Unimetro: una guerra judicial por el poder que dura más de 3 años

La orden de detención domiciliaria conocida el martes contra el rector y ex rector de la universidad y una diligencia adelantada ayer por la retoma del Hospital Metropolitano son, de momento, los últimos capítulos en una lucha que se remonta a la muerte del exsenador Gabriel Acosta Bende.

Estudiantes en la entrada principal de la Universidad Metrpolitana, en el barrio Ciudad Jardín.
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Por: Kenji Doku @kenjidoku
Judicial

La orden de detención domiciliaria conocida el martes contra el rector y ex rector de la universidad y una diligencia adelantada ayer por la retoma del Hospital Metropolitano son, de momento, los últimos capítulos en una lucha que se remonta a la muerte del exsenador Gabriel Acosta Bende.

Dos bandos se disputan desde el año 2016 el control de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano, cuyo manejo se realiza a través de la Fundación Acosta Bendek, una entidad creada hace casi medio siglo por el ya fallecido otorrinolaringólogo y ex senador, Gabriel Acosta Bendek, y su primera esposa Sofía Acero de Acosta. 

Por aquellos tiempos, después de ser constituida la fundación, el médico Acosta unió también esfuerzos con sus hermanos para instituir en 1973 la Universidad Metropolitana y, cuatro años más tarde, es decir en 1977, ese mismo grupo abrió las puertas del Hospital Universitario Metropolitano.

Gabriel Acosta Bendek incursionó en la política llegando, incluso, a ocupar una curul en el Congreso de la República desde 1994 hasta el año 2010. La rectoría después pasó a manos de Eduardo Acosta Bendek, quien estuvo en el cargo durante 35 años.

Bajo la dirección de los hermanos Acosta Bendek, la Universidad y el Hospital alcanzaron su máximo prestigio, tanto a nivel académico como en el ramo de los servicios médicos a la comunidad barranquillera.

Pero la muerte de Gabriel Acosta en agosto de 2014, cuando este tenía 84 años, desató entre sus herederos y los herederos de sus hermanos dos pleitos, uno penal y otro civil, en torno a quién debía tomar el control de todo el emporio. 

La pugna, hasta el momento, no parece tener fin. Los choques jurídicos han dividido a la familia. Por un lado están Alberto Acosta Pérez y sus primos Luis Fernando y Juan José Acosta Osío (actual rector de la alma mater), María Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia Díaz de Acosta (esposa de Alberto). Es decir, unos de los hijos de Gabriel Acosta Bendek, así como los otros herederos de los tres fundadores: Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Bendek.

En el otro bando están Ivonne Acosta, única hija del matrimonio conformado por Gabriel Acosta Bendek y Sofía Acero de Acosta, quienes dieron origen a la Fundación que hoy está en el centro del pleito. Ivonne Acosta es respaldada por su esposo Carlos Jaller Raad, quien es uno de los denunciantes, así como por Javier Cuartas Jaller y Jorge Luis Hernández Cassis.

Contexto

Luego de la muerte de su padre, Ivonne Acosta asumió la presidencia de la fundación, de la cual era vicepresidenta desde 2008, tras la muerte de su mamá en 1995. Y como parte de sus primeras decisiones, encargó a su hermano Alberto Acosta la dirección del hospital y a su esposo, Carlos Jaller Raad, la rectoría de la universidad.

Sin embargo, un par de años después de la muerte de Gabriel Acosta, los intereses se dividieron entre los esposos Jaller Acosta y los otros herederos de los Acosta Bendek debido a unas diferencias que surgieron en medio del manejo del consejo directivo de la universidad. 

Según consta en actas aportadas en el proceso, unos cambios ordenados por Jaller Raad llevó a que los otros herederos montaran a Alberto Acosta Pérez en la dirección de la Fundación Acosta Bendek y en la rectoría de la Universidad  Metropolitana y eso dio pie al primer pleito. 

