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PAE en La Guajira. Archivo
La Guajira

Fiscalía imputó cargos a coordinadora del PAE en Riohacha

Es investigada por los mismos delitos por los cuales están detenidos el alcalde Fabio Velásquez y su secretaria de Educación Dilcey Acosta.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a coordinadora del PAE Riohacha, Islaida Cecilia Mindiola Arenas, por presuntas irregularidades en contratación, por las cuales ya están detenido el alcalde de esta capital Fabio Velásquez Rivadeneira y su secretaria de Educación Dilcey Acosta. 

Según el ente acusador,  a la coordinadora, quien también tenía funciones de supervisión del contrato, le fueron imputados los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. 

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario pero el Juez Primero de Riohacha suspendió la diligencia para tomar una decisión y quedó programada para el próximo 12 de diciembre. 

Las presuntas irregularidades que investiga la Fiscalía tienen que ver con   el convenio No. 02 del 23 de febrero de 2016, firmado entre el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y el representante legal de la Asociación Social del Caribe (Asocar), que tenía como objetivo beneficiar a una población de 16.630 estudiantes, entre niñas, niños y adolescentes matriculados en el Sistema de Matrículas Estudiantil (SIMAT) vigencia 2016, jornadas única y establecimientos focalizados en la zona rural e indígena del distrito de Riohacha. 

Para el convenio se designó como supervisora a la señora Isladia Cecilia Mindiola Arenas, quien, según la investigación, habría adjudicado el contrato a Asocar, pese a que la propuesta fue presentada de manera extemporánea. De esta forma, se habrían vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva. 

El Estado destinó cinco mil setecientos trece millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos ($5.713.472.687) para la ejecución de los cuales afirma que se habrían apropiado de forma irregular de mil ciento setenta y seis millones de pesos ($1.176.000.000). 

“La Fiscalía evidenció que el contrato no cumplió con la totalidad de lo pactado ni en las fechas acordadas. Además, encontró que en muchos casos no se entregaron alimentos, hubo duplicidad de nóminas y sobrecostos en el transporte”, aseguró en un comunicado este organismo.

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