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Operadores dicen que lo del ICBF es “persecución política”

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas y Arregopine dicen que sí cumplen.
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La directora del ICBF, Cristina Plazas. Archivo

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Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas y Arregopine dicen que sí cumplen.

Dos de los cuatro operadores de alimentos denunciados penalmente por la directora del Bienestar Familiar por irregularidades en la prestación del servicio para 6.282 niños y niñas entre 0 y 5 años, respondieron ayer que esta decisión es el resultado de una “persecución política”.

Dayelis Brito, de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu de la Zona de La Makuira, uno de los operadores cuestionados, dijo que la actitud de la directora del Bienestar está relacionado con “intereses políticos”.

Los otros operadores denunciados ante la Fiscalía son: Fundación Kootirrawa,  Unión Temporal Watwpichin y  Asociación Arregopine (hoy Fundación Asouta Sau Wayúu.

La directora Cristina Plazas dijo ante la Fiscalía que halló deficiencias como omisiones en la entrega de raciones  para los niños, almacenamiento y suministro de alimentos en mal estado, profundas deficiencias administrativas e inconsistencias contables, entre otras anomalías.

“Actuó con ira”

Para Brito, “las declaraciones de Plazas  me parecieron una imitación más del doctor Vélez”,  dijo, en referencia al gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez.

Agregó que la funcionaria fue “llevada por impotencia ya que le ofende que sean los mismos indígenas, esos que ellos creen poco entendidos, quienes estén defendiendo sus derechos y sus territorios”.

Irónicamente -anotó- en mis seis unidades con 300 niños gracias a Dios no tenemosni uno desnutrido, y aunque no lo quiera aceptar, existe el marco diferencial, y la dotación nutricional fue concertada con padres y autoridades, de la cual en su oficina reposa un acta de conservación.

La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu de la zona de la Makuira fue contratada para brindar alimentación a 492 niños y niñas en la modalidad tradicional familiar y 1.050 beneficiarios en la modalidad familiar  que incluye menores de 5 años, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia por valor de $ 841.628.550.

Para la vocera de la fundación, durante el tiempo del contrato nunca les hicieron un llamado de atención “no tiene un documento recibido, y sí tenemos talla y peso de los niños porque contamos con equipo de profesionales en el área nutricional, sí hay proyecto pedagógico”.

Explicó que el contrato, que culminó el 30 de julio, no ha sido renovado, pero según Brito, siguen entregando la ración alimentaria los niños.

“Estamos indignados”

Otra vocera, de la  Asociación Arregopine (hoy Fundación Asouta Sau Wayúu), que pidió no ser identificada por razones de seguridad, también rechazó la denuncia penal en su contra.

“Estamos indignados porque el ICBF se ha pronunciado negativamente respecto al trabajo que se realizó, cosa que es falsa y tenemos prueba de todo. Ya se le entregó la documentación que nos soporta a la coordinación zonal en Bogotá. Está claro que es una persecución política hacia mis jefes porque el proyecto se cumplió tal cual como reza el contrato”.

Entre las anomalías encontradas por el Bienestar Familiar en la visita que realizó a este operador, expuso la Fundación Arregopine cambio de razón social sin solicitar la aprobación a la regional y que alimentación suministrada, establecida en el ciclo de menús no contemplaba el enfoque diferencial de acuerdo con la comunidad indígena atendida.

Tampoco realizaban la intervención nutricional ni acciones de orientación a la familia de acuerdo con las recomendaciones nutricionales. El contrato con este operador es por $ $240 millones de pesos y su representante legal es Adony Arregocés Pinedo.

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