Ivonne Acosta, apoyada por Carlos Jaller, denunció entonces a sus primos  (en mayo de 2016) de elaborar unas actas “sin ningún tipo de legalidad”, con lo que –según la denuncia– se consiguió un cambio de los estatutos de la Fundación y luego los nombramientos de miembros de junta directiva y de sus miembros activos. 

En un juzgado civil se interpuso una demanda que llegó a restablecer algunos derechos de Ivonne Acosta; sin embargo, ella  no consiguió entrar nuevamente a la Universidad ni a la Fundación, como pretendía. 

A raíz de esa situación, los Jaller Acosta instauraron entonces una denuncia penal contra Alberto Acosta y sus primos Acosta Osío por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento público falso y fraude procesal. 

De acuerdo con aquella denuncia de Carlos Jaller Raad, “los fundadores se auto-determinaron como tal, sin serlo, y bajo esa condición tomaron algunas decisiones que, posteriormente, conllevaron a su despido como rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla”, según consta en la investigación. 

Este caso fue llevado por la Fiscalía 56 Seccional de Patrimonio Económico. Sin embargo, contra el fiscal a cargo fue abierto un proceso cuyo expediente es el número 080016001257201802669,  por el delito de prevaricatro por acción al ‘no dar trámite a las investigaciones penales y llevarlas a otras estancias del ente investigador”. 

Paralelo a eso, en enero de 2017, el economista Alberto Acosta Pérez, entonces rector de la Universidad Metropolitana, presentó su renuncia al cargo, argumentando que buscaba proteger su seguridad y la de su familia. Por ello se designó en ese cargo a Juan José Acosta Osío.

Luego de esa movida, los primos Acosta denunciaron también a Carlos Jaller porque supuestamente en el tiempo que se desempeñó como rector (entre 2014 y 2016) por autorización de su esposa, “solo le permitían el ejercicio del cargo por un lapso no mayor a los dos años…” y porque “la universidad fue defraudada en su patrimonio en una suma aproximada a los $30.000 millones”. Esto está consignado en una denuncia penal. 

Según los primos Acosta, dichas denuncias se hicieron también contra los cercanos a Carlos Jaller y, pese al material probatorio presentado “no tuvieron el impulso procesal”. 

Por el contrario, según manifestaron, el caso contra los primos Acosta continuó. A su turno, los apoderados de los Jaller Acosta manifestaron ante las autoridades que aquellos presentaron “un sinnúmero de tutelas” para tratar de “dilatar los procesos”.  Según información suministrada por  uno de los abogados de la pareja, las acciones de tutela presentadas por el bando de los Acosta Pérez-Acosta Osío sumaron 126 entre 2016 y 2019.

Posesión

Por esas tutelas, después de los aplazamientos de algunas audiencias en el Centro de Servicios Judiciales, en septiembre de 2018 se conoció la decisión del Juez 13 penal municipal Rafael Uribe Henríquez, que ordenaba restablecer derechos a Carlos Jaller y su sobrino Javier Cuartas Jaller, en relación al proceso penal contra los primos Acosta. 

Entre sus órdenes, el togado decretó que Carlos Jaller retomara “de forma provisional y de manera inmediata el cargo de rector de la Universidad Metropolitana y a Javier Cuartas Jaller asumiera la dirección de la Fundación Hospital Metropolitano de Barranquilla”.

Tío y sobrino entraron entonces a la Universidad y al Hospital, pero eso no duró mucho y salieron nuevamente, debido a que la Sala Cuarta de decisión penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla concedió la solicitud de medida provisional hecha por Juan José Acosta Osío, en una tutela presentada en dicho tribunal. 

En el documento emitido por el magistrado Jorge Eliécer Mola se lee que la medida provisional se toma porque “es urgente, por lo que se decidirá que se suspendan los efectos jurídicos de la decisión antes mencionada (la del Juez 13), mientras se decide de fondo la presente acción constitucional”.

Todo esto generó una incertidumbre por conocer en realidad quién tenía en ese momento el control de la institución de educación superior y del hospital. Por un lado, Jaller Raad y Cuartas Jaller, quienes lograron asumir sus cargos, realizaron para la época una rueda de prensa y le informaron a la comunidad universitaria que eran los nuevos timoneles. 

