El Heraldo
La Guajira

Condenan a cuatro personas por desfalco en Albania

El Hospital San Rafael (La Guajira) firmó un contrato por $18.900 millones, pero los contratistas no cumplieron con sus funciones.

Después de diez años de haberse consumado los punibles hechos que parten de un multimillonario contrato entre la Alcaldía de Albania, en ese momentos en manos de Yankeler Hernández, y el Hospital San Rafael, quien a su vez subcontrató con 1.459 personas para desarrollar un programa de salud y evitar la mortalidad de niños y madres gestantes, siguen produciéndose condenas contra los implicados.

El nuevo fallo de un juez de la república acaba de sancionar con cárcel de cinco años y diez meses a uno de los procesados y con 4 años a los tres restantes, quienes gracias a un preacuerdo avalado por el togado recibieron la sanción que incluso los podría enviar a sus casas con prisión domiciliaria.

Las personas condenadas son Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por valor de 1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas; Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por un valor superior a 1.230 millones de pesos.

Asimismo,  Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el hospital de Albania por 1.269 millones de pesos y a su vez subcontrató a 244 personas, y Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró 1.203 millones de pesos.

Ojeda Rivadeneira fue condenada a cinco años y 10 meses de prisión, mientras que los demás recibieron penas de cuatro años de prisión.

“El material de prueba evidenció que los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres requisitos. Tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en Albania (La Guajira), ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Según la Fiscalía, se comprobó que la mayoría de las personas no cumplió actividad alguna, pero cobraron sus honorarios a través de cheques.

“Los dineros fueron cambiados por efectivo y, posteriormente, guardados en bolsas de basura y entregados a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira”, informaron.

Tras la investigación y las respectivas audiencias, estos hechos fueron aceptados, mediante preacuerdos, por cuatro de los profesionales que sirvieron de intermediarios para desviar los recursos públicos de la salud. Es así como un juez penal del circuito de Riohacha los declaró responsables del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Según la Fiscalía, el centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones contractuales de ese momento.

El alcalde de ese entonces y más de diez personas ya han sido procesadas y condenadas y sancionadas, como el caso de la señora Eliana Margarita Urango Álvarez,  a quien un juez le dio tres años de condena.

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