Comunidad wayuu pide suspensión de las obras en la nueva cárcel de Riohacha
Pusieron una denuncia penal en la Fiscalía por las presuntas afectaciones que estarían sufriendo con la construcción del penal.
La comunidad indígena de La Ceibita Macedonia presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra el Ministerio del Interior, la Dirección de Consulta Previa, la Alcaldía de Riohacha y la Personería distrital, por las afectaciones que, afirman, están sufriendo debido a la construcción de la cárcel nueva de esta capital.
La autoridad tradicional de la comunidad, Yeisi Alexandra Iguarán Ballesteros, afirma en la denuncia que “la paz y la tranquilidad de los habitantes de mi comunidad, están bajo graves amenazas de desplazamiento Forzado y exilio, por cuenta de la construcción de la cárcel de mediana seguridad del Distrito de Riohacha, cuyo proyecto se levanta en nuestros territorios ancestrales con la anuencia y aval del ministerio del Interior a través de su Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa”.
Asegura que la administración distrital y la personería han sido indiferentes a esta problemática y “han omitido, retardado, rehusado y denegado un acto propio de sus funciones, incurriendo en el delito de Prevaricato por omisión (artículo 414 Código Penal Colombiano), con el agravante de que, con su conducta, estarían permitiendo un desplazamiento forzado de los miembros de la comunidad quienes al sentirse amenazados estarían desplazándose hacia otros territorios para salvaguardarse”.
Agrega que también pudieran estar incurriendo en delitos como profanación de sitios sagrados y violación al Convenio 169 de la OIT.
Solicita que se ordene a quien corresponda la suspensión inmediata de las actividades de construcción del proyecto de la cárcel, hasta tanto no se garanticen el cumplimiento y el respeto de los derechos fundamentales a la vida, la salud, el medio ambiente, consulta previa y otros, ya que afirma que la población infantil, ancianos y discapacitados están siendo gravemente afectados en su salud por el material particulado que se desprende de las obras.
La cárcel en la que se invertirán más de $ $181.957.017.859 y que será de mediana seguridad, tendrá capacidad para cerca de 1.500 personas privadas de la libertad, entre ellos indígenas y mujeres, gracias a la constitución de pabellones especiales con enfoque diferencial.
