El Heraldo
Un perito de la Sijín camina hacia el sitio donde se detonó la bomba de San José, en enero de 2018. Luis Rodríguez Lezama
Judicial

A la deriva, ataque del Eln contra la estación San José

EL HERALDO dialogó con dos sobrevivientes al ataque terrorista cometido en enero de 2018, en el suroriente de la ciudad. Sostienen que tras la libertad de los tres acusados el proceso ahora pende de un hilo. 

Luego de que esta semana trascendiera la libertad por vencimiento de términos de Cristian Camilo Bellón Galindo, Nilson Mier Vargas y Dalila María Duarte Cantillo, los acusados por los atentados terroristas del Eln del 27 y 28 de enero de 2018, en Barranquilla y Soledad, hoy existe un sinsabor entre las víctimas directas y los familiares de los fallecidos por la sorpresiva decisión judicial.

Si bien los tres liberados continúan vinculados al proceso, para quienes vivieron los crueles ataques hoy el caso pende de un hilo y puede quedar en la impunidad. A esto también se le suma la incertidumbre por el paradero de Jefferson Torres Mina, el vallecaucano que sería ese eslabón perdido desde el 2018, señalado de organizar junto con los hoy liberados aquel artefacto explosivo que dejó seis policías muertos y más de 47 heridos.

De este hombre se habló en su momento que hacía parte de las filas del Eln y habría ayudado a Bellón a coordinar los ataques. Del mismo modo, se dijo que había huido al vecino país de Venezuela, pero en el año 2021, es decir, tres años nueve meses después de aquel episodio reprochable, apareció en un video de redes sociales como youtuber. En dicha filmación usaba un buzo con los colores del Eln y con la imagen de Nicolás Rodríguez Bautista, conocido en la subversión con el alias de Gabino. Todavía es la hora y se desconoce si esas imágenes hacen parte del material probatorio de la Fiscalía contra el individuo.

Caso a la “deriva”

Por estas razones, la ya conocida decisión de un juez con funciones de control de garantías en favor de los tres acusados y paradero de Torres Mina, el subintendente Rafael Olivares, sobreviviente del atentado en la Estación San José, manifestó que hoy todo el proceso está a la “deriva y en el aire”.

“Luego de que un juez ordenara las libertades, siento rabia e impotencia. Me siento desamparado por el Estado, saber que estarán como si nada, pese a que causaron daños laborales y personales. Cuando me enteré de la noticia no pude dormir, nos cayó como un balde de agua fría, pienso que no valemos nada, siendo de la fuerza pública de Colombia. Ese mérito no debieron haberlo ganado. Hasta miedo de salir tengo, porque ellos son un peligro para la sociedad. No hay impunidad para nuestros muertos. Ahora mismo debemos aferrarnos a Dios para saber qué sucede con el proceso; que, pese a su vinculación, pueden irse a la selva y nadie los va a encontrar”, expresa Olivares, hoy retirado de la institución armada.

Aunque hayan pasado cuatro años y nueve meses, el agente Olivares aún tiene en su memoria la devastadora arremetida contra la fuerza pública de ese sábado a las 6:30 a. m., justamente en la hora de formación. Rememora que la explosión fue “de impacto, potente y seca”. Distinta al estallido de un transformador de energía, cuyo sonido ya es costumbre en esta zona del país. 

 “A diario, después de levantarme cada mañana y darle gracias a Dios, se me viene la imagen del momento en que yo le hablé a un patrullero y la bomba me tiró contra la malla de la cancha”, recuerda. 

Además revela que en dos oportunidades, previo al ataque, “cuando íbamos a formar en la noche yo levanté a Cristian Camilo Bellón. Estaba en la banca, todo sucio como en condición de habitante de calle. No sabíamos que lo que estaba haciendo era inteligencia para saber de nuestros movimientos”.

El hombre, a quien después de 19 años de servicio a la patria lo apartaron de su cargo y le derribaron su sueño de pensionarse como intendente de esta institución armada, sostiene que esa versión se la dio a sus superiores después del atentado, cuando se surtieron las audiencias preliminares contra los tres capturados. 

En igual opinión que Olivares, otro de los sobrevivientes, el patrullero Luis Esteban Señas, indica que “no es justo que haya impunidad, hay pruebas contundentes, el Eln aceptó el hecho. Si hay más culpables que los busquen. Me siento indignado y revictimizado porque el Estado me ha negado el reconocimiento, la diferencia que ha tenido con nuestro proceso”, precisa el funcionario, quien actualmente labora en una estación de policía de Soledad.

Señas sufrió heridas que en la actualidad le restringen movimientos en la cadera y las piernas, y además tuvo pérdida auditiva.

La granada fue lanzada en esta parte de la estación de policía del barrio. Luis Rodríguez
“Me siento burlada”

El dolor de las familias de las víctimas fatales, todos con grado de patrullero, identificadas como Fredy De Jesús Echeverría Orozco, Yosimar Márquez Navarro, Fredy de Jesús López Gutiérrez, Anderson Cano Arteta, Yamith José Rada Muñoz y Willy Savier Renalhs Martínez, se concentran en el corazón de Candelaria Meneses, madre de Yosimar. 

“Me siento muy triste, decepcionada, burlada de la justicia de Colombia. Es la hora y no puedo creer que la muerte de mi hijo va a quedar sin castigo, que esas personas sin corazón queden en libertad, que dilataron el proceso y así llegar al vencimiento de términos. Lo único que pido es que el juez estudie un poquito más el caso y reconsidere el fallo porque los padres merecen que los asesinos de sus hijos sean castigados”, opina Meneses.

La mujer, de igual manera, menciona que en medio del dolor fue víctima de los abusos de un abogado que le ofreció sus servicios para representarla ante la justicia y se fue con un dinero. 

“Siempre he querido hablar porque hay que alzar la voz. No entiendo cómo tres personas señaladas de matar a seis servidores públicos puedan salir de la cárcel”, anota. 

¿Qué pasará ahora?

Tras un largo periodo sin audiencias, en la mañana del pasado jueves 3 de noviembre se retomó en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, ante el juez Único Especializado del Circuito, Jorge Luis Torregrosa Monsalve, el juicio oral contra los tres acusados Bellón, Vargas y Duarte. 

 En esta diligencia la Fiscalía presentó a dos funcionarios de la Policía que adelantaron las pesquisas para aquella fecha y estos recordaron los elementos que hallaron en la mochila que llevaba Cristian Camilo Bellón en el momento de su captura: una usb con material fotográfico de las estaciones de San José y Soledad 2.000, así como del CAI del barrio El Carmen, en donde, al parecer, se planeaba detonar una bomba. 

Además, entre el material decomisado, había unas especies de mapas que, supuestamente, reflejaban el campo de efectividad de los explosivos que usarían para cometer los ataques. 
Tras las intervenciones de los uniformados, el juzgado reprogramó unas nuevas audiencias para 2023. Eso sí, no se sabe si estarán presentes en sala los hoy liberados. 

Hojas de papel que le fueron halladas a Cristian Bellón. Cortesía
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