El Heraldo
Equipo de vigilancia electrónica puesto a un interno con detención domiciliaria. Archivo
Barranquilla

Indagan posibles irregularidades en contrato de brazaletes de presos

Habrían pagado por el uso, en promedio, de 4.250 dispositivos mensuales, y en los periodos liquidados solo estaban en servicio 1.355.

El servicio de vigilancia electrónica para los presos con detención domiciliaria quedó en la mira de la Contraloría General, CGR, entidad que anunció una investigación preliminar ante “numerosas denuncias” sobre presuntas irregularidades.

De acuerdo con la entidad de control fiscal en el país, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) habría pagado millonarios recursos por el uso mensual de 4.250 dispositivos, cuando en los períodos liquidados solo estaban en servicio 1.355 de estos.

Las indagaciones preliminares están encaminadas a establecer si la Uspec ejecutó de la manera deficientes sus labores de supervisión.

Según las denuncias recibidas por la CGR, la vigilancia electrónica de los presos es atendida con “equipos obsoletos y a un costo superior a las ofertas presentadas en la licitación pública”.

Además, la Contraloría evidenció que el contrato fue prorrogado hasta enero de 2016 por un valor adicional de más de $7.222 millones,  sin que se hubiera iniciado siquiera el proceso de selección objetiva.

En un comunicado dado a conocer ayer, la CGR señala que  Uspec aumentó el valor del servicio de vigilancia electrónica día/equipo por lo que el contrato pasó de $14.310 millones a $21.533 millones.

“El objetivo es probar el pago de servicios no recibidos, lo que se configuraría en daño patrimonial”, manifiesta la Contraloría.

Las denuncias, que han sido radicadas durante el presente año, y la reiteración de las observaciones por parte del Inpec, respecto a la deficiente supervisión de la Uspec, reafirman la posible ocurrencia de irregularidades relacionadas con los equipos de vigilancia electrónica, con los que se está prestando el servicio en la actualidad.

“El 28 de enero de 2016, la Directora General de la Uspec expidió la Resolución 0048 de 2016, por medio de la cual se declaró una nueva Urgencia Manifiesta para contratar directamente la prestación del servicio de vigilancia electrónica, para lo cual se celebró el Contrato 012 de 2016, con la misma empresa con la cual se venía ejecutando el contrato materia de investigación, por un monto de $19.458.126.336 y un plazo de 7 meses” , informó la Contraloría General.

Esta institución dijo que llama más la atención que, dentro de las averiguaciones efectuadas, tuvo conocimiento de comunicaciones entre el Ministro de Justicia y la Dirección General del Inpec que “generan serios indicios de las deficientes labores de supervisión” por parte de la Uspec como entidad contratante de los servicios, de la fallas de los dispositivos electrónicos y la obsolescencia de los mismos.

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