último dígito de la cédula y el mes.
Debido a la congestión que se presentó durante el proceso de renovación de pases de conducción en todo el país, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, decidieron aplicar ‘pico y pase’ para atender la demanda de miles de usuarios y evitar las enormes filas de las semanas anteriores.
La medida empezará a aplicarse desde el próximo sábado primero de febrero y se extendería hasta el mes de noviembre.
“Buscamos garantizar la eficiencia al momento de prestarse el servicio”, enfatizó ayer la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa.
A nivel nacional, aproximadamente existen tres millones de licencias vencidas, de las cuales 200 mil corresponden a Bogotá y Cundinamarca y 11.700 a Barranquilla y su Área Metropolitana.
El período de renovación, denominado ‘Pico y Pase’, será de diez meses: de febrero a noviembre.
El mecanismo de registro se realizará con el último dígito de la cédula y el número del mes, por lo que el ciudadano podrá saber cuál es su fecha límite para adelantar la renovación.
La programación. Por ejemplo, para este mes de febrero acudirán los usuarios cuyas cédulas terminan en dos (2). En cuanto a marzo, tendrán que ir los terminados en tres (3) y así sucesivamente.
Aquellos, cuyas cédulas terminan en cero, les corresponderá efectuar el registro en el mes de octubre y a los que concluyan en uno, para noviembre.
En Barranquilla, en el proceso de renovación no se han registrado congestiones, de acuerdo con la información otorgada por los gerentes de los Centros de Reconocimiento de Conductores.
Actualmente, existen diez centros que tienen capacidad para expedir y cargar 670 certificados diarios de aptitud física y psicomotriz, que es uno de los requisitos que se exige para la renovación del documento.
Debido a la desinformación que hay sobre el tema, los conductores deben consultar en la página web www.runt.com.co, para verificar el estado de sus licencias.
Igualmente, podrán acudir a cualquiera de las sedes de atención ubicadas en el Centro Comercial Americano y Prado, donde estarán habilitadas dos ventanillas de atención por oficina, de 8 a.m. a 5 p.m. en jornada continua y Cordialidad de 7 a.m. a 4 p.m. jornada continua y los sábados de 8 a.m. a 12 meridiano.
Regulan costos de exámenes. En días pasados, los conductores estaban pagando dos y tres veces más por los exámenes psicofísicos para renovar su licencia. Por esto, el Ministerio de Transporte decidió controlar los precios que están imponiendo los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC).
La tarifa actual del examen médico para acceder a un pase varía entre $80.000 y $120.000. Sin embargo, los CRC cobran mucho más que esto. Con la medida, el Ministerio entregaría una tarifa única o un rango para que los usuarios no paguen más de lo que corresponde, el cual se podría dar a conocer el viernes.
Si los CRC no cumplen la regulación del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte podría abrir nuevas investigaciones de las once que ya tiene en curso. Las multas podrían ir de 1 a 500 salarios mínimos.
“Gracias a un artículo de la nueva ley de Seguridad Vial, legalmente tenemos la potestad para regular estas tarifas”, dijo el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán.
Agregó que los que ya pagaron se ajustaron a las medidas legales de su momento, por los que no se les devolverá el dinero.
Tras la protesta realizada por la Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, para exigir la gratuidad de las licencias de conducción, el Ministerio de Transporte explicó por qué este trámite si se debe cobrar.
Según el Ministerio, la Ley que obliga a la sustitución de licencias de conducción de manera gratuita no especifica que se deban renovar licencias vencidas. Igualmente, la sentencia de la Corte Constitucional no establece la gratuidad de licencias de conducción vencidas.
“Respecto al oficio de la Defensoría del Pueblo: se trata de una respuesta a un derecho de petición formulado por la representante a la Cámara, y por lo tanto una interpretación individual que un funcionario público hace, no es de obligatorio cumplimiento y solo se trata de un criterio de interpretación”, asegura la entidad.
