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El titulo es:Corte fija plazo para proteger a reclusos

Corte fija plazo para proteger a reclusos

La sentencia, expedida en 2013, analiza la situación de seis cárceles, entre ellas La Tramacúa, de Valledupar.
Johnny Hoyos
Johnny Hoyos
Así se ve la cárcel La Modelo, de Bogotá, una de las analizadas por la Corte en el fallo. Johnny Hoyos
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La sentencia, expedida en 2013, analiza la situación de seis cárceles, entre ellas La Tramacúa, de Valledupar.

“El problema del Sistema penitenciario y carcelario colombiano no es únicamente el hacinamiento”, así lo ratifica la Corte Constitucional en su sentencia T-388 de 2013 en la que analiza acciones de tutela instaurada por reclusos, y da órdenes para atender la crisis carcelaria, puntualmente en seis cárceles del país, incluida una de la Costa Caribe: La Tramacúa, de Valledupar.

El plazo concedido al Gobierno Nacional para ello es de tres años, previa presentación de informes de la ejecución de los planes para atender los problemas del sector carcelario.

En Barranquilla, “el tema es grave”, expuso Aníbal Ospino, directivo de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, quien presta sus servicios en la guardia de la cárcel Modelo, donde hace un año 17 reclusos murieron por un incendio en un pabellón del patio social.

“Hay problemas de convivencia, de instalaciones, hacinamiento... no sé qué solución le van a dar a eso, pero se tendría que hablar necesariamente de más cupos para los internos”, anotó el guardia.

En cuanto a la población, el nivel de hacinamiento en los penales manejados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en la Costa fluctúa entre el 85 y 90 por ciento actualmente. Los picos más altos los tienen los penales de Riohacha, Santa Marta y la Penitenciaría de El Bosque, de Barranquilla, que en estos momentos alberga a casi 1.900 reos con una capacidad de 640.

Amenaza constante

Pero, justamente, la Corte, en la sentencia -que aunque es de 2013 apenas fue publicada este año-, expone también que “uno de los problemas que se verificó en los planes y programas de ajuste a la política criminal y carcelaria, es que los esfuerzos de soluciones se habían concentrado de manera excesiva en las propuestas de solución al hacinamiento mediante nuevas construcciones”.

Añade que este tratamiento parece suponer que el único problema grave es el hacinamiento y la única manera de resolverlo es con más cárceles. Pero considera que “ni el hacinamiento es el único problema del Sistema, ni la construcción de cárceles es la única solución a éste, ni los demás problemas se solucionarán automáticamente, cuando se resuelva el hacinamiento”.

Habla además de que el sistema de reclusión penal afecta la dignidad humana en sentidos tales como: “la amenaza constante a la vida, a la integridad personal por la criminalidad e impunidad o las requisas indignas, por mencionar algunos”. Y recalca que los privados de la libertad tienen derecho a condiciones respetuosas de vida, con una reclusión sin hacinamiento, una infraestructura adecuada, lo mismo que el derecho a no estar sometido a temperaturas extremas, acceso a servicios públicos, alimentación adecuada, salud, entre otros aspectos.

Con base en esto, la Corte Constitucional le ordena al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y al Inpec, que convoque al Consejo Superior de Política Criminal para que continúe tomando las medidas necesarias para superar “el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario”.

Sobre las seis cárceles

Los establecimientos a lo que se refiere la sentencia son la cárcel de Cúcuta, Bellavista, de Medellín; San Isidro, de Popayán; La Modelo, de Bogotá; la Cárcel de Barrancabermeja y La Tramacúa, de Valledupar m(Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad).

Sobre esta última dice puntualmente la Corte Constitucional en su fallo que la acción de tutela fue presentada por 71 accionantes que consideraron que les estaban violando derechos fundamentales al ser sometidos “a un severo régimen que incluye malos tratos e incluso “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población reclusa tales como agresiones físicas, aislamiento injustificado y prolongado” a malas condiciones de infraestructura y de administración que conllevan “restricción de servicios básicos como la salud, el agua y el saneamiento básico”. Reclamaron, entre otras cosas, el derecho a la protesta pacífica y el cierre de la cárcel.

112 mil reclusos para 78 mil cupos carcelarios

De acuerdo con el Ministerio de Justicia en el tema carcelario se está trabajando con presupuesto limitado para acabar con el hacinamiento y otros problemas. Hay cerca de 112 mil reclusos en todo el territorio nacional frente a una capacidad carcelaria es de 78 mil. De acuerdo con el principal sindicato del Inpec, el hacinamiento asciende al 53%. Actualmente el sistema carcelario tiene 59 sindicatos y son 50 los directores que ha tenido la entidad.

Así las cosas, el ministro Yesid Reyes Alvarado, tiene como objetivo para el año 2018 unos 12 mil nuevos cupos que se conseguirán mediante la construcción de nuevas cárceles y modernización de algunas ya existentes.

El Inpec ha sido condenado 730 veces por un valor de 77.000 millones de pesos. Se estima que nueve de cada diez condenas tienen que ver con asesinatos y lesiones provocadas por la guardia.

Datos del Ministerio de Justicia indican que de  los 138 centros carcelarios que hay en el país, solo 58 tienen sistemas de cámaras de seguridad y  80 cárceles que no cuentan con vigilancia electrónica. Dice la entidad que cada turno de vigilancia hay 20 presos por cada guardia.

El jefe de la cartera de justicia anota que el Gobierno valora y evalúa la construcción de dos centros mediante asociaciones público privadas (APP). Allí se plantean retos como determinar cuál sería el papel del Estado, específicamente del Inpec, en estos dos complejos carcelarios, y pone como ejemplo a los Estados Unidos de Norte América, donde las empresas privadas son subcontratadas para administrar, construir y vigilar cárceles de mediana y alta seguridad.

A propósito de esto, Sabas Pretelt de la Vega, Carlos Holguín Sardi, Fabio Valencia Cossío y German Vargas Lleras, hace unos diez años, eran los ministros del Interior y de Justicia. Luego,  cuando Vargas Lleras separó los ministerios, llegaron a ocupar la cartera de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Ruth  Stella Correa, Alfonso Gómez Méndez y el actual Yesid Reyes Alvarado. Todos, según dijeron en su momento, tenían como meta acabar con el hacinamiento y tener los mejores centros penitenciarios de Sur América. Ninguno ha cumplido.

Opiniones

El senador del departamento del Valle del Cauca y militante del Partido de la U dice que  “El Inpec como entidad no está funcionando: el control disciplinario sobre la guardia se ve limitada por la conformación de sindicatos”,

Para el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, “en muchas cárceles los presos no se fugan,  porque no quieren”.

En el mismo sentido, el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra dice que “si se liquida el Inpec se deberá creer un nuevo instituto”, por lo que la mejor opción sería “una reingeniería a profundidad”.
 

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