El Heraldo
‘Kiko’ Gómez fue condenado en la semana pasada por tres crímenes, para completar un total de seis. Archivo
La Guajira

“Oposición de López era una amenaza al poder político de ‘Kiko’ Gómez”

Así lo concluyó la jueza en el fallo contra el ex gobernador guajiro conocido por EL HERALDO, por los crímenes del concejal Luis López y los campesinos Rosa Cabrera y Luis Rodríguez.

La jueza novena especializada de Bogotá, Ximena Vidal, al condenar a Kiko Gómez a 40 años de prisión por tres crímenes más (ya son seis en total por los que se le halla responsable), concluyó que el ex gobernador guajiro se asoció con alias Marquitos para cometer crímenes políticos en la península, a cambio de armas y vehículos.

Igualmente, que mandó a asesinar al concejal Luis López Peralta porque la oposición que este representaba y las denuncias por corrupción que había anunciado contra el exmandatario, se constituían en una “amenaza para su poder político” en la región.

Además, señala la togada que los asesinatos de los campesinos Rosa Cabrera y Luis Rodríguez se dieron en medio de una persecución de las AUC –aliadas con la banda de ‘Marquitos’– que Gómez Cerchar ordenó contra las Farc, dentro de la cual se abrió fuego contra la población civil, cobrando indiscriminadamente sus vidas.

Así mismo, sostiene que hay suficientes pruebas para señalar al exgobernador como presunto determinador del homicidio del profesor José ‘Chema’ Benjumea, quien lo iba a denunciar por los crímenes, precisamente, de Cabrera y Rodríguez –proceso que se lleva en otro despacho–.

Finalmente, encuentra la jueza que no hay pruebas del supuesto complot por el que ‘Kiko’ Gómez denunció a la exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Martha Zamora –quien reabrió los casos contra el hasta entonces intocable exmandatario–. Y, por ello, Zamora le dijo a EL HERALDO que denunciará a Gómez y a su defensa por injuria, calumnia y falsa denuncia.

Este diario conoció el fallo, de 249 páginas, fechado el 23 de junio pasado, en el que se condena a 40 años de cárcel a Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, por los homicidios agravados de López, Cabrera y Rodríguez y por concierto para delinquir agravado.

En enero pasado, el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá había condenado al exmandatario –capturado en octubre de 2013 y recluido en La Picota– a 55 años de prisión por homicidio, tentativa de homicidio y fabricación de armas, por los crímenes de la ex alcaldesa de Barrancas, La Guajira, Yandra Brito; su esposo Henry Ustáriz y su escolta, Wilfredo Fonseca.

“Nada más protervo que política e ilegalidad”

En sus conclusiones, declara el fallo: “la afectación a los bienes jurídicos tutelados de la vida y la seguridad pública fue real, ya que Gómez Cerchar promovió grupos al margen de la ley que sembraron el terror en varias zonas de La Guajira y que cometieron múltiples delitos a su paso, algunos de gran entidad como los homicidios que aquí se reprochan y que afectaron gravemente la vida como valor y principio fundante del Estado”.

En el caso del concejal López, cuestiona la togada que “la afectación se magnifica en el móvil político que lo originó, pues nada más protervo que la política aliada con grupos al margen de la ley”.

Y sobre los crímenes de Rodríguez y Cabrera, “lo que en ellos se advirtió fue a las AUC disparando indiscriminadamente y por un lapso de más de 30 minutos contra la población civil, que se encontraba en un estado total de indefensión, so pretexto de perseguir a un presunto guerrillero, para aplicarle una pena de muerte que no existe en Colombia, suplantando con ello al Estado en el monopolio de la fuerza y administrando justicia privada, contexto en el que jamás se pueden garantizar los derechos fundamentales de las personas”.

“Lo maté por sapo”

La investigación por el crimen del concejal de Barrancas se inició por un anónimo que señalaba a Gómez de los homicidios de López, ejecutado por dos sicarios el 22 de febrero de 1997 en Barrancas, y de Rodríguez y Cabrera, perpetrados el 7 de julio de 2000, por un grupo de sujetos en la vereda Mamonal, en Fonseca, La Guajira.

Entre los testimonios de destaca la jueza se encuentran los de Yandra Brito, quien alcanzó a denunciar al exgobernador por el crimen de López. Así mismo, Gloria López recordó que su familiar fue asesinado en el hotel Iparú –de su propiedad– a las 9:00 a.m., con disparos, que lo trasladaron herido a Valledupar y como a las 12 m murió. Y agregó que la gente decía que lo mataron porque se dio cuenta cuando quemaron la Alcaldía, en concreto la oficina jurídica, donde reposaban documentos de contrataciones que, de acuerdo a otros testigos, servirían para la denuncia por corrupción que preparaba el concejal contra ‘Kiko’ Gómez, quien en ese momento era alcalde de Barrancas.

