El Caribe avanza en derechos Lgbti, pero “queda mucha tela por cortar”
Uno de los logros en la región es que las ciudades capitales cuentan con acciones para proteger a esta población.
Hace un poco más de medio siglo, personas Lgbti que se refugiaban en la oscuridad y el anonimato del pub neoyorquino Stonewall Inn decidieron no volver a esconderse.
A la década de los 60, convulsionada por la contracultura, las protestas afroamericanas por los derechos civiles, las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y el movimiento hippie en Estados Unidos, se sumó la revuelta de una minoría que tenía como propósito reivindicar sus derechos ante la hostilidad social y estatal.
Con los disturbios de Stonewall lograron el reconocimiento como sujetos ante el Estado tras una larga lucha que aún no termina, pero por la que hoy se sienten orgullosos.
En la actualidad, 51 años después de aquel “grito de libertad”, la comunidad Lgbti logró que se derogaran leyes que penalizaban la homosexualidad, consiguió que se reconociera el matrimonio igualitario y las familias diversas, que se adoptaran leyes contra la discriminación —sobre todo aquellas que buscan proteger sus derechos al trabajo, vivienda, acceso a la salud y dignidad—, que se prohibiera expresamente el sometimiento a terapias para “cambiar” la orientación sexual, que se desarrollaran leyes para frenar el acoso escolar y que se legislara en muchos países del mundo contra los discursos que incitan el odio y la violencia hacia personas de condición sexual diversa.
Sin embargo, a pesar de los avances, miembros de la comunidad Lgbti continúan en la interminable batalla por el respeto a sus libertades y por eliminar barreras de desigualdad causadas por la discriminación y la homofobia.
El Caribe no ha sido ajeno a esos movimientos sociales y en las últimas décadas no solo ha crecido el activismo en la región, sino que muchas de las demandas de esta comunidad han sido incluidas en planes de desarrollo territorial y políticas públicas. No obstante, líderes de esta comunidad en Barranquilla y el Caribe reconocen que falta mucho para hablar de igualdad y que “todavía queda mucha tela por cortar”.
Para Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo, existe documentación que demuestra que en el Caribe las acciones de movilización social de las personas Lgbti en Colombia surgieron en 1973 con la primera participación de las personas trans en el Carnaval de Barranquilla y en festejos de la región.
“En los años 90, colectivos de hombres gays en Barranquilla, Riohacha y Cartagena iniciaron un proceso de exigibilidad a las autoridades de salud en materia de atención a las personas que viven con VIH, y en 2007 la Corte Constitucional, por una acción ciudadana de personas trans y gays en Santa Marta, emitió una sentencia de tutela que exigía garantizar el uso del espacio público de las personas trans”, manifiesta.
En cuanto a los avances, Castañeda señala que uno de los más significativos es que todos los departamentos y ciudades capitales del Caribe cuentan con acciones concretas para la protección y garantías de los derechos de las personas Lgbti, lo cual se constituye en uno de los más grandes logros de la región en materia de derechos.
Además, explica que existen políticas públicas en las que gobiernos territoriales reciben tareas, estructuras y presupuestos para las garantías de los derechos Lgbti en Bolívar, Atlántico, Magdalena, San Andrés, Santa Marta, Galapa y Maicao.
Otro de los progresos es que empresas turísticas, gremios hoteleros y restaurantes de Cartagena firmaron convenios con la Cámara de Comercio Lgbti para formar a sus empleados en el respeto y a través de la “construcción de protocolos especiales de atención” han logrado certificarse como espacios libres de discriminación.
Castañeda señala que algunas instituciones oficiales y administraciones han abierto sus puertas a personas Lgbti para el desempeño de funciones públicas y privadas, pero faltan más espacios de participación política, formación e inclusión.
Destaca además que la región cuenta hoy en todos sus departamentos “con colectivos y organizaciones que promueven la exigibilidad de sus derechos y la movilización social”.
Los planes de desarrollo de todas las ciudades capitales de la región cuentan con acciones para la protección de derechos de personas Lgbti.
Hay políticas públicas que otorgan tareas y presupuestos para garantizar derechos en Bolívar, Atlántico, Magdalena, SAI, Santa Marta, Galapa y Maicao.
El Sistema de Justicia Transicional recibió casos de víctimas de Córdoba y Bolívar, objetos de investigación en la Comisión de la Verdad y la JEP.
Toda la región tiene colectivos y organizaciones. En universidades se han creado grupos que promueven la diversidad sexual y de género.
Universidades de Cartagena, B/quilla, Sincelejo, Montería, Santa Marta, Valledupar y Riohacha tienen grupos de investigación y atención para la garantía de los derechos Lgbti.
En la región existen centros especializados para acompañar a las personas Lgbti: las Casas de Paz de Caribe Afirmativo en Maicao, Ciénaga, Soledad, Montelibano, El Carmen y Barranquilla.
En Maicao, Valledupar, Santa Marta, Ciénaga, El Banco, Soledad, Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Cartagena, Magangué, El Carmen, Santa Rosa, Montería, Montelibano, Sincelejo y Corozal se realizan movilizaciones para celebrar el Día del Orgullo Gay.
Se ha ido evidenciando más inclusión en instituciones oficiales donde trabajan personas Lgbti como la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Soledad, de Malambo, de Valledupar, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, la Universidad del Norte y la Defensoría del Pueblo.
Riohacha: Edmundo De Luque Brito
Las administraciones nos están teniendo más en cuenta en los planes de desarrollo. Desde la sociedad civil hemos ido conformando organizaciones, pero las acciones se quedan cortas y es necesario plantear una mesa intersectorial.
Cesar: Esperanza Hernández
Conseguir alianzas con el Consejo Consultivo de Mujeres nos ha llevado a tener representación de la diversidad. En la Gobernación del Cesar hay una persona Lgbti en la contratación. Desde el 2012 tenemos un asiento en el Consejo de Política Social.
Sucre: Chiro Castellanos
Es muy poco lo que se ha alcanzado en Sucre porque no hay voluntad política. Varias organizaciones han creado una base de datos a partir de la caracterización y ya hay una radiografía, no total, pero es una pequeña base para que podamos hacer política pública.
Barranquilla: Kelly Mesa
Hemos ido ganando terreno en lo político y en la participación de manera directa o indirecta dentro de las administraciones. En 2019 se logró con el apoyo de la Asamblea Departamental la aprobación de la política pública Lgbti, ahora buscamos su implementación.
Cartagena: Natalia Orozco
Una de las acciones afirmativas en el departamento fue la política pública departamental Lgbti en diversidad sexual e identidades de género. Me parece una acción positiva, pero necesitamos su ejecución, que se reproduzca, que se actualice y que se cumpla.
Santa Marta: Taliana Gómez
Los avances son enormes. Desde el 2015 tenemos una política en el Distrito y desde el 2019 en el Departamento en materia de bienestar, equidad e inclusión, Asimismo trabajamos en la implementación de proyectos para beneficios de la población diversa.
Córdoba: Rosita Avilez
Hemos visto mejoras en cuanto al reconocimiento en materia de derechos y enfoque diferencial hacia las personas Lgbti. La incidencia en mesas de concertación del plan de desarrollo municipal y departamental y la activación de rutas de atención.
