Las irregularidades que el DNP ha detectado en la Vía de la Prosperidad

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, reportó una serie de aparentes anomalías en el proceso de la Vía de la Prosperidad. EL HERALDO tuvo acceso a ese documento.

Entre las presuntas irregularidades se encuentra la realización del pago anticipado por $64,8 mil millones  sin que se hubiera definido la situación legal del proceso contractual, de acuerdo al reporte hecho en marzo de 2014.

Además, Planeación advierte sobre la publicación extemporánea en el Secop del proceso precontractual y faltas en la planeación del proyecto, sobre los diseños y el hecho de que no se encontraban definidos la totalidad de los predios.

También se hallaron faltas en el seguimiento a la labor de la interventoría, y específicamente detectaron fallas en el supervisor que tiene esa labor y debilidades en informes de interventoría.

Para Simón Gaviria, director del DNP, el proyecto es parte de un seguimiento a  144 obras que en Planeación llaman “críticas, que son aquellas que van camino a ser elefantes blancos, a menos que se tomen los correctivos del caso”, comentó.

Según el DNP con corte al 31 de marzo pasado, el proyecto presentaba falencias en la formulación y estructuración tales como que no contempló el puente que conecta la vía Santa Marta-Barranquilla con la Vía a la Prosperidad, “limitando significativamente su funcionalidad”.

Así mismo, se lee, no se ha definido el trazado necesario para algunos tramos de vía, lo que genera la necesidad de adquirir nuevas licencias y posibles sobrecostos y retrasos.

Además, aparecen costos de transporte del material de construcción no previstos, lo que incrementa el valor del proyecto.

Con los recursos que fueron definidos para esta obra, tras las variaciones que devienen de las irregulariadades, solo se lograrían intervenir 28 kilómetros de los 52,6 originalmente previstos, dice DNP, al tiempo que advierte que las obras de drenaje no contemplaron las consideraciones de los estudios hidráulicos iniciales, sobre la construcción de una vía dique.

Como riesgos en la gestión contractual, indica Planeación, se encuentra en curso una acción de controversias que pretende que se declare la nulidad del proceso de adjudicación de la licitación.

El ente indicó que lo que sí se ha cumplido es la mejora de la gestión predial, la señalización y corrección de excesos de humedad, la justificación de la posible reducción de costo en el transporte del terraplén por cambio en la forma de transporte del mismo, ya que ahora será fluvial y el ajuste de las pólizas.

El 4 de mayo pasado, el avance físico del proyecto era del 20,76% y el avance financiero del 31,97%.

Del plan de mejora resta el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, elaborado por la Gobernación, que será radicado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y el concepto final de la misma entidad sobre la alternativa del trazado viable de las presentadas por la entidad ejecutora.

También se esperan las gestiones adelantadas por la Gobernación del Magdalena ante el Invías para ampliar el plazo de los convenios suscritos entre el Departamento e Invías.

El proyecto, que atravesará los municipios de Sitionuevo, Remolino y Salamina, Magdalena, tiene un valor de $466.900 millones, de los que se han $167.787 millones (35,9%), su ejecutor es el Departamento del Magdalena y se beneficiarán con ella 42.268 personas.

Se espera que este proyecto mejore la infraestructura vial con la pavimentación de 52,62 kilómetros en tres tramos sobre la Vía a la Prosperidad, para facilitar las condiciones de transitabilidad y comunicación de los habitantes en los municipios de Sitio Nuevo, Remolino y Salamina.

El 12 de agosto del 2013 el exgobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, adjudicó está vía al Consorcio Ribera, pese a la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, pidió suspender la licitación por presuntas irregularidades en el proceso.

La Corte Constitucional, donde llegó el caso para revisión luego de un proceso jurídico, ordenó como medida provisional la suspensión de la obra en diciembre de 2013.

En marzo de 2014, en una audiencia en la Corte Constitucional, Álvarez-Correa dijo que en medio de la licitación algunos contratistas denunciaron que el proceso no era transparente, y que a pesar de las recomendaciones que le hizo personalmente al exmandatario departamental de suspender el proceso, y de las que le hizo además el presidente Juan Manuel Santos en este mismo sentido, Cotes hizo caso omiso, y aseguró ante la Corte que no hubo precipitación en las actuaciones, que se escuchó a expertos y que se acogieron todas las recomendaciones de los entes de control.

Cinco meses después, la Procuraduría suspendió durante 10 meses al exgobernador al considerar que “al parecer adjudicó sin contar con la totalidad de los recursos y sustento jurídico necesarios” y que “adelantó y adjudicó la mencionada licitación sin que se hiciera la publicación completa del pliego de condiciones”.

En marzo de 2015, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría revocó en un fallo de segunda instancia la sanción de 10 meses de suspensión y absolvió de toda responsabilidad disciplinaria al exgobernador Cotes.