Cuando los habitantes de Nueva Venecia escuchan por las noches el ronquido de un motor fuera de borda se llenan de temor, y a la memoria les viene el recuerdo de la sangrienta madrugada del 22 de noviembre de 2000, cuando 60 paramilitares irrumpieron en esa población de la Ciénaga Grande de Santa Marta y masacraron a 45 de sus habitantes, todos pescadores.

El temor sobrevive siete años después, al punto que hasta los ladridos de los perros noctámbulos los asustan. Muchos creen que los criminales van a regresar.

La alarma infundada con los motores de sus embarcaciones la generan unos pocos pobladores por razones de pesca, o por motivos de parranda los fines de semana, con lo que violan la prohibición de las autoridades de navegar la ciénaga en horas de la noche y la madrugada.

La Iglesia del Carmen fue uno de los puntos en donde se concentraron los paramilitares el día de la masacre.

“No me gusta que lleguen los fines de semana ni festivos, porque la gente sale a parrandear y regresa en la madrugada haciendo ruido con sus lanchas. Eso me afecta y se me sube la presión”, dice Guillermina Mejía Suárez, a quien le mataron a uno de sus hijos, Ever Julio Rodríguez.

La mujer, vestida de riguroso luto de la cabeza a los pies, relata que a su muchacho de 19 años lo sorprendieron en pleno sueño.

“Ya dormía, estaba cansado porque acababa de trasmallar (pescar). Esos criminales rompieron la puerta a patadas y se lo querían llevar, pero él se negó. Les dijo: “si me quieren matar que sea aquí delante de mis hijas, y así lo hicieron”.

El terror de Guillermina es el mismo que le ha obligado a rogarle a Baldir, el único hijo que le sobrevive, a que abandone la pesca como medio de subsistencia.

“Prefiero sostener a mi muchacho y a su mujer con la venta diaria del pescado, porque no quiero que se interne en la ciénaga y le pase lo que a Ever Julio”.

Un miedo similar impidió que Aydé Mercedes Ortega Suárez se quedara en el pueblo al frente de la miscelánea de Roque Jacinto Pareja Esquea, su esposo asesinado esa trágica madrugada.

El local donde funcionaba el negocio permanece clausurado como símbolo de una de las más grandes masacres perpetradas en la Costa Caribe por el paramilitarismo.

“Él siempre decía que si los paras llegaban al pueblo se meterían con los malos, y como no se contaba entre éstos estaba convencido que no le iba a pasar nada”, señala su hija Olga Parejo.

Pero su vaticinio le falló. Los criminales lo escogieron como blanco y a golpes de mona derribaron la puerta de la vivienda. Y mientras a Aydé y a sus hijos, Verónica y Dimas, les preguntaban por el dinero del negocio, otro grupo obligó a Roque Jacinto, de 68 años, a acostarse boca abajo. Allí le propinaron un tiro en la cabeza, robándole luego dinero en efectivo y una lancha.

La familia se refugió en Barranquilla y tres años después los hermanos regresaron a ponerse al frente del negocio del chance y los billares que dejó el padre, mientras que Aydé, presa de la tristeza y de los nervios, prefirió quedarse en Soledad.

Los últimos siete años han sido más de retroceso que de avances en Nueva Venecia, donde la masacre logró desplazar a unos 1.000 pobladores, de acuerdo con las cifras de la Defensoría Nacional del Pueblo, una de las pocas instituciones del Estado que mostró algo de preocupación por la desgracia de esta gente, según concepto de los mismos pobladores.

Fue la Defensoría la que recomendó redoblar la presencia de los organismos de seguridad y aumentar la inversión social para garantizar el retorno de la población desplazada, recuerda Jesús Suárez, vocero de la comunidad.

Uno de los compromisos que se ha cumplido es la vigilancia policial.

Durante el encuentro que EL HERALDO sostuvo en Nueva Venecia con familiares de las víctimas, expresaron que ni siquiera por la masacre han percibido apoyo del Estado en materia social. Aquí, enumeraron la lucha diaria debido a prolongados apagones y los cambios de voltaje que generan cuantiosas pérdidas, les dañan electrodomésticos y de contera los pescados que guardan se les descomponen.

Esta foto es el recuerdo más palpable de las cuatro horas de horror. A un costado de la parroquia quedaron tendidas 12 de las víctimas./Archivo EL HERALDO

Pero eso no es todo en este rosario de calamidades, a pesar de que la población está incluida en el plan de energía social, las tarifas que les toca pagar no están al alcance de sus menguados presupuestos.

“Estamos pagando entre 25 y 30 mil pesos mensuales por luz, un servicio que es caro, teniendo en cuenta que es malo y esta población es bien pobre”, asegura Elías Mendoza.

Recientemente la Gobernación del Magdalena donó una lancha-ambulancia, pero el problema, como lo reconoce el subintendente de la Policía, Víctor Durán Cervantes, es que el viaje a Sitionuevo, a una hora y media desde Nueva Venecia, representa 44 mil pesos que debe asumirlos el paciente para comprar combustible.

En ‘El Morro’, como también se conoce Nueva Venecia, sigue funcionando el ‘bongoducto’, el único medio para abastecerse de “agua potable”: una bonga flotante que surten en el río Aracataca para luego ofrecer la lata de agua a 150 pesos.

Hacia las cinco de la tarde, los pobladores seguían contando su ‘rosario’ de necesidades’. A esa hora, Guillermina Mejía se levanta de su silla y se asoma por uno de los ventanales de la Iglesia, recoge su sombrilla y se prepara para embarcarse en una de las canoas.

“Escriba esto: la masacre fue una maldición para el pueblo. No volvimos a ser los mismos”, sentencia, sin quitarle la mirada a dos lanchas, las mismas que por las noches no la dejan dormir después de aquella macabra madrugada.

“NOS SACAN, PERO MUERTOS”

Tras la masacre de Nueva Venecia salieron alrededor de 1.000 pobladores hacia zonas aledañas, pero el retorno se dio a las pocas semanas porque como ellos aseguran, “la tierra no es para el pescador”.

“Pasábamos muchas necesidades en casa de unos parientes cercanos en Sitionuevo y usted sabe que el primer día te tienden la mano, pero al día siguiente ya empiezan a poner mala cara”, sostiene Emilia Rosa Mejía, quien perdió a su hermano Wilmer Enrique Mejía, de 28 años. Dejó cuatro hijos que hoy están a cargo de Beatriz Mejía, la mamá de Wilmer.

Sin embargo, hubo 15 personas que pese al terror por la masacre permanecieron en sus viviendas en la Ciénaga Grande.

Entre estos estuvieron Temístocles Meléndez, José Julio Donado, Juan Gutiérrez, Ángela Gutiérrez, Nidia Mejía y Edgardo Rafael Altamar Mejía, este último uno de los 70 nativos que los paramilitares encerraron en la iglesia del Carmen mientras masacraban a 45 pescadores en sus casas, en la Ciénaga del Pajaral y en la plaza.

Esa misma mañana, la gente huyó despavorida a enterrar a sus muertos en Ciénaga, Sitionuevo y Soledad, poblaciones que recibieron al mayor número de desplazados.

“Las casas fueron desvalijadas, por eso el regreso fue rápido y doblemente doloroso porque perdieron a sus familiares y lo que habían dejado aquí. Yo me quedé por apego a mi tierra, mandé a mi familia para otro lado, pero preferí quedarme aquí, de donde me sacarán, pero muerto”, asegura Meléndez.

“ATARRAYAS, NUESTRAS ÚNICAS ARMAS”

En versión libre el 3 de julio en Barranquilla, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, aceptó la masacre de Nueva Venecia a la que denominó ‘Hechos de guerra’. Allí, señaló que fue una operación militar para controlar un territorio que había sido del dominio de la guerrilla.

Para muchos de los familiares de las víctimas, esa posición del jefe paramilitar es inaceptable porque lo único que ha hecho la población a lo largo de décadas es pescar.

“Somos un pueblo de paz, nuestras únicas armas son las canoas y las atarrayas. No somos guerrilleros, estamos cansados de que nos estigmaticen y por ello, se nos han cerrado muchas puertas”, expresa Gabriel Moreno, hermano de José Darío Moreno, uno de los pescadores asesinados.

UN AGUINALDO MACABRO

Rafael Gutiérrez Pérez fue el único habitante de Nueva Venecia que presenció cómo los paramilitares torturaban y asesinaban de un disparo en la cabeza a 12 de sus vecinos. Estos habían salido hacia Barranquilla en la lancha que a las 2 de la madrugada interceptaron los paramilitares frente a la iglesia de la Virgen del Carmen.

Entre las víctimas se encontraban Amado Mejía, Rafael Moreno, Armando Acosta y su hijo Néstor, quienes transportaban un cargamento de mojarra lora.

“Nos detuvieron cerca del caño Clarín, nos echaron pa´atrás. Hicimos una parada larga porque nos preguntaban que si habíamos visto gente rara en el pueblo. Por eso llegamos como a las 2 de la madrugada. A unos los encerraron en la iglesia, a otros los dejaron en la plaza”, relata.

A Rafael, los paras le ordenaron descargar el pescado advirtiéndole que no debía mirar hacia la plaza donde sus amigos permanecían acostados contra el suelo.

Lo que vino de ahí en adelante fue una verdadera tortura para este veterano pescador de 55 años, que estaba a escasos diez metros de lo que jamás ha podido olvidar.

“Les caminaban por encima, los golpeaban, los pateaban, yo miraba de reojo y uno de los ‘manes’ me amenazaba con pegarme. Yo pensaba: ‘Dios mío, que sea lo que tú quieras’, mientras seguía mirando lo que durante todos estos años me ha perturbado la mente porque a uno por uno le iban dando el tiro en la nuca, entonces pensaba que cuando terminaran ahí, el que seguía era yo”.

Fueron cuatro horas de terror de las que además del brutal ataque, Gutiérrez recuerda la frase de despedida de los asesinos: “Este es el aguinaldo”.

“AQUÍ TUMBAO HASTA A LAS VÍCTIMAS”

Los que más llegan a Nueva Venecia no son precisamente delegados del Gobierno sino comisiones de abogados que semanalmente van en busca de que les firmen los poderes para representarlos.

“Nos están cobrando el 40 por ciento de lo que recibamos por el proceso que adelanta la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esos abogados están pescando en río revuelto, es que nos ven como las gallinitas de los huevos de oro”, expuso Gabriel Moreno, hermano de José Darío Moreno, uno de los pescadores asesinados.

Los familiares de las víctimas presentaron una demanda colectiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con Acción Social de la Presidencia de la República, cada una de las 40 familias recibió 10 millones 999 mil 629 pesos como ayuda solidaria por muerte violenta (Ley 418 de 1997), pero para Jesús Suárez, aún hay mucha gente que no ha recibido un peso. “Es que muchos, quizás en situaciones difíciles que se han ido a Barranquilla pudieron valerse de la tragedia para inscribirse en el censo de desplazados”.

Por ALIX LÓPEZ

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