La Guajira no podrá manejar por tres años recursos de salud, educación y agua
La decisión fue adoptada este martes durante el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, con el fin de darle un manejo transparente a los dineros que transfiere la Nación al Departamento, cuyo gobernador y alcalde están presos.
El Gobierno decidió asumir temporalmente el manejo de recursos de salud, educación y agua potable de La Guajira, para dar un manejo transparente a los dineros que transfiere la Nación a ese departamento.
Se trata de una trascendental medida adoptada en una reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que mejorará la prestación de los servicios, ante la actual situación por la que pasa esa importante región del país.
El Gobierno Nacional trasfiere al departamento de La Guajira anualmente cerca de $785.000 millones para financiar la provisión de los servicios de agua, salud y educación.
“Una evaluación detallada de estos sectores muestra grandes falencias en el uso y manejo de estos recursos por parte de la Gobernación y los municipios receptores. Esto ha generado que estos servicios no lleguen efectivamente a una gran parte de la población guajira”, indicó el documento del Conpes.
Con esta intervención, a partir de hoy los $513.000 millones destinados a educación, $56.000 millones dedicados a agua y los $216.000 millones de salud serán administrados por equipos élite de los ministerios Salud, Educación y Vivienda, que trabajarán en el departamento junto con las autoridades locales para implementar mecanismos de contratación competitivos, mejorar la calidad de los servicios y acelerar las inversiones en curso.
“Estas medidas se toman por un periodo de tres años, que pueden acortarse si se logran las metas del plan de desempeño de forma anticipada”, agregó el Conpes.
En el tema de Educación, en el que también se asumirá el manejo de los recursos de alimentación escolar, La Guajira es el único departamento del país que a la fecha no ha empezado la jornada escolar para cerca de 15.000 niños; se identificaron contrataciones sin el lleno de los requisitos legales e irregularidades en el reconocimiento de horas extras de maestros; no hay registros de entrega de dotaciones a docentes e instituciones educativas en varios años; y hay pérdida de recursos de la Nación por no reporte de información.
En cuanto a la salud, se ha evidenciado que se superaron los topes autorizados para gastos administrativos en más del 100%. Es decir, recursos que deberían financiar jornadas de vacunación o actividades de salud pública, se gastan en sillas y papel para oficinas.
De la misma forma, no existe una red pública de hospitales certificada, por lo cual no se pueden hacer inversiones en estas instituciones y hay deudas acumuladas por $35.000 millones, que afectan el acceso y calidad del servicio del servicio.
También hay irregularidades en el manejo de los recursos de la salud y debilidades en la auditoría y seguimiento a los mismos.
Respecto a agua y saneamiento las coberturas están por debajo del promedio nacional y únicamente tres municipios de quince suministran agua apta para consumo humano.
El departamento no ha ejecutado las transferencias para agua de las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por cerca de $39.101 millones pese a las grandes necesidades y actualmente se encuentran suspendidos 17 proyectos de agua por Gobernación y alcaldías no han nombrado interventorías.
De la misma forma, el departamento cuenta con recursos superiores a los USD$50 millones para proyectos de agua y saneamiento básico, de los cuales apenas se ha ejecutado una tercera parte durante 10 años.
