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“Mi hija carga desde los 4 años el nombre de víctima”: Nelly Orozco

Nelly Orozco lucha por que el Estado le garantice la educación a Michelle, cuyo padre fue asesinado por las AUC.
Carlos Cordero
Carlos Cordero
Nelly Orozco junto con un retrato de su pareja Nefatlí Romero Gutiérrez, asesinado por paramilitares. Carlos Cordero
Por: Iván Bernal Marín @IBernalMarin

Temas tratados

Nelly Orozco lucha por que el Estado le garantice la educación a Michelle, cuyo padre fue asesinado por las AUC.

Nelly Orozco escribe derechos de petición para la gente que le paga. Así subsiste con su hija, a 13 años del asesinato de su esposo. Aprovecha a diario sus conocimientos en jurisprudencia y redacción, herencia de los cinco semestres de derecho que estudió, para ayudarle al necesitado de turno a cambio de unos pesos. Pero lo que ella misma pide, aún no lo consigue.

Hay que subir 15 peldaños apretados de una caracola de óxido, bajo una hamaca de cables, para llegar a su casa, un apartamento con dos cuartos y una sala, tan pequeña, que al mismo tiempo es cocina. Una especie de nido hirviente en un risco, donde protege y prepara a su hija para el día en que le toque desplegar las alas. Está en lo alto del Paraíso. Así se llama un negocio que fundó Nelson Alarcón en esta esquina de Villa Katanga, en Soledad. Un paisa barrigón, descamisado y desvergonzado, que suelta una carcajada perversa al explicar por qué hay dos nombres pintados en la fachada. La tienda cambia de cara todas las noches. Cuando llega la oscuridad, se convierte en el estanco Kábala.

La razón social nocturna es, tal vez, más cercana a la naturaleza del barrio. Es una de las 51 ‘villas’ que forman la periferia de este municipio, conexo a Barranquilla. Paquetes de casas apiñadas en trochas arenosas, a las orillas de arroyos. Terrenos donde murieron asesinadas 29 personas en 2013, según la Policía. Este año ya van 19.

La mayoría de los pobladores son desplazados, que durante las cinco décadas del conflicto colombiano han venido llegando, desde distintos lugares, huyendo de una violencia para toparse con otra. Una de ellas es Nelly. Llegó del barrio La Victoria en 2001, con un bebé de 4 años en brazos, cuando las balas destruyeron el hogar que llevaba 9 años construyendo con Nefatlí Romero Gutiérrez. Ni ella ni muchos más se deben sentir en un paraíso en Katanga. Más bien, viven conjeturando sobre su futuro, sobre cómo harán para conseguir plata para la comida y los buses del día siguiente. Como vive Nelly.

El hombre que amó es una de las 23.161 víctimas de asesinatos selectivos por causa del conflicto. Una de las 8.903 atribuidas a los paramilitares, según estadísticas que corresponden a los registros entre 1981 y 2012. Ella, bañada en sudor y con unos ojos que parecen a punto de estallar, dice que no la querían dejar entrar al foro de víctimas que la ONU realizó el 18 de junio en Barranquilla; encuentros que viene efectuando en toda Colombia, de cara al inicio de la negociación de ese punto entre el Gobierno y las Farc en los diálogos en La Habana. Le dijeron que no estaba invitada. Nelly se yergue en el borde de la mecedora en la que se sienta en esta mañana de domingo, para decir lo que les respondió: “Es que a mí nunca me invitaron a que fuera víctima. ¡A mí me eligieron descabelladamente y me hicieron víctima!”.

La noticia de la muerte de Neftalí la conoció “de la forma más miserable”. Nadie la llamó, nadie la avisó. La vio en el noticiero del mediodía de ese sábado, en el que perdió la tranquilidad. Hoy su hija sueña con ser periodista. Tiene 17 años. Y ella, con 45, solo sueña que Michelle sí alcance el diploma de profesional que les fue esquivo a sus padres.

Neftalí había denunciado irregularidades de un director del extinto DAS, por los que venía recibiendo amenazas desde 1997, lo que coincidió con el embarazo de ella. Ejercía como abogado litigante. Nelly relata que “se recibía” como profesional de la Universidad Simón Bolívar en junio de 2001. Un mes antes, lo mataron. En mayo de ese año viajó a Bogotá, a pedir más protección para salir del país. El viernes 11 regresó a Barranquilla, a las 12 de la noche. A las 9 de la mañana del día siguiente, ocho hombres en dos motos y una camioneta lo estaban esperando, en el taller al que había mandado a reparar el auto que le asignó el estado, tras ganar una tutela. Era de marca “Mazda-ñado”, recuerda Nelly. Lo acribillaron junto a su escolta.

Tras el homicidio, ella se vio obligada a dejar la universidad. “Debí elegir entre: alimento a mi hija o me voy a estudiar. Imagino que ya sabes la respuesta”.

Desde entonces, su vida no tiene otro sentido que garantizarle la educación superior a Michelle, para que se levante de las cenizas del hogar que incendiaron los fusiles.

El 17 de febrero de este año, Carlos Romero Cuartas confesó haber asesinado a su esposo. Su muerte fue reconocida por el Bloque 40 de las AUC, según consta en un documento de la Fiscalía. En un fallo, el Tribunal Superior señala como culpables directos al DAS y al Ministerio del Interior. “No lo protegieron”. Nelly lo guarda en una bolsa de plástico en la que se lee, ya casi desvanecida, la palabra “jurídico”. Es uno entre un ramillete de recortes de prensa, derechos de petición y muchas cartas a distintos estamentos. Las únicas herramientas para la misión que se ha trazado: “Si mañana yo salgo de este mundo, la única manera de irme tranquila es dejándola a ella como profesional. Que ya pueda sostenerse y sostener su futura familia”.

