La Comisión de Presupuesto de Concejo Distrital de Barranquilla aprobó en primer debate el proyecto que otorga autorización a la alcaldesa Elsa Noguera para modificar el contrato de concesión del Corredor Portuario de Barranquilla.
El cabildo atendió la petición de la administración para modificar el contrato en lo que respecta a ajustar la forma de pago del mismo y prorrogar su vigencia.
Esta es la segunda autorización que pide la mandataria distrital al contrato No VF-12-2010-02 con el concesionario S.F Convías S.A.S.
En diciembre pasado, Noguera solicitó al Concejo autorización para ajustar el mencionado contrato por la disminución de tarifas pactadas, que representó una disminución a los ingresos del concesionario y por los valores de contraprestación portuarias.
'Lo que se ha dado es una autorización para que la alcaldesa pueda hacer una corrección a este contrato, toda vez que algunos transportadores solicitaron que se bajara el costo de los peajes, al reducirse estos, cambia el escenario financiero', dijo el concejal Juan Carlos Ospino al enfatizar que espera que el Distrito no deje vencer las facultades y después solicitar nuevas, sino que se le dé continuidad a las herramientas que les otorgan.
El secretario de Hacienda, Raúl Lacouture reconoció que si bien dejaron vencer las facultades, ellos han realizado reuniones evaluando el tema con el concesionario, pero no se ha llegado a un feliz acuerdo.
Según el funcionario, siguen avanzando en la revisión financiera de lo que ellos están proponiendo y esperan en los próximos seis meses tener una definitiva.
La concesión actualmente va hasta el año 2030 y el mismo se nutre de dos fuentes de financiación: contraprestación portuaria que se destina para el saneamiento del caño de la Auyama y la otra es el peaje.
En los antecedentes, el Acuerdo señala que por razones de orden social y económico, y ante la solicitud reiterada de los transportadores, las partes adelantaron reuniones tendientes a reducir el valor de la tarifa del peaje inicialmente acordada para los vehículos de categoría cinco. La disminución de la tarifa contractualmente pactada para esta categoría a $20.000 representa una disminución de los ingresos, según lo expresado por el concesionario por lo que pidieron revisar el plazo del contrato, a fin de evaluar la posible modificación del mismo para que el contratista alcance el total del ingreso esperado para recuperar los costos de inversión y de financiación.
No se requiere concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, ni ninguna autorización de las autoridades nacionales, pues el proyecto de inversión que se ejecuta a través del contrato de concesión no conlleva inversión nacional.