Por otro lado, Juan José Acosta, quien fue reemplazado en la alma mater por orden del juez, también le habló a los medios y aseguró que él seguía siendo el rector de la institución y que las decisiones que tomara Jaller “no tenían validez”.

Este tira y jala llevó a que la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciara una investigación para revisar el caso de la universidad.  Sin embargo, a la fecha no se conocen resultados de ese proceso.

Luego de eso, Juan José Acosta Osío retomó el cargo de rector de Unimetro y Alberto Enrique Acosta como representante legal del Hospital Metropolitano. 

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Metropolitana pasó de tener más de 5.400 estudiantes en el primer semestre de 2016 a 4.400 en el primer semestre de 2018, lo que representó una reducción de aproximadamente 18,5%, justo desde cuando comenzó el pleito por el control de la institución tras la salida de Jaller Raad y la llegada de Acosta Osío.

Archivan y abren proceso

En el primer semestre de este 2019 la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en cabeza del magistrado Alfredo Castilla Torres, resolvió a favor de Juan José Acosta Osío permanecer en la rectoría de la Universidad Metropolitana, luego de analizar el contenido de una apelación de sentencia que existía en la dependencia de dicha corporación.

En el mes de abril, la Fiscalía 58 de la Unidad de Patrimonio Económico notificó a Alberto Enrique Acosta Pérez sobre el archivo del proceso judicial en contra de la Fundación Acosta Bendek y la Universidad Metropolitana, asunto en el que este aparecía como investigado.

La explicación que dio el ente sobre la medida es que fue adoptada con fundamento en lo “determinado por el Comité Técnico Jurídico, en el sentido de solicitar ante el Juez de conocimiento la preclusión de la investigación”. 

Empero, luego trascendió que en ese proceso hubo una “ruptura procesal”. A juicio de los abogados de la familia Jaller “la fiscal 58 no podía tomar dicha decisión y el caso quedó activo”. Entonces, cayó en manos del fiscal 56 (investigado por este proceso) y ante el juez primero penal Municipal Alberto Oyaga Machado. 

El martes, este juez ordenó la detención domiciliaria del actual rector, Juan José Acosta Osío, y Alberto Enrique Acosta. 

Cumplimiento de medida

Ayer en la mañana, el Hospital Metropolitano fue escenario de una nueva orden judicial. Se trató de  un procedimiento llamado “amparo policivo a la tenencia”, en relación a una orden emanada por un juzgado de control de garantías.  

En la diligencia, funcionarios de la Alcaldía Distrital, en cabeza de la inspectora 22 de Policía Urbana Alicia Bustos, dieron cumplimiento a la orden de  que Javier Cuartas Jaller entrara como representante legal del Hospital Metropolitano.

En la actuación intervinieron abogados de la familia Acosta Jaller y de los otros descendientes de los Acosta Bendek, en medio del pulso por el control del Hospital Metropolitano y la Universidad Metropolitana. 

Este medio conoció que la orden a la que le dio cumplimiento la funcionaria de Alcaldía fue emanada por el juzgado 13 penal municipal, dirigido por Rafael de Jesús Uribe Henríquez, el mismo juez que en septiembre de 2018 había ordenado restablecer derechos a Carlos Jaller y su sobrino Javier Cuartas Jaller, en relación al proceso penal contra los primos Acosta.

En la nueva decisión del togado, firmada en junio de este año, dejó sentado que las medidas adoptadas en audiencia de “restablecimiento de derechos” “tendrían vigencia hasta tanto la jurisdicción en la cual se dirima este conflicto ya sea civil, laboral o administrativo se pronuncie con sentencia debidamente ejecutoriada o en su defecto se pronuncie un juez penal de conocimiento que conozca de esta causa, por consiguiente las medidas aquí adoptadas son de carácter provisional...”.  

Por eso, la batalla continúa. 

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