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El titulo es:“El de La Guajira ha sido un abandono histórico del Estado”: Jorge Armando Otálora

“El de La Guajira ha sido un abandono histórico del Estado”: Jorge Armando Otálora

Defensor del Pueblo reclama una acción gubernamental para atender la crisis del Departamento y hacerle seguimiento a los responsables.
Héctor Palacio
Héctor Palacio
El defensor del Pueblo, Jorge Armanto Otálora, visitó varias rancherías de la zona rural de Riohacha. Héctor Palacio
Defensor del Pueblo reclama una acción gubernamental para atender la crisis del Departamento y hacerle seguimiento a los responsables.

“La Guajira ha sido objeto de un constante e histórico abandono por parte del Estado y de los organismos de control, incluida la Defensoría del Pueblo”, aseguró ayer en esta ciudad  el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.

Durante la audiencia sobre la crisis humanitaria en este departamento, presentó la radiografía de la situacióndel departamento en cuanto a acceso a salud, agua potable, saneamiento básico, incursión de grupos al margen de la ley, víctimas del conflicto armado y violencia de género, entre otros.

La investigación fue adelantada durante seis meses por nueve delegadas especializadas de la Defensoría.

“No se justifica que en 23 años de existencia de la Defensoría no se haya hecho este estudio en un departamento tan importante y con tantas necesidades”, enfatizó Otálora en el evento al cual asistieron autoridades locales y representantes del gobierno nacional.

“Las cifras ya no alarman”. Dijo que esta región a través de la historia se ha acostumbrado a la desidia y al abandono hasta el punto que las cifras ya no asombran ni alarman a la comunidad.

Explicó que la Defensoría también encontró que en muchas comunidades había baja cobertura de agua potable, saneamiento básico y alimentación, dificultades de acceso de las comunidades a los servicios de salud e incumplimiento de las EPS en su función de aseguramiento.

Otálora reiteró que sentía “verguenza” por la muerte de 43 niños a causa de la desnutrición. 

Reveló los resultados de una  microfocalización en 147 comunidades solo de Riohacha en la que se encontraron  2.223 niños menores de 5 años, de los cuales 2.065 no contaban con ninguna atención del Estado y  solo 158 se encontraban en programas del Bienestar Familiar.

En el informe se estableció que en el primer semestre del 2014, la situación de amenazas y extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos individuales y masivos, atentados terroristas y enfrentamientos, han sido constantes.

“En Dibulla por ejemplo, hay 29.446 habitantes y el 37.5% de las personas están en condición de desplazamiento forzado. Riohacha es el receptor y primer expulsor de La Guajira”, se precisa en el documento.

Fueron identificados además grupos armados ilegales pos desmovilizados, que vigilan quienes entran y salen del territorio, lo que les permite brindar protección a los cargamentos de cocaína, también ejercer control y realizar cobros de extorsiones.

Igualmente volvió a quedar evidenciada la grave crisis que hay en la Cárcel Municipal de Riohacha, donde cada recluso tiene 60 centímetros cuadrados para su movilidad. La capacidad es para 100 detenidos y hay 583.

A la audiencia asistieron la directora del ICBF, Cristina Plazas; la viceministra de Vivienda, María Carolina Castillo; el viceministro de Salud,Fernando Ruiz; el alcalde de Riohacha, Rafael Ceballos; la procuradora para a Infancia y la Adolescencia, Ilba Hoyos;  la gobernadora (e) Bely Gnecco, y la defensora regional, Soraya Escobar.

Medidas urgentes. Según la Defensoría del Pueblo en La Guajira se debe declarar el Estado de Cosas Institucional con el fin de defender los principios y derechos fundamentales.

También sugiere implementar un plan de choque interinstitucional participativo  e intersectorial con enfoque de “atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia”.

En el informe se recomienza impulsar programas de desarrollo sostenido y de acciones políticas que combatan de manera efectiva las causas estructurales de la crisis social y humanitaria que agobia a la población wayuu.

Otálora Gómez hizo un llamado a la Procuraduría y a la Contraloría para que hagan seguimiento a las actuaciones de los funcionarios estatales responsables de desarrollar las acciones en materia alimentaria.

Para finalizar el Defensor del Pueblo afirmó que la ineficacia de la acción del Estado frente a los problemas de La Guajira, en gran medida obedece al escaso conocimiento de las realidades del departamento, por parte del gobierno nacional y departamental.

“No han valorado el enfoque diferencial bajo el cual debe abordarse la asistencia al pueblo wayuu”, aseguró.

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