“El rol del ICBF será estratégico para La Guajira en el nuevo gobierno”
Así lo afirma Cesar Arismendi, de la Veeduría Ciudadana de la Sentencia T-302 que declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento.
La Veeduría Ciudadana de la Sentencia T-302, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, opina que, en medio de la crisis humanitaria, el rol que desempeñe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF será clave para disminuir las muertes de niños por desnutrición.
Hasta la fecha en La Guajira han fallecido 37 niños por desnutrición o causas asociadas a ella, según el boletín epidemiológico de la secretaría de Salud departamental. También se han encontrado 833 niños menores de cinco años con desnutrición aguda.
Según Cesar Arismendi, exdirector de Planeación departamental e integrante de la veeduría, “en el nuevo gobierno, el ICBF será determinante para los cambios sociales estructurales que se necesitan en las comunidades indígenas”.
Dice que el instituto parece haber perdido la gobernabilidad del programa de atención integral a la infancia, ya que este no logra percibirse como un proceso de educación inicial bajo la modalidad propia e intercultural en las comunidades étnicas y rurales de las entidades señaladas en la Sentencia T-302 de 2017.
Explica que, en las áreas de servicio en donde funcionan las Unidades Comunitarias de Atención - Uca, el programa que adelanta el ICBF es percibido como una acción con enfoque nutricional, desconociéndose que el componente pedagógico es el más importante en consistencia con la distribución presupuestal que mantiene a su interior.
“Ello implica que este no tiene la suficiente fuerza en el programa y que termina siendo evaluado en sus logros a través indicadores de talla y peso alcanzado por los beneficiarios, es decir por indicadores de capacidades nutricionales”, añade Arismendi.
Señala también que, en la gestión de las Ucas, esta presenta diferentes barreras de entrada como son la identificación, vacunación completa, afiliación al sistema de seguridad social, requisitos que no siempre se cumplen y que llevan a la exclusión cientos de niños menores de 5 años. El modelo seguido presenta evidentes fallas que ponen en riesgo a los niños y niñas, dado que dejan por fuera a menores con discapacidad, madres gestantes y lactantes, lo que repercute en el estado de desnutrición.
“El programa deja de operar durante 5 meses al año. De enero a marzo las Ucas se encuentran cerradas por los procesos de contratación de los operadores. Aunque en el calendario debe reanudarse la atención en marzo, la realidad es que la actividad se pone en marcha en mayo, lo que implica que la atención y canasta de alimentos se dejan de recibir durante 5 meses”, precisa.
Igualmente hay fallas en el de madres gestantes y lactantes, donde se entregan paquetes alimentarios hasta los 6 meses y no hasta los 18 meses (post parto y lactancia), según se establece en el manual del operador. “Estas condiciones, determinan que el programa se enfoque en generar condiciones para que sus beneficiarios puedan sobrevivir y no en generar condiciones objetivas para su desarrollo integral”, anota el veedor.
En el análisis del tema, han detectado que un porcentaje muy alto de Ucas carecen de dotación apropiada, como silletería, chinchorros, colchonetas, utensilios de cocina, calderos, platos y cucharas, muchas de ellas rotativas, lo cual fácilmente genera vectores de contagios gripales o de cualquier tipo de virus entre los niños. Son evidentes las necesidades de mesas, escritorios, refrigeradores, estantes para archivos, sus condiciones internas son precarias y el espacio de las cocinas tradicionales de las Ucas se convierten en un espacio de alto riesgo para los niños por el sistema de preparación de alimentos con leña y carbón en el suelo.
Considera entonces que es necesario redefinir la política pública que determina el programa en relación con sus objetivos específicos (educación inicial o nutrición), los requisitos de acceso, los estándares de las instalaciones física, la participación de las comunidades, las familias, las minutas, la promoción al ciclo de la educación básica y la edad de escolarización de acuerdo al pensamiento propio de los wayuu.