De lunes a sábado, Nelly se despierta a las 4 de la mañana para alistar todo para la salida de su hija. Le prepara jugo de mango en una licuadora que tiene el motor desnudo, como el ventilador, cuyas aspas carcomidas giran al aire. En la puerta de la nevera amarillenta vuelan tres hadas-imanes, amarillentas también. A las 5:30 a.m. sale a acompañarla a tomar el transporte rumbo a la universidad. ¿Cómo pagó el semestre, si por hacer un derecho de petición le dan unos $10.000; y por las diligencias que les hace a personas ocupadas, le dan menos? “Hice una teletón con los amigos de mi esposo”. Nelly no responde con orgullo, al contrario. Y contrapregunta: “¿Era necesario que tuviera que mendigar una entrada a la universidad, cuando de entrada a ella se la tenía que dar el Estado?”.

Viuda y huérfana deben caminar juntas seis cuadras hasta la calle Murillo, cuando el sol todavía no ha salido. En esa misma calle, con la carrera 21, quedó tendido el cuerpo del esposo y padre. “Cuando regreso, voy pensando cómo voy a solucionar el día de hoy”. Dice que debe tener “mínimo” $15.000 diarios. Su idea más recurrente durante el día es “¿dónde las voy a conseguir, qué debo hacer, qué puertas toco?”. Esas preguntas la atacan mientras pasa por un solar, que le sirve de cementerio a tres carros viejos. Es todo el parque que tuvo Michelle en su niñez, rodeado de una cerca de neumáticos enterrados hasta la mitad.

La joven está ahora peinándose al fondo de la casa. Es morena, pelinegra, como su madre. Pero dos mechones azules enmarcan sus mejillas, en un rostro de fácil sonrisa. Su mamá habla ahora con un tono socarrón, resignado ante la grandilocuencia de las mentiras que les ha tocado padecer. “¿Qué pasa con esos supuestos derechos? Dentro de esos derechos tenemos derecho a vivienda, a educación, a salud, a que no se vuelva a cometer el hecho”. Un tono como de anunciante de circo, como quien lee payasadas.

Calla un rato. Vuelve con una voz mucho más dura y papeles en mano. Alista una tutela para “exigirle al estado el sostenimiento de Michelle en la universidad y que pueda seguir sin necesidad de concursar”. La Defensoría del Pueblo le ha dicho que este año no hay presupuesto para estudio de las víctimas. Y que si quiere acceder a un cupo, tendrá que esperar y concursar como todos los demás. Los ojos parecen a punto de derramarse. “La única forma de que los jóvenes no regresen a un conflicto armado es que se preparen, que tengan su sitio en una universidad. Son más vulnerables los jóvenes como mi hija, que está desde los 4 años llevando en la espalda el nombre de víctima —grita Nelly, ya totalmente descompuesta— ¡Que le fue arrancado su padre y no tiene su protección!”.

Resulta obvio que no le despertó mucha esperanza que el presidente Santos haya anunciado que uno de los pilares de su nuevo gobierno será la educación. El Gobierno ya le falló antes. La Iliada, La Cárcel del Poder, A Sangre Fría y Diccionario de los Sueños son algunos de los libros en un estante al lado de la mecedora. “Yo me pregunto, ¿realmente el Estado si está preparado para la paz? ¿Si no me ha podido cumplir a mí, como víctima de las AUC, si podrá cumplir cuando estemos las de las Farc, del ELN, todas reunidas? ¿Si podrá abarcar esa coyuntura de cumplimiento?”. Imagino que saben la respuesta.

Nelly acomoda en silencio un portarretratos en la pared. Este apartamento es de una hermana, como los muebles, la nevera y el comedor. Lo habita a cambio de mantenerlo pintado y cuidado. Admite estar “fallando en la pintada”. Gasta unos 120 mil pesos en servicios cada mes. No hay cielo raso. Cables cuelgan de un techo de láminas de zinc que, con el sol, convierten el lugar en un pequeño horno gris. Un nido de aire denso.

Lo único suyo aquí es la ropa y dos retratos. Están colgados uno frente al otro. En uno grande está Michelle. Viste un sombrero color blanco paz. Sonriente, da la impresión de mirar fijamente a su padre, un bigotón que aparece en la otra foto dando un discurso hace años, en favor de una paz que entonces parecía más lejana.

Abajo, se lee una dedicatoria escrita a mano, de ella para él. Concentra toda la petición y todo el derecho por el que luchan las dos, su mamá al frente, y ella, caminando de su mano: “Nunca pongas en duda que un pequeño grupo de ciudadanos preocupados y comprometidos puede cambiar el mundo; de hecho, son los únicos que lo han cambiado siempre”.

El hecho. Asesinatos selectivos

De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, los asesinatos selectivos son uno de los hechos victimizantes que más afectados ha dejado durante el conflicto interno, y “configuran una violencia de alta frecuencia y de baja intensidad”. La entidad considera que estos son actos de expresión de una estrategia criminal para enmascarar la violencia contra los civiles. En Colombia, entre 1981 y 2012 han fallecido 23.161 personas por este tipo de delito, de un total de 16.340 casos. La mayor responsabilidad la han tenido los paramilitares (8.903 hechos), seguido de grupos armados no identificados (5.406), guerrillas (3.899) y la fuerza pública (2.399).
 

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