Niegan tutela por niños muertos en La Guajira
Según el fallo, las instituciones involucradas trabajan de manera coordinada, según sus funciones, por lo que no es necesario tomar medidas al respecto.
El Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira decidió declarar improcedente la acción de tutela presentada por el director del Departamento Administrativo Departamental de Planeación del Departamento, César Arismendy en la que pide que se restauren los derechos de los niños de esta región.
En la misma expone como argumento que entre los años 2008 y 2013 murieron oficialmente 2.969 menores de cinco años, de los cuales 278 fueron por desnutrición y los restantes 2.691 corresponden a otras patologías.
Según el fallo, cuya ponente fue la magistrada Anatulia Lamboglia Rodríguez, es claro que en materia de salud y nutrición son muchas las deficiencias en el departamento, pero las instituciones públicas y privadas accionadas en el recurso que se presentó, han venido actuando de manera coordinada y en forma gradual, adoptando medidas tendientes a atacar dichas problemáticas y en pro de la consolidación de los derechos fundamentales de los menores.
“A juicio de esta Sala, no se configuran entonces, los requisitos para que se estime que nos encontramos frente a la existencia de un perjuicio irremediable respecto de la población que conforman los niños y niñas del departamento”, indica el fallo.
Agrega que sí pueden existir casos en los cuales se produzca una afectación de los derechos fundamentales, pero no se puede decir que esa violación ha sido sistemática y que afecte a toda la población menor de La Guajira.
La Sala también afirma que no es necesario tomar medidas urgentes y que la tutela no es el medio idóneo para conjurar la situación planteada por Arismendy.
“Se ha establecido entonces por parte de esta Sala, que las autoridades han venido actuando, tratando de contrarrestar los males propios de la situación socioeconómica y de salubridad de la población guajira”, se afirma en el documento.
Concluye que aunque la situación es crítica en muchos aspectos, en este caso no hay suficientes elementos de juicio para determinar que se tomen medidas protectoras de los derechos fundamentales invocados.
Insisten en que se debe proteger a los niños de La Guajira. Mientras el director nacional del ICBF Marco Aurelio Zuluaga se mostraba molesto por estas cifras que fueron incluidas en la tutela negada, el director de Planeación Departamental César Arismendy insistía en la protección de los niños de La Guajira.
“Hay unos niños que se mueren de hambre y en la partida de defunción dice que fue por diarrea. Si las estadísticas fueran más detalladas, las cifras causarían mucho más impacto, porque también hay niños que se sepultan según los usos y costumbres de la etnia wayuu y no se reportan”, explicó el funcionario.
Agregó que le parece algo perverso que se oculte semejante realidad y que pedirá la intervención de la Red Institucional de Protección de los Derechos de los Niños.
Por su parte, la gobernadora encargada Sugeila Oñate Rosado se mostró satisfecha con la visita del director nacional del ICBF y manifestó que está de acuerdo con él en el sentido de que las cifras de niños muertos son mucho menores que las que se han divulgado.
