Archivo particularTorres sostuvo que, a pesar de las falencias, el Sistema ha entregado resultados positivos.Las continuas y recientes violaciones a la casa por cárcel y las detenciones domiciliarias por parte de peligrosos ‘fleteros’, atracadores y sicarios revivió el debate sobre quién es el responsable por dichos incumplimientos.
EL HERALDO entrevistó ayer al magistrado Hernando Torres Corredor, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), quien desde Bogotá insistió en que la obligación es del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y que las autoridades deben volver estas medidas más restrictivas.
En Barranquilla y otras ciudades se han conocido violaciones a las domiciliarias, ¿qué análisis ha hecho la Judicatura al respecto?
La prisión domiciliaria es una pena privativa de la libertad. Para ello, la persona paga una caución y asume un acta de compromiso. Pero, en ocasiones la gente no cumple eso, que es el caso que usted me indica. ¿A quién le corresponde la vigilancia de esa medida? No es al juez, sino al Inpec. Eso está en la Ley 1144 de 2007. Incluso, esta puede sustituirse o llevada en conjunto con los mecanismos de vigilancia electrónica, y el Inpec tiene que hacer visitas periódicas del penado para verificar el cumplimiento de la sanción e informar al juez correspondiente.
Pero acá un atracador incumplió el beneficio, se le revocó e, inexplicablemente, después volvió a caer en la calle con una granada.
No, pero eso es irregular porque ya hay una orden del juez de mantenerlo en la prisión. Indudablemente, hay gente que abusa en esto. Por eso los jueces están siendo más duros con esto. El cumplimiento de las visitas del Inpec es fundamental. Lo que pasa es que el Inpec, a veces, tiene problemas de personal y no puede estar al tanto de todas las visitas.
Entonces, ¿cómo entender cuando un juez, a pesar de que la persona tiene antecedentes, le concede la domiciliaria?
La Justicia permite que, si no se está de acuerdo con una decisión, ésta se puede apelar. Nosotros respetamos mucho a los jueces porque es su independencia. De pronto, uno se equivoca, de pronto lee mal la Ley. Lo que sea, pero nosotros respetamos eso. Muchas veces, las decisiones de jueces en primera instancia son revocadas en segunda instancia.
Acá también ocurrió que un juez le dio domiciliaria al presunto asesino de un menor, a pesar de que la Ley lo prohíbe.
En esos casos hay que recurrir a la medida. Eso no tiene ninguna garantía, ningún
subrogado penal (beneficio).
O sea, la decisión fue errónea...
Fue errónea.
¿Cómo volver los controles más efectivos?
Se supone que esta medida es una garantía universal. Colombia goza de ser un Estado de Derecho, lo cual no significa que la gente y menos la delincuencia abusen de ello. En los eventos en los cuales habría que hacer ajustes, hay un organismo pertinente que es el Consejo Nacional de Política Criminal, porque la última cifra de personas que tienen domiciliaria en el país es de 19 mil 919. A veces, porque algunas personas no atienden, entonces se daña un sistema. Habría que valorar muy bien eso, y que el Consejo haga la recomendación pertinente: hacer más restrictiva la medida. Ahí valdría la pena hacer el ajuste pertinente por parte del Congreso de la República.
En conclusión, quiere decir que es necesario que el Congreso haga reformas...
Sí. Lo que pasa es que toca evaluar bien porque, a veces, por dos o tres casos se trata de desvirtuar una figura que puede ser beneficiosa. Por eso, se necesita que el Consejo Nacional de Política Criminal evalúe eso, y de esta forma el tema pueda ser evaluado en el Congreso, porque éstos son temas que tocan la libertad de los ciudadanos.
“Van perdiendo garantías”
El magistrado Torres aseguró que estas irregularidades producen que, actualmente, los jueces en Colombia estén concediendo menos beneficios. “La domiciliaria es un ámbito familiar diferente al contexto carcelario, donde el procesado no tiene ningún tipo de intimidad. O sea, por ponerse a esos juegos o ponerse a delinquir nuevamente, las personas de alguna manera están botando a la borda una garantía que les da la Ley. Garantía que, insisto, debe ser corroborada por el Inpec
Por Germán Corcho Tróchez
