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La Guajira

Hay violación a derechos indígena en construcción de cárcel de Riohacha: PGN

El pronunciamiento es opuesto a lo dicho  por la Agencia de Consulta Previa que no vio violaciones a los nativos con esa obra de vale cerca de $182 mil millones

Para el próximo 15 de diciembre, se tiene previsto una audiencia entre la comunidad La Ceibita Macedonia y los voceros del Gobierno Nacional, departamental y de Riohacha, quienes junto a la Defensoría del Pueblo y la personería de la capital, donde se tratará el tema de la construcción de una cárcel en la capital del departamento de La Guajira ya que los indígenas reclaman porque serán impactados negativamente por la obra.

En más de una ocasión los nativos wayuu, que son los vecinos del área en la que ya se está construyendo, han bloqueado la entrada a la obra impidiendo la continuidad de los trabajos. Ellos consideran que no se hizo de manera integral una consulta a todas las comunidades que se afectan con las instalaciones del penal.

A su vez, reclaman el cumplimiento de los compromisos que suscribieron con el Gobierno local para minimizar el impacto que la obra causa en esas comunidades, donde prevalece la reubicación y algunos beneficios que son obligatoriedad del Estado colombiano para los ciudadanos.

Una cárcel de mediana seguridad

Cuando se suscribió el contrato para la construcción de la obra  con el Consorcio Eron, el hacinamiento de la cárcel de Riohacha estaba en el 229%, pero un par de años atrás ese hacinamiento fue cercano al 500%. La cárcel sigue sin un pabellón para mujer y se le viola a las internas el derecho a permanecer lo más cercano posible a sus núcleos familiares para facilitar las visitas de los suyos.

La cárcel será construida en un lote que tiene 10 hectáreas y según las especificaciones del diseño contará con siete pabellones, que posibilitarán la permanencia de 1500 internos donde se atenderá de manera diferencial, hombres de cualquier etnia, mujeres e indígenas.

El Consorcio ERON La Guajira, conformado por partes iguales por las empresas Varela Fiholl y Compañía SAS y A Construir S.A.  la obra, que quizás sea la de mayor importancia social de La Guajira en los últimos tiempos, tiene un costo $181.957.017.859, cuyo plazo de ejecución es de 16 meses, es decir que contando desde la adjudicación del contrato, la obra debería ser entregada por los constructores en marzo del entrante 2023, pero al llegar al sitio de la obra, el retraso es evidente y hace suponer que esa fecha necesariamente deberá ser postergada.

La versión del procurador étnico

Hace un mes se levantó un bloqueo en la entrada de la obra que la mantuvo paralizada por buen tiempo y hace unos 15 días, las autoridades locales, el personero  Defensoría del Pueblo y otras instancias se reunieron y lograron sortear con éxito una nueva amenazada de paro con bloqueo del área de los nativos, pero quedó programado el cumplimiento de los acuerdos que se suscribieron desde 2020.

Las evidencias del procurador

Ahora se produce un nuevo hecho que debe ser tenido en cuenta por el contratante y todos los involucrados en la obra y es que el procurador Delegado para  Asuntos Étnicos, Yeferson Mena, dijo que las violaciones a los derechos de los nativos vecinos a la obra son evidentes y el impacto igual no tiene dudas de que existe.

“Vamos a actuar de manera inmediata y para esto ya hemos solicitado al ministerio del interior una reunión, con Uspec para analizar la situación y solicitaremos que sea la Procuraduría y la Defensoría los únicos accionantes. Vamos a pedir al ministerio del interior que nos entreguen los estudios donde se determinó que no hay afectación a  los nativos de la zona y los vamos a defender con decisión y con todo el acervo probatorio que hemos recaudado en esta visita”, indicó el Procurador para Asuntos Étnicos.

Render de la nueva cárcel de Riohacha. Cortesía
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