Andrea López dijo que estaba con su padre cuando sucedieron los hechos, que vio el reflejo del sicario y que luego solo vio caer a su padre. Que ha oído que a su papá “lo mataron por sapo, por decir cosas que no debía en sus discursos, como que ‘iba a destapar las ollas podridas”. Y añadió que su padre era del mismo grupo político de Gómez Cerchar en el Partido Liberal, pero que luego se lanzaría a la Alcaldía como opositor.

A su vez, el exdirector de Planeación de Barrancas, Pedro Castilla, señaló que se enteró por esos días que hubo “una discusión al interior de la corporación (Concejo) con palabras fuertes, en la que López hizo cuestionamientos respecto de la contratación de una obra”.

Y Diana López, hija, contó que se rumoraba que quien lo había matado era Gómez, y que le comentaron que, incluso, el propio exgobernador dijo en una fiesta: “yo maté a ese hijueputa por sapo”. Además, advirtió que escuchó que habían comparado testigos para testificar a su favor.

“Se robó el acueducto de Chorreras” 

Al hacer un análisis de los pocos y atemorizados testimonios en contra del exmandatario, la jueza señala que “a pesar de que los testigos en cuestión tienen en común que no se atreven a señalar en forma directa al acusado del homicidio de López, usando expresiones tales como ‘se oyó decir’, (…) ello no es óbice para concluir que existe, por vía indiciaria, el conocimiento requerido para tener a aquel como responsable de dicha conducta punible”.

En otro aparte, cita la togada lo dicho por el testigo Ramiro Mejía, quien aseguró que el concejal “había hecho comentarios callejeros acerca de que ‘el alcalde se había robado la plata del acueducto regional”, refiriéndose al acueducto de Chorreras, por lo que, afirma la jueza, Gómez tuvo que dar explicaciones posteriores a sus copartidarios.

Y concluye que las relaciones entre ambos eran “tensas, por cuenta de la oposición política que este estaba haciendo” y que “se convertía en una amenaza contra el poder político que el procesado ostentaba en el municipio de Barrancas, lo que permite admitir un móvil político y de animadversión”.

Cabrera, Rodríguez y Benjumea

El ex AUC, José Lara, alias Roni, contó que el 7 de julio de 2000 a las 3:00 p.m. fueron a la finca ‘El palacio de los reyes magos’, en la vereda Mamonal, y llevaron 12 hombres porque iban a asesinar a una persona, pero que ésta los recibió con disparos y les tiró una granada, y ellos respondieron: que salió una señora (Cabrera) y le pidieron quedarse quieta, “pero como salió corriendo, le dispararon”.

Por un parte, Erlin Cortés, alias Kike, escolta de Gómez, contó que las muertes de Rodríguez y Cabrera se dieron porque las AUC, por orden del exgobernador, iban a asesinar a un supuesto auxiliador de las Farc, y este los repelió con una granada, por lo que dispararon indiscriminadamente contra todos los que estaban en la finca. Y agregó que el exmandatario también mandó a matar a Chema Benjumea, porque este iba a denunciar esos dos asesinatos.

Zamora denunciará a Gómez

La jueza, sobre lo que sostuvo la defensa de Gómez, acerca de que estas acusaciones en su contra se debían a un complot de la exfiscal Zamora, señala: “no se demostró adecuadamente que en verdad existiera una confabulación en contra de Gómez”, por lo que advierte: “aclarando desde ya que las personas que fueron vinculadas al supuesto complot , entre las cuales se encuentran los fiscales Zamora y Julio Ospino (delegado ante la Corte que llevó el proceso al final), quedan en libertad de ejercer las acciones legales que estimen pertinentes”.

Ante esta declaración, Zamora, actualmente investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, de la ONU, le dijo a EL HERALDO que no solo denunciará a Gómez, sino también a su defensa: “la falsa denuncia es también contra el abogado Alfredo Montenegro, el mismo abogado de Sigifredo López, porque es el mismo modo de actuar de desprestigiar a los fiscales”, y agregó en este sentido: “estoy pendiente del fallo de la Corte porque la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron en favor mío la preclusión por no existir delito. En este último caso es denuncia de Sigifredo López”.

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