La venta del Centro Comercial Villa Country en Barranquilla por $3.644 millones menos de su valor real, en contravía de las normas que rigen la administración de bienes extinguidos, motivó a la Contraloría General de la República a abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el exliquidador de Promocon, Camilo Bula, y los directivos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Bula, quien fue removido de su cargo el 11 de enero, por supuestas irregularidades en el manejo de los bienes de la Dirección de Estupefacientes, fue quien firmó la venta de Villa Country a Inversiones Eilat Ltda, de Leo Eisenband Gottlieb.
Para el ente de control hay suficiente mérito para abrir un proceso contra el exliquidador de Promociones y Construcciones del Caribe y Compañía S.A. y a algunos directivos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por presuntas irregularidades en el pago de honorarios y la venta de inmuebles que venían siendo administrados por el Fondo de Rehabilitación, Inversión social y Lucha contra el crimen organizado (Frisco).
Sobre el Centro Comercial Villa Country en Barranquilla, señala el informe de la Contraloría General de la República que “fue vendido por un valor inferior a su avalúo catastral, en contravía de las normas que rigen la administración de bienes extinguidos. Dicho daño se tasó en $3.644 millones”.