Comisión de Moralización pone la mira sobre la corrupción guajira

La corrupción que por años ha saqueado La Guajira y ha dado pie a la crisis humanitaria que hoy afecta al pueblo indígena wayuu con la muerte de sus niños por desnutrición, quedó en la mira de la Comisión Nacional de Moralización, anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos.

Al terminar la evaluación de la debacle política, social, económica y humanitaria en ese empobrecido Departamento, pese a que es uno de los que en el país ha recibido más dineros por regalías, el jefe del Estado reveló que en la reunión el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, les informó que en los últimos 30 años ha recibido 3.000 millones de dólares en regalías y en recursos del Sistema General de Participación (SGP).

“Uno se pregunta dónde está esa plata y no encuentra donde la invirtieron”, expresó Santos.

Por esa razón, el Comité de Moralización tomó tres decisiones principales: la primera tiene que ver con que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General trasladarán a Bogotá las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias más importantes que llevan a cabo en La Guajira en materia de corrupción administrativa, para tomar medidas en la capital del país contra los responsables de irregularidades en la Gobernación y varios municipios, como Uribia, Albania, Manaure, Maicao y Barrancas.

El presidente dijo que la Fiscalía ya se llevó para Bogotá 48 investigaciones penales y eso le “está dando resultados”. “La mitad –agregó– de esos procesos se refieren a antiguos gobernadores y eso da una idea de la dimensión de lo que estamos confrontando”.

En Bogotá están presos por corrupción administrativa el alcalde de Riohacha Fabio Velásquez y el exgobernador Jorge Pérez Bernier; además, en la capital está radicada una audiencia contra la exgobernadora Oneida Pinto para que también responda por presuntos actos de corrupción cuando fue alcaldesa de Albania, por un contrato de $17.000 millones contra la mortalidad infantil. Por estas irregularidades está preso y judicializado su escolta y ex,alcalde encargado de este municipio Yan Keller Hernández.

La Fiscalía también tiene en la mira y llamó a imputación de cargos al exgobernador José María Ballesteros, hijo del exsenador Jorge Ballesteros Bernier, por presuntas irregularidades en el cuestionado contrato sobre el dengue, firmado por $17.500 millones con la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud, Olfis, cuyo representante legal Fredy Díaz Quijano también fue citado a imputación.

CONTROL A EFECTIVO

Sobre la segunda decisión adoptada, Santos anunció que instruyó al gobernador encargado Weildler Guerra Curvelo, a quien nombró el pasado jueves, sobre varios actos administrativos que el Gobierno Nacional expedirá para que tanto la administración departamental como las municipales hagan sus pagos a través de bancos o corresponsales bancarios con el fin de evitar, lo que más se pueda, la circulación o manejo  de dinero en efectivo con relación a las actividades públicas.

“El efectivo –enfatizó Santos– es, tal vez, el principal aliado de la corrupción”.

Guerra Curvelo fue encargado porque el actual gobernador Wilmer González fue encarcelado la semana pasada por presuntos delitos electorales cometidos antes y durante su elección, el 6 de noviembre de 2016.

La tercera decisión del Comité de Moralización fue que la Registraduría Nacional pondrá en marcha el sistema de identificación biométrica para garantizar la transparencia en la prestación de servicios sociales como educación y alimentación escolar.

EL HERALDO conoció que existe la sospecha de que a los sectores de la Educación y la Salud les están haciendo trampa, robándose millones de pesos anuales, con alumnos y pacientes fantasmas. Es decir, la biometría es para evitar la suplantación o las trampas en estos servicios.

Santos destacó que la Contraloría General ha hecho auditorías sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y encontraron en La Guajira detrimentos patrimoniales, o el robo de los dineros públicos, por $20.000 millones, lo cual representa el 32% de los recursos perdidos en todo el país por este plan.

COORDINAR ESFUERZOS

“En La Guajira la pobreza está por encima del promedio nacional, la desnutrición y mortandad infantil están en niveles alarmantes y actúan mafias del contrabando, la droga y la gasolina; y los servicios públicos están en serios problemas”, subrayó el presidente.

Justamente, por la rampante corrupción, el pasado martes el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) ordenó intervenir el manejo de los $785.000 millones que a través del Sistema General de Participación le deben girar este año a La Guajira para educación ($513.000 millones), salud ($216.000 millones) y agua potable ($56.000 millones); además intervino el Plan Departamental de Agua en el que hay $97.000 millones disponibles de un préstamo del Banco Mundial, que no ha dado resultados y en el que, como lo denunció la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, en este momento hay 17 proyectos suspendidos mientras que las comunidades no reciben este servicio.

“Así no es posible dar un buen servicio. Por eso todos vamos a trabajar en forma coordinada, articulada, para poder cambiar este lamentable estado de cosas”, manifestó el jefe del Estado.

Santos dijo que las actuaciones decididas conjuntamente con la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía están dirigidas a llevar a cabo acciones “para ir rompiendo ese paraguas de corrupción que, infortunadamente, se ha enquistado en La Guajira”.

SANEAR FINANZAS

Informó el jefe del Estado que a Guerra Curvelo le dio instrucciones para que enfoque su gestión en el “saneamiento de las finanzas públicas” y de asistir a los tres equipos conformados para la intervención de los recursos del SGP. También le pidió que apoye los procesos de contratación para garantizar que se presten bien los servicios y el desarrollo de programas sociales que “tanta falta” le hacen al Departamento.

“Vamos a fortalecer los grupos especiales de trabajo (de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría) para que los tres organismos de control acompañen al nuevo gobernador y a los agentes que tienen a su cargo la administración de la salud, la educación y de agua”, insistió Santos.

Además, anunció que lanzará el Plan Nacional de Pedagogía en Valores, a través del Ministerio de Educación, para promover la cultura de la legalidad en La Guajira.

 “Nuestro compromiso –en eso quiero ser muy claro– es con La Guajira, con los guajiros, con el bienestar de su población, con sus niños. Y esto comienza por luchar contra la corrupción y por la transparencia”, concluyó Santos.

PÉSIMO CONTROL FISCAL

En el país existen 63 contralorías territoriales que se gastan $250.000 millones anuales en funcionamiento, pero presentan deficientes resultados en la recuperación de los dineros públicos que son mal administrados. De los billones que las redes de corrupción hurtan año tras año de entidades públicas, apenas las contralorías recuperan $1.500 millones, elevándolos a cargos de responsabilidad fiscal: “Esto le da cada vez más razón al contralor (Edgardo Maya) y a quienes hemos propuesto una gran reforma constitucional del control fiscal, de toda la administración de las contralorías, porque es físicamente imposible tener un buen control fiscal”.

GUERRA SE DEFIENDE

En las redes sociales ayer circularon señalamientos contra el gobernador (e) Wieldler Guerra por su presunta cercanía con políticos cuestionados, como Oneida Pinto, Kiko Gómez y Jorge Pérez Bernier. El funcionario lo desmintió, dijo que trabajó en la administración de Jorge Ballesteros Bernier y que su esposa no ha ocupado cargos públicos.