Una adulta mayor falleció esperando traslado y la prueba de COVID-19

La familia de la señora Elina Mejía Romero de 84 años de edad ha denunciado que debido a los protocolos que se están implementando a causa de la COVID-19, el traslado que ella necesitaba con urgencia, no se dio y finalmente falleció a causa de un bloqueo cardíaco.

Según explica su hijo Ángel Roys Mejía, la paciente había estado en octubre del año pasado hospitalizada durante un mes en Valledupar, luego de ser remitida desde Riohacha por carecer de nivel y de medios diagnósticos.

“En Valledupar le diagnosticaron la presencia de pólipos en la vesícula, especies de verrugas intestinas que generaban sus dolores abdominales, por lo que recomendaban operarla. El día programado para la cirugía, para nuestra fortuna padeció una descompensación general que obligó la práctica de nuevos exámenes, los que descubrieron la ruta diagnostica equivocada, dado que presentaba además una aneurisma aortica (especie de globo en la arteria principal) que hubiera complicado el procedimiento inicial sugerido”, explicó.

Agregó que asustados por la falta de confianza en la impericia y falta de rigor científico de los facultativos, firmaron un desistimiento para que les permitieran a través de la EPS tramitar consulta con cardiología especializada en Barranquilla, acudiendo a un experto que les indicara la ruta y el tratamiento.

“La conclusión del galeno coincidió con nuestras sospechas, lo mejor era extremar los cuidados y supervisar de por vida una medicación que mantuviera sus niveles de presión bajos para evitar el rompimiento de la aneurisma”, anotó.

Roys indicó que el  22 de junio pasado una nueva descompensación le sobrevino obligando su internación en un centro asistencial de Riohacha.

El diagnostico de urgencias mostraba un bloqueo aeroventricular que estaba afectando el funcionamiento de su corazón, requería urgente un traslado a un centro de mayor nivel para la instalación de un marcapasos definitivo.

“Entre tanto, para sostenerla le colocaron un marcapasos subcutáneo provisional y ordenaron por protocolo practicarle la prueba de COVID-19 por que otros exámenes mostraban la presencia de una infección pulmonar”, explicó.

A los siete días llegaron los resultados de la prueba y pensaron que les iban a autorizar el traslado, pero  les informaron que esta había sido mal tomada y que se debería repetir. 

Diez días después de estar  hospitalizada hasta su deceso y siete después de su muerte, la prueba que se tomó por segunda vez por fin llegó, comunicando que había salido negativa.

 La dilatada prueba impidió su traslado ya que este estaba listo dos días después de haber sido ingresada a UCI cuando les  informaron que su traslado estaba confirmado para la clínica Avidanti de Santa Marta donde se disponía el nivel de cardiología hemodinámica para su procedimiento urgente.

“A pesar de esto la noche del 24 de junio fuimos sujetos del más absurdo proceso de descoordinación. Una primera ambulancia se devolvió por que no era apta, la segunda después de una hora de espera, nos informaron en su apresurada salida que no podían prestar el servicio porque no les habían informado que era paciente sospechoso de COVID-19 y además de no disponer del equipamiento para el viaje. El traslado se cayó y la clínica canceló la reserva”, añadió el hijo.

Con tristeza expresó que “de allí en adelante todo quedó en pausa como confabulando con las horas finales de mi madre. Aniquilada por un sistema inútil, incapaz incluso, de proveer ayuda a un paciente para bien morir”.

Dijo que la noche del 30 de junio luego de una videollamada emotiva con todos sus hijos, sobrevivió de milagro a una bradicardia severa, que obligó su nuevo ingreso a Cuidados Intensivos, hasta el día siguiente a la 1:10 de la tarde cuando les informaron que había fallecido.

“Como el de mi madre se han vuelto comunes los casos de falsos positivos del virus a los que sistemáticamente se las ha negado atención necesaria y la posibilidad de una sepultura digna, como último homenaje”, manifestó.