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Sorpresiva carta de veeduría de Popayán frena caso Altahona

Desde Popayán fue enviado un documento al juez Segundo Penal para que este “corrigiera sus actos” tras la libertad del exalcalde En el Cauca desconocen proceso y al procesado.

Archivo EL HERALDO
Archivo EL HERALDO
El exalcalde Carlos Altahona junto a su abogado Edwing Arteaga Padilla. Archivo EL HERALDO

Desde Popayán fue enviado un documento al juez Segundo Penal para que este “corrigiera sus actos” tras la libertad del exalcalde En el Cauca desconocen proceso y al procesado.

Una mujer llamada María Eugenia Escobar Chimunja, residente en un sector subnormal llamado Villa del Campo, en Popayán, Cauca, frenó ayer la diligencia que estaba programada en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla ante el juez Segundo Penal Municipal, Néstor Primera Ramírez, sobre la apelación por la libertad del exalcalde de Puerto Colombia Carlos Altahona Arraut, involucrado en un proceso por abuso sexual de menores. 

Escobar Chimunja, quien no se hizo presente, envió supuestamente un documento de la ‘Veeduría Ciudadana Mujeres Empoderadas’, de la cual ella aparece como integrante, en el que le solicitaba al juez Primera Ramírez que se “retractara” y “corrigiera sus actos”, en torno a la decisión de dejar en libertad al exalcalde. 

Fuentes que participaron de la diligencia manifestaron entonces que el togado señaló que iba a estudiar dicha solicitud que, supuestamente, llegó del sur del país y, por ello, decidió el aplazamiento de las apelaciones de Fiscalía y Defensoría del Pueblo, en torno a la libertad de Altahona. 

Este medio dialogó con Edwing Arteaga, abogado del exalcalde Altahona, y este manifestó desconocer el origen de la Veeduría que sí está legalmente constituida ante la Personería Municipal de Popayán, que su nivel territorial” es municipal” y que su objeto es “realizar control social sobre recursos públicos invertidos en el marco de la Ley 1448, ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. 

“Extraño que no sea una veeduría de Puerto, sino de por allá. También es delicado que tengan información de los detalles de la audiencia y hagan público los nombres de los menores de edad. Solo intervienen para que se corrijan irregularidades procesales”, mencionó Arteaga, a través de un mensaje de texto. 

“No ha salido de Cauca”

EL HERALDO estableció ayer contacto telefónico con Leydy Ximena Muñoz, abogada y creadora de la Veeduría Ciudadana Mujeres Empoderadas. Esta manifestó estar en el lejano Popayán y dijo conocer a María Eugenia Escobar Chimunja, la mujer que supuestamente envió la solicitud a Barranquilla. 

“María Eugenia es una mujer humilde, que hace parte de esta Veeduría porque vivimos prácticamente en la misma casa. Ella es de Sucre, Cauca, y vivimos en un barrio subnormal de Popayán, ella nunca ha salido de acá, nunca ha salido de Cauca. De cosa conoce Popayán”, respondió la mujer. 

Frente a la pregunta de que si su conocida había escuchado o hablado del caso de Carlos Altahona, esta señaló que estaba “segura” de que no porque “María Eugenia y cualquiera de las 25 mujeres que hacen parte de la Veeduría Mujeres Empoderadas primero acuden donde mi para dialogar sobre alguna inquietud. Estamos hablando de mujeres humildes, que trabajan de manera informal, casi no nos podemos ni reunir. Este año no nos hemos reunido y ellas no pueden ausentarse por sus dificultades económicas. Quien hace los escritos soy yo, o las actas, yo fui la que creó los estatutos, todo lo relacionado con la Veeduría”. 

Así mismo, la mujer reconoció que María Eugenia no pudo haber mandado algún escrito hasta Barranquilla porque ella escasamente sabe leer y escribir, “no ha terminado su primaria”. Además, informó que la mujer “abandonó Popayán y se fue a una vereda de Sucre debido a “problemas de seguridad”. 

“Estoy realmente preocupada por creo que es una suplantación y los documentos de la Veeduría los guardo yo, nadie más los tiene. En la Personería de acá de Popayán ahí se los pudieron haber dado a alguien…”, manifestó Muñoz. 
Ella además también dijo desconocer el caso de Carlos Altahona. 

Reparto de la audiencia

Sobre el caso del reparto de la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento del exalcalde de Puerto Colombia, cuestionada por los traslados que se hicieron y por la decisión inicial del juez Primera Ramírez sobre declararse impedido para llevar a cabo la diligencia, esta casa periodística conoció todo el recorrido que hizo dicha solicitud por el Centro de Servicios Judiciales para la libertad de Altahona. 

Inicialmente se dijo que la había caído por reparto al juez Primera Ramírez y este se negó a hacerla por los “comentarios” sobre un presunto soborno para dejar en libertad a ex mandatario. Ante esa situación, el juez Primera le pasó dicha solicitud de sustitución de medida al juez Tercero Penal Municipal, Édgar Bonilla Polo, pero este, llegada la carpeta a su despacho, consideró que dentro de las 15 causales que tiene el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, como causales de impedimento para realizar la audiencia, “no estaba la declarada por el juez Segundo”. 

En tal sentido, el juez Tercero hizo el respectivo “reparto” para que un juez funcional decidiera sobre el impedimento.

De esa manera, la carpeta de la solicitud de sustitución de medida de Altahona cayó en el despacho de la juez Cuarta Penal del Circuito, Gloria Amparo Giraldo Ruiz, quien declaró “infundado” el impedimento presentado por el juez Segundo Penal y ordenó “devolver inmediatamente” las diligencias para que se continuara con el trámite. 

Luego de todo el viaje de la carpeta por los despachos, esta retornó al del juez Néstor Primera y este llevó a cabo la diligencia, la cual se dio en favor del exalcalde, pues quedó en libertad, pese a que se le investiga por los delitos de explotación sexual comercial con persona menor de 14 años, uso de menores para la comisión de delitos, estímulo a la prostitución de menores y actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Este medio conoció que la Fiscalía Seccional indaga sobre esa gestión que se hizo en el Centro de Servicios de Servicios Judiciales. 

“Solicitud de auditoría”

Ayer EL HERALDO tuvo acceso a un documento enviado a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, firmado por el procurador 43 judicial II penal, Boris Gutiérrez Stand, en el que solicita una “auditoría y acompañamiento en el reparto de audiencias preliminares de control de garantías en primera y segunda instancia, sobre el caso del exalcalde Carlos Altahona y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías. 

Por medio de Resolución No. 164 de 7 de junio de 2019 proferida por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, dada la connotación del imputado ex alcalde de Puerto Colombia, Gutiérrez Stand solicita “llevar a cabo, en el menor tiempo posible, una auditoria al reparto realizado al juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, el pasado 11 de abril de 2019 a las 4:15:04 p.m., despacho al que le fue asignado para decisión de primera instancia la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento impuesta al imputado Carlos Alberto Altahona Arraut”. 

Lo anterior, de acuerdo con el documento, “para descartar anomalías o irregularidades en la asignación a dicho despacho de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento que debió ser repartida aleatoriamente o sin direccionamiento”.

Así mismo, el procurador, pide un “acompañamiento técnico especializado en la verificación de transparencia y monitoreo previo del sistema” que hace el reparto de las audiencias.

Las audiencias en torno al caso Altahona continúan la próxima semana. 

 